Radicado proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales
- Fue presentado en el Congreso de la República el proyecto que establece “los mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
- Estos son los puntos clave de la iniciativa que ahora se discutirá para convertirse en ley.
Bogotá, D.C., marzo 15 de 2023.- Este miércoles, el Gobierno Nacional dio un paso importante en su política de paz total y seguridad humana al presentar el proyecto de ley que establece los mecanismos para la sujeción a la justicia de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
La iniciativa, que busca desmantelar estas estructuras y prevenir la repetición de los delitos, también tiene como objetivo promover la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo.
La Ley 2272 de 2022, recién promulgada, dispone las condiciones que deben cumplir las organizaciones criminales para que sean consideradas como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y, en consecuencia, puedan ser sujeto del tratamiento penal sustitutivo previsto en esta iniciativa legislativa. En tal sentido, el proyecto excluye a grupos armados rebeldes que poseen carácter político con los cuales el Gobierno Nacional adelanta procesos de diálogo o conversaciones de paz.
La caracterización y calificación de estas estructuras recae en el presidente de la República y la Instancia de Alto Nivel creada en la Ley 2272 de 2022, la cual está conformada por el Ministerio de Defensa Nacional -quien la coordina- la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz.
Uno de los puntos de interés con respecto a esta Ley es el plazo límite para acogerse a sus beneficios. Según su artículo 7, los interesados tendrán hasta dos (2) años, contados a partir desde la entrada en vigor de esta Ley, para suscribir el acta individual de sujeción y garantías de no repetición. Este plazo puede ser prorrogado por un (1) año más por decisión motivada del presidente de la República, teniendo en cuenta criterios de necesidad y conveniencia, así como el avance de los procesos de diálogo y negociación para la sujeción a la justicia y la concreción de compromisos.
El proyecto de ley que consta de siete capítulos establece el tratamiento penal que se aplicará a las estructuras que cumplan las condiciones de la Ley 2272, que consiste en penas sustitutivas con dos componentes: uno, de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario, de seis (6) a ocho (8) años, según el grado de responsabilidad individual y, otro, un componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo de cuatro (4) años, así como las condiciones para que puedan acceder a él y mantenerlo, y los casos en los que procede su revocatoria.
Asimismo, prevé que cuando proceda la aplicación del principio de oportunidad, se suspenderá y posteriormente se renunciará a la persecución penal, una vez cumplido un período de prueba de cuatro (4) años, en el que se debe participar de programas de justicia restaurativa y reintegración efectiva. Este apartado detalla que al principio de oportunidad no podrán acceder los jefes de la estructura ni quienes tratándose del delito de concierto para delinquir agravado hayan participado en hechos constitutivos de graves infracciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa consiste en la creación de un Fondo que se destinará a la reparación de las víctimas y programas de justicia restaurativa, conformado por los bienes entregados por la estructura. De igual manera dispone que los procesados podrán obtener un beneficio por la entrega anticipada de bienes, de hasta el 6% del valor de lo entregado, sin exceder de diez mil SMLMV.
Finalmente aborda los derechos de las víctimas y medidas de justicia restaurativa, para tal efecto dispone mecanismos para garantizar su participación en el proceso, identificar las demandas de verdad y reconocimiento de responsabilidad, el derecho a la reparación integral, el diseño de un plan de reparación colectiva, un programa de justicia restaurativa, y medidas de reintegración efectiva y de protección.
El proyecto fue elaborado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el senador Iván Cepeda; el Alto Comisionado para la Paz (OACP), Danilo Rueda; la directora del ICJT para Colombia, María Camila Moreno; el exvicefiscal Jorge Perdomo y los congresistas Roy Barreras, Alirio Uribe y Ariel Ávila.
Conozca aquí el documento del proyecto de ley