Queridas compañeras y queridos compañeros:
Algunos de los hechos que han venido aconteciendo en el país, deben llamarnos a una seria y rigurosa reflexión. Es cierto que en medio de nuestra confrontación con el narcofascismo no debemos ser ingenuos y entender que muchos de nuestros problemas, defectos y errores, son utilizados por la extrema derecha y su sistema de medios para causarnos daño e intentar debilitarnos. El Pacto Histórico es la principal fuerza política en el país como lo hemos reiterado y por esa razón es blanco de toda suerte de ataques y campañas de difamación.
No obstante, tenemos que hacer frente a la realidad y a nuestros problemas, sin ninguna clase de contemplación, y con la franqueza y la rigurosidad que nos exige el pueblo colombiano.
Y esto no solo con relación a eventuales responsabilidades penales o jurídicas. Como lo afirmé en una declaración esta semana, quien incurra en abuso del poder político, en corrupción o en manipulación de la contratación estatal debe hacer frente a las responsabilidades del caso. Eso sí, contando con todas las garantías procesales de defensa y de presunción de inocencia que están establecidas constitucionalmente.
Pero más allá de eso, ha llegado el momento en que debemos hacer un alto en el camino y una reflexión imperativa.
Como lo dije durante la campaña electoral y lo he venido reiterando en otras oportunidades: no podremos transformar a Colombia, si no nos transformamos a nosotros mismos.
Digámoslo sin ninguna ambigüedad o eufemismo: somos una formación política que aún tiene un marcado machismo y patriarcado en su dirección y en todas sus estructuras. Y buena parte de la responsabilidad por que se mantenga esa condición nos corresponde a los compañeros que ejercemos roles y funciones de dirección en el Pacto.
La izquierda colombiana, sus dirigentes e integrantes no podemos pretender que por ser portadores de una tradición histórica de luchas, que por tener un ideario y un programa de transformación de la sociedad estamos exentos o inmunes de las ideologías, conductas, y atabismos de la sociedad que buscamos transformar.
La primera condición para derrotar esa tradición machista y patriarcal, es reconocerla, y reconocer sus manifestaciones concretas sin ambages y con una decidida voluntad de cambio.
Estamos en deuda con la valoración de las mujeres, sus derechos, su lugar en la sociedad, el reconocimiento de sus luchas, su inmensa contribución a la democracia, la justicia, al cuidado y la preservación de la vida y a la construcción de nuestro proyecto de transformación.
Compañeras y compañeros:
Por lo tanto, existe una contradicción evidente que la izquierda colombiana tiene que atreverse a mirar de frente, sin evasivas, sin justificaciones y sin temor a someterse a una crítica radical: no podemos proclamar la emancipación de los pueblos y mantener, en nuestras propias organizaciones, relaciones de dominación sobre las mujeres.
No podemos combatir las jerarquías de clase y reproducir jerarquías patriarcales.
No podemos hablar de democracia, igualdad y libertad mientras toleramos prácticas autoritarias, discriminatorias y violentas contra las mujeres en nuestros espacios sociales, políticos y culturales.
Esta es una discusión que no admite aplazamientos. El machismo y el patriarcado no son vestigios secundarios de una sociedad atrasada que desaparecerán automáticamente con la transformación económica, o con la conquista del aparato estatal.
Son mentalidades milenarias, son estructuras históricas de dominación, arraigadas en la cultura, en las relaciones sociales, en las instituciones y también en las subjetividades.
Atraviesan nuestras organizaciones, nuestros liderazgos y nuestras formas de ejercer el poder. Y la izquierda, insisto, el peor error que puede seguir cometiendo es creer que está vacunada contra ellas.
Debemos reconocerlo: en sectores de la izquierda colombiana contemporánea persisten expresiones concretas de esa cultura patriarcal.
Se manifiestan en el caudillismo y el culto a los liderazgos masculinos; en la concentración de las decisiones en círculos de hombres; en la descalificación de las mujeres que ejercen autoridad, a quienes con frecuencia se juzga con criterios distintos y más severos; en la apropiación masculina de la palabra, de la representación, de la figuración y del reconocimiento político.
Se expresan también en el silenciamiento de las denuncias, en la revictimización de quienes se atreven a señalar abusos, y en la utilización de la lealtad partidista como mecanismo para imponer silencio e impunidad.
Existen, además, conductas machistas más sutiles, pero no menos perversas: la distribución desigual de las tareas políticas y organizativas; la expectativa de que las mujeres asuman el trabajo del cuidado en nuestros espacios, la organización cotidiana y las responsabilidades menos visibles, mientras los hombres ocupan los espacios de decisión y protagonismo; la tolerancia frente a los comentarios sexistas, el acoso, la intimidación y las distintas formas de violencia simbólica y psicológica.
Todo ello configura una cultura política que contradice nuestros principios más entrañables y termina reproduciendo aquello que decimos combatir.
No basta, por tanto, con que las mujeres estén presentes en nuestras organizaciones, ocupen cargos públicos o aparezcan en nuestras listas electorales.
La cuestión de fondo es si tienen poder efectivo para decidir, disentir, conducir, transformar y cuestionar las relaciones de autoridad. La paridad no puede ser una formalidad estadística: tiene que convertirse en una redistribución real del poder.
Y hay algo que debemos afirmar con absoluta claridad: ninguna causa política, ninguna urgencia electoral, ninguna disciplina organizativa y ninguna supuesta lealtad a un proyecto colectivo pueden justificar el encubrimiento de la violencia contra las mujeres.
No existe revolución ética y social posible sobre la base del silencio impuesto a las víctimas. No existe solidaridad popular que pueda construirse sacrificando la dignidad y los derechos de las mujeres. Una organización que protege a sus dirigentes a costa de quienes denuncian termina convirtiendo sus principios en palabras vacías y la impunidad en su norma.
Superar esta realidad exige una transformación cultural, política y organizativa de gran calado. No se trata simplemente de incorporar un capítulo sobre las mujeres y sus derechos a nuestros programas, de redactar protocolos que terminan en letra muerta ni de adoptar un lenguaje políticamente correcto. Se trata de cuestionar las relaciones de poder que reproducen la subordinación y construir nuevas formas de convivencia, autoridad y democracia.
Necesitamos, en primer lugar, un diálogo franco, una reflexión crítica colectiva, honesta y sin excepciones. Los hombres de izquierda tenemos una responsabilidad particular: reconocer nuestros privilegios, revisar a fondo nuestras conductas y abandonar la pretensión de que las transformaciones deben comenzar siempre por los demás.
No podemos exigirle al adversario lo que no estamos dispuestos a practicar en nuestras propias organizaciones. La coherencia revolucionaria empieza por la transformación de nuestras propias relaciones humanas.
En segundo lugar, debemos construir mecanismos institucionales efectivos para prevenir, investigar y sancionar el acoso, las violencias basadas en género y los abusos de poder. Protocolos sí pero claros y con capacidad vinculante, instancias independientes, garantías de confidencialidad, protección de las denunciantes, presunción de inocencia, debido proceso y medidas de reparación.
En tercer lugar, debemos democratizar radicalmente nuestras organizaciones. Garantizar la paridad en los espacios de dirección, la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones, su autonomía política y el reconocimiento de sus liderazgos.
También debemos transformar la distribución del trabajo político, asumir colectivamente las tareas del cuidado y combatir las formas de violencia que se esconden detrás de las prácticas cotidianas de exclusión.
Y, finalmente, necesitamos una revolución pedagógica y cultural. La formación política de nuestra militancia debe incorporar el pensamiento feminista, la historia de las luchas de las mujeres y la comprensión de las distintas formas de opresión que se entrecruzan en nuestra sociedad. Debemos escuchar a los movimientos de mujeres, a las organizaciones feministas, a las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, lideresas populares, trabajadoras y jóvenes. No para hablar en su nombre, sino para reconocer su autonomía, aprender de su experiencia y de su capacidad de construir pensamiento y proyecto político.
Compañeras y compañeros:
La izquierda no puede aspirar a transformar la sociedad si no está dispuesta a transformarse a sí misma. La revolución ética, democrática, social y económica que Colombia necesita será necesariamente una revolución contra el patriarcado. Y esta no puede ser una tarea exclusiva de las mujeres: es una responsabilidad política e histórica de todos nosotros.
No estamos hablando de una agenda complementaria ni de una reivindicación sectorial. Estamos hablando de la calidad de nuestra democracia, de la naturaleza de nuestro proyecto emancipador y del tipo de sociedad que queremos construir. La libertad de las mujeres no es una concesión de los hombres ni una promesa para el futuro: es una condición indispensable de cualquier proyecto de libertad humana.
Tenemos que ser capaces de construir una izquierda en la que ninguna mujer tenga que escoger entre su militancia y su dignidad; entre su compromiso político y su integridad; entre denunciar una injusticia y conservar su lugar en una organización. Una izquierda en la que el liderazgo no se confunda con la autoridad patriarcal, en la que la diferencia no sea castigada y en la que el poder se ejerza como una responsabilidad compartida y no como un privilegio.
No podemos construir una sociedad nueva con las viejas relaciones de dominación.
No habrá una izquierda verdaderamente liberadora mientras no seamos capaces de erradicar de nuestras propias prácticas la dominación machista y patriarcal.
