- El senador Iván Cepeda, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman,
y líderes de organizaciones campesinas exigen medidas urgentes de seguridad ante el
recrudecimiento de hostigamientos, incursiones armadas y amenazas de muerte contra
beneficiarios de la reforma agraria. - Denuncian una “contrarreforma agraria” impulsada por el gobierno de Abelardo de la
Espriella y su ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para despojar a los campesinos de
predios recuperados del narcotráfico y el paramilitarismo. - Se solicitarán medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se
remitirán las pruebas de los nexos de De la Espriella con el narcotráfico a la justicia de Estados
Unidos.
Bogotá, D.C. 28 de octubre de 2026.- Tras las revelaciones hechas en el reciente debate de control
político en el Senado, el senador y líder de la oposición Iván Cepeda Castro, acompañado por el
exdirector de la ANT, Felipe Harman, y voceros del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Red
Nacional Campesina, denunció hoy en rueda de prensa una grave persecución contra el
movimiento campesino y anunció una articulación nacional e internacional para proteger las
tierras entregadas en el marco de la Reforma Agraria.
Durante su intervención, el senador Cepeda advirtió que en el país está en marcha una ofensiva
institucional y violenta para reversar la entrega de tierras y desconocer los derechos conquistados
por las comunidades rurales.
“Vamos a iniciar una lucha intensa contra el gobierno de Abelardo de la Espriella al lado del
campesinado y de las poblaciones rurales para defender la reforma agraria”, afirmó el congresista
al cierre de la declaración conjunta.
Exigencia de garantías de seguridad
El eje central de la denuncia radica en la falta de garantías por parte del Estado colombiano para
proteger la vida de los campesinos adjudicatarios y de los exfuncionarios que lideraron la
recuperación de bienes en extinción de dominio.
Según expuso el senador Cepeda, en el debate de control político quedó rigurosamente
documentada la relación no solo jurídica, sino comercial y de negocios en torno a tierras y
minería, entre Abelardo de la Espriella y narcotraficantes condenados, como es el caso de
Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’. Actualmente, existen litigios y
graves presiones sobre haciendas que le fueron intervenidas a Rodríguez Fuentes y entregadas al
campesinado, entre ellas las fincas La Alquería, La América y Caja de Ahorros, ubicadas en el
departamento del Cesar.
Por su parte, Felipe Harman alertó que hombres armados están llegando finca por finca a
amenazar a las asociaciones campesinas advirtiéndoles que recuperarán las tierras por cualquier
medio. Asimismo, denunció la existencia de testimonios sobre una presunta recolecta de dinero
para atentar contra dirigentes sociales y exfuncionarios públicos que participaron en los
convenios de recuperación de tierras del Fondo para la Reparación a las Víctimas.
“El Estado colombiano hoy no nos da una sola garantía de seguridad, ni a los campesinos ni a
quienes estuvimos al frente de la operación de estos convenios. Es el mejor amigo y socio de
quien hoy ejerce la Presidencia de la República quien nos está amenazando de muerte”, afirmó
Harman.
Por ello, además de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra alias ‘Barbie’,
se presentará ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos una solicitud de medidas
cautelares para las organizaciones beneficiarias y los exfuncionarios, extendiendo un llamado
urgente a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.
Hostigamientos en los territorios y contrarreforma agraria
Los líderes campesinos presentes expusieron la crítica situación de derechos humanos que
enfrentan en las regiones y rechazaron los señalamientos del ministro de Agricultura, Indalecio
Dangond Baquero, a quien acusan de encabezar una contrarreforma agraria para favorecer a
grandes terratenientes y deslegitimar las figuras de ordenamiento territorial campesino.
Guillermo Pérez, vocero de la Red Nacional Campesina: Denunció sabotajes sistemáticos en la
hacienda La Alquería, donde actores externos han introducido hasta 2.000 reses para destruir
por tercera vez los cultivos de maíz de la comunidad. Alertó que estas prácticas de despojo y
violencia se repiten en el sur del Magdalena —en predios extinguidos a herederos del
exparamilitar ‘Chepe’ Barrera— y en el predio La Regina, en Yotoco (Valle del Cauca), donde seis
campesinos han sido asesinados en lo que va del año. Pérez también señaló que el ministro
Dangond desacató la orden de un tribunal que le exigía retractarse por estigmatizar a las Zonas
de Reserva Campesina como áreas de cultivos de uso ilícito, extendiendo ahora dicho
señalamiento a los Territorios Campesinos Agroalimentarios y a resguardos indígenas y tierras de
comunidades afrodescendientes. “Nosotros y nosotras vamos a seguir en la lucha, no para
defender solamente la tierra que nos dieron, sino para defender nuestros derechos, para
defender nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro saber y nuestra organización social como
campesinos y campesinas”, afirmó.
Gerardo Amador, vocero del Coordinador Nacional Agrario (CNA): Advirtió que el actual
Gobierno pretende borrar el reconocimiento constitucional del campesinado logrado en el
Artículo 64 de la Constitución. Señaló que en predios como La América —antiguo centro de
entrenamiento del Bloque Norte de las AUC y hoy espacio de producción de alimentos—, así
como en las fincas aledañas, las comunidades sufren el constreñimiento del Clan del Golfo,
además de persecuciones contra líderes e integrantes de espacios académicos.
Nadia Umaña, lideresa regional del CNA: Cuestionó la narrativa gubernamental que asegura que
la entrega de tierras “siembra pobreza”. Destacó que en predios titulados como La América, las
familias campesinas han transformado antiguos centros de terror paramilitar en escenarios de
paz, producción de alimentos y autogestión comunitaria, incluyendo la creación de una escuela
campesina, pero no están tranquilos: “Ya tenemos el título porque nos dicen que nos van a sacar.
Que van a sacar a nuestras comunidades, que van a asesinar a nuestros líderes, a quien se atreve
a tomar un micrófono como lo estoy haciendo yo ahora”. Umaña exigió culminar las
adjudicaciones pendientes en predios de Chimichagua (como El Porvenir, Punto Fijo, El Venado y
Palmira) e instó al Gobierno a investigar la apropiación irregular de baldíos nacionales en manos
de élites políticas y empresariales, como el predio La Sonora (donde 900 de sus 1.200 hectáreas
corresponden a baldíos de la nación) y terrenos en Tamalameque.
Acciones penales y traslado de pruebas a Estados Unidos
Para concluir, el senador Iván Cepeda anunció dos acciones inmediatas:
Remisión a autoridades nacionales y de EE. UU.: Todo el acervo probatorio presentado en el
debate de control político será entregado a las autoridades penales, disciplinarias y fiscales de
Colombia. Asimismo, dado que Abelardo de la Espriella ostenta la ciudadanía estadounidense, las
pruebas sobre sus vínculos societarios y jurídicos con el narcotráfico serán enviadas al
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a congresistas del Partido Demócrata.
Activación de rutas de protección: El material probatorio del debate y los testimonios recogidos
en la rueda de prensa serán remitidos de inmediato a los organismos competentes para exigir
garantías de seguridad integrales y efectivas que salvaguarden la vida de los liderazgos
campesinos.
