INFORME LEGISLATIVO DEL SENADOR IVÁN CEPEDA

INFORME LEGISLATIVO DEL SENADOR IVÁN CEPEDA CASTRO      

20 DE JULIO DE 2014- 20 DE JUNIO DE 2015        

Balance general en cifras

AÑO 2014

AUDIENCIAS PÚBLICAS

1-         AUDIENCIA PÚBLICA: DERECHOS LABORALES DE LOS ACTORES EN COLOMBIA, CON MIRAS A LA CREACIÓN DEL ESTATUTO DEL ACTOR.  FECHA: 21 DE AGOSTO

2-         AUDIENCIA PÚBLICA: CONTRA LA AMPLIACIÓN DEL FUERO PENAL MILITAR, EN  CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE A LA CÁMARA ALIRIO URIBE MUÑOZ.  FECHA: 28 DE AGOSTO

3-         AUDIENCIA PÚBLICA: SEGUIMIENTO A LA LEY 1719 DE 2014 DE COAUTORÍA DEL SUSCRITO. VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES.  FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE

4-         AUDIENCIA PÚBLICA: CONSULTAS POPULARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO COELLO, AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LA MINA LA COLOSA.  FECHA: 25 DE OCTUBRE

La audiencia pública convocada por los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, tiene como objetivo analizar la situación de derechos humanos de esta región tolimense, y discutir la viabilidad jurídica de las consultas populares para el ejercicio de autonomía en las decisiones locales en materia de ordenamiento territorial ambiental en Cajamarca y los municipios de la cuenca del Coello, en donde se encuentra proyectada la explotación de La Colosa, una de las minas de oro más grandes en Colombia, de la multinacional Anglo Gold Ashanti.

Para los congresistas convocantes urge que la comunidad tolimense y el país conozcan los efectos ambientales, sociales y económicos del proyecto La Colosa y que se discuta la delimitación de páramos, distritos mineros, ajustes a los planes de manejo y ordenamiento de cuencas, entre otras figuras de ordenamiento territorial que actualmente actúan sobre el territorio.

En la audiencia que se realizará este sábado 25 de octubre en el coliseo Municipal de Cajamarca a partir de las 8:30 de la mañana, participará también la senadora Claudia López de la Alianza Verde. Están invitados los ministros de Minas y Energía, Tomás González, de Agricultura, Aurelio Iragorri, de Ambiente Gabriel Vallejo, la directora de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez, el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Fernando Iregui Mejía, y el director general de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, entre otros.

Del orden departamental están invitados, el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, y los alcaldes de Cajamarca, Piedras, Ibagué, Rovira, Coello, y Espinal.

5-         AUDIENCIA PÚBLICA EN IBAGUÉ: SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ZRC DEL SUR DEL TOLIMA.  FECHA: 1 DE DICIEMBRE

El senador Iván Cepeda, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), ASOHERMOSAS y el Comité de Impulso de Zonas de Reservas Campesina del Sur y Suroriente del Tolima, convocaron a la Audiencia Pública para la socialización de la propuesta de consolidación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el Sur del Tolima.

En dicho evento se contó con más de 600 delegados que desde las 8:00 a.m. se concentraron en el parque Manuel Murillo Toro, parque principal de la ciudad de Ibagué para conocer sobre la figura territorial que se propone consolidar en el Sur del departamento y que involucra 252 veredas que hacen parte de los municipios de Chaparral, Planadas, Rioblanco, Ataco y San Antonio.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE

Paramilitarismo, parapolítica y narcotráfico

 En el debate de control político sobre las actuaciones del Estado para garantizar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, frente a los eventuales o presuntos nexos del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico, el senador Iván Cepeda presentó 27 declaraciones de particulares y paramilitares que señalan al exmandatario de haber sostenido relaciones muy cercanas con este tipo de agrupaciones.

El congresista también mostró documentos que indican que Álvaro Uribe, como director de la Aeronáutica Civil, entregó licencias al piloto de Pablo Escobar, a un miembro del clan Cifuentes Villa, y a su propio padre Alberto Uribe, entre otros.

Expuso también documentos de Cámara de Comercio de Medellín que comprueban que Álvaro Uribe fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero del Cartel de Medellín, Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio de Guillermo Cano, así como la licencia que le otorgó a un helicóptero que le fue extinguido a Molina.

BOGOTÁ, 17/09/2014. El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, presentó más de 50 documentos, entre declaraciones, audios, y escritos que indican una presunta conexión del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, con una sucesión de hechos desde 1982 hasta la fecha, concernientes a acciones paramilitares y con las mafias del narcotráfico.

El congresista les pidió a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación de la Cámara, a la Contraloría y a la Procuraduría, que investiguen todos los hechos mencionados en el debate, o que incorporen estos hechos a las investigaciones en curso.

En la página web ivancepedacastro.com podrán encontrar las piezas audiovisuales anexas a la presentación.

PONENCIAS PRESENTADAS

FECHAS: 15 DE OCTUBRE (primer debate) y 04 DE DICIEMBRE (segundo debate).

Se presentó informe de ponencia para primer y segundo debate al Proyecto de Ley No. 86/14 Senado y 181/14 Cámara “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014. La ponencia presentada fue negativa, y en consecuencia solicitaba el archivo del Proyecto de Ley.

SESIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

Senador Iván Cepeda se opone a ascenso de cinco oficiales por posible relación con violaciones de derechos humanos

BOGOTÁ, 20/11/2014. Una vez realizado un análisis preliminar de algunas de las hojas de vida de los oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyos ascensos deben ser decididos por el Congreso de la República, el senador Iván Cepeda Castro, anunció su voto negativo para cinco de dichas promociones, en la sesión que se llevará a cabo este jueves en la Comisión Segunda del Senado. No obstante, dejó constancia de que no recibió la totalidad de las hojas de vida por parte de la Comisión, lo cual lo inhibió para decidir positiva o negativamente sobre el resto de los oficiales postulados.

El congresista indicó que, según información allegada a su oficina, existen tres casos de oficiales (dos brigadieres generales y un coronel) que estaban al mando de batallones o brigadas en lugares y en periodos en los cuales se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas  “falsos positivos”. Del mismo modo, el caso de un brigadier general que estaba al mando de una brigada asociada a casos de ejecuciones extrajudiciales y que adicionalmente, tiene una investigación por homicidio agravado en etapa de instrucción, y por último, el caso de un Brigadier General que tiene una investigación preliminar por homicidio.

Para el senador, “la experiencia demuestra que por la forma en que se realizan los ascensos, se han tomado decisiones a la ligera que han tenido graves consecuencias, al promover a personas que han resultado implicadas en hechos judiciales escandalosos y perjudiciales, tanto para las Fuerzas Militares, como para el Congreso de la República. Se require un examen a fondo de este procedimiento que brinde transparencia y rigurosidad, y que respete los derechos de las víctimas de graves hechos como los falsos positivos“, puntualizó el legislador.

A continuación, los casos mencionados:

Brigadier General Nicacio de Jesús Martínez Espinel: bajo su jurisdicción en la Décima Brigada, en la que oficiaba como jefe de Estado Mayor, y segundo comandante La Guajira, se reportaron 72 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Brigadier General Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra: bajo su comandancia de la Décima Cuarta Brigada se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales en Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia.

Coronel Raúl Antonio Rodríguez Arevalo: bajo su mando del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre junio de 2005 y diciembre de 2006, ocurrieron hechos asociados a ejecuciones extrajudiciales en los municipios de Agustín Codazzi y Manaure Balcón del Cesar, en el departamento del Cesar y en el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira.

Brigadier General Emilio Enrique Torres Ariza: bajo su mando como jefe del estado mayor de la Décima Sexta Brigada se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales en los municipios de Aguazul, Pore, Trinidad y Monterrey, del departamento de Casanare. Adicionalmente, tiene una investigación en instrucción por homicidio agravado por hechos ocurridos en el año 2006 en el municipio de Tame, Arauca.

Brigadier General Gabriel Hernando Pinilla Franco: tiene una investigación en etapa preliminar por homicidio, hechos que ocurrieron en el año 1995, en Fortul, Arauca.

EL TEXTO COMPLETO DE LA CONSTANCIA DEJADA POR EL SENADOR CEPEDA ANTE LA COMISIÓN SEGUNDA:

Constancia de voto negativo

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE

Dejo constancia de mi voto negativo frente a 5 de los 39 ascensos de oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los cuales se discutirán y votarán el día de hoy en la Comisión Segunda del Senado, de la cual hago parte. Adicionalmente, manifiesto que no se me brindaron las condiciones suficientes para ejercer debidamente mi labor parlamentaria, las que resumo a continuación:

1. La Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la República me excluyó de la designación de ponentes, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 150 de la ley 5ª de 1992, Reglamento Interno del Congreso:

“La designación de los ponentes será facultad de la Mesa Directiva de la respectiva Comisión. Cada proyecto de ley tendrá un ponente, o varios, si las conveniencias lo aconsejan. En todo caso habrá un ponente coordinador quien además de organizar el trabajo de la ponencia ayudará al Presidente en el trámite del proyecto respectivo.

Cuando un proyecto de Acto legislativo o de ley sea presentado por una bancada, esta tendrá derecho a designar el ponente, o por lo menos uno de los ponentes cuando la ponencia sea colectiva.

Cuando la ponencia sea colectiva la Mesa Directiva debe garantizar la representación de las diferentes bancadas en la designación de los ponentes”.

2. Las hojas de vida de los oficiales me fueron entregadas el día de ayer en la tarde, junto con los informes de ponencia correspondientes, presentadas por los honorables senadores de la Comisión para cada uno de ellos.

3. Me fue negada la solicitud realizada a la Honorable Comisión Segunda del Senado de la República de aplazar la discusión y votación de los ascensos, lo que me impidió contar con el tiempo suficiente para hacer un análisis exhaustivo de las hojas de vida de los 39 oficiales.

En cuanto al ascenso de los brigadieres generales del Ejército Nacional: Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza, Gabriel Hernando Pinilla Franco y del coronel Raúl Antonio Rodríguez Arevalo, mi voto es negativo por cuanto los militares relacionados han sido cuestionados por la presunta violación de derechos humanos y se encuentran investigados, en etapa de preliminar y de transición, por la presunta comisión de graves delitos, como el de homicidio.

Constancia ante la plenaria de Senado por ascensos

FECHA: 10 DE DICIEMBRE.

El 3 de diciembre fueron aprobados por la plenaria del Senado los ascensos a oficiales de las Fuerzas Militares, en los cuales, la bancada del Polo Democrático solicitó la congelación de 7 ascensos, por su presunta relación con violaciones de derechos humanos. Dentro de este grupo se encontraba el hoy Mayor General NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL, el cual, durante su periodo como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Brigada (entre diciembre de 2004 y junio de 2006), estuvo al mando de unidades tácticas involucradas en 13 hechos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 36 víctimas.

Vale la pena destacar que el Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá, confirmó el fallo por homicidio agravado que condenó a 4 oficiales y adicionalmente, le solicitó a la Fiscalía que investigara a los superiores del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército, el cual está bajo jurisdicción de la Décima Brigada.

Menos de ocho días después de dicho ascenso, a través de un comunicado del Ejército se informa que fueron relevados de sus cargos diez oficiales, entre los que se encuentra NICACIO DE JESÚS MARTINEZ ESPINEL, para avanzar en las investigaciones que se adelantan desde el mes de mayo, por hechos de corrupción relacionados con recursos desviados, pagados al ejército por empresas mineras que operan en Antioquia y que contratan el servicio de escolta para el transporte de explosivos con las unidades militares del departamento. Estudiando los convenios suscritos para la época las presuntas irregularidades pudieron haberse presentado en alguno de dichos contratos.

El comunicado de prensa del Ejército informa que en la actualidad, por los hechos ocurridos entre 2012 y 2014, hoy existen dos investigaciones penales en los Juzgados de Instrucción Penal Militar 24 y 32, dos investigaciones disciplinarias y una administrativa, las cuales se encuentran en etapa de instrucción. Investigaciones que, debe señalarse, no fueron reportadas por parte del Ministerio de Defensa para efectos de los ascensos.

Estos hechos que resultan de la mayor gravedad se suman a la solicitud hecha desde mi oficina al señor ministro de Defensa en noviembre de 2013, cuando, precisamente, a partir del estudio de los convenios suscritos entre las fuerzas militares y las empresas mineras durante 2010 y 2013 que ascienden a $45.729.809.600, expresé mi preocupación por lo que considero genera una práctica de privatización de la Fuerza Pública. Los convenios tienen una cláusula de confidencialidad según la cual, ninguna de las partes suministrará información o detalle a terceros, y se establece como información reservada todo lo relacionado con su ejecución. Esto implica sustraer del debate público y del control político la fuente y los fines de recursos que ingresan a una entidad pública, que deberían ser sometidos al escrutinio de la sociedad.

Atendiendo a los hechos recientes, solicito al Ministerio de la Defensa una rendición de cuentas detallada sobre cada uno de los convenios suscritos con empresas mineras por parte de la Fuerza Pública. De igual manera, es esta la oportunidad para pedir a las autoridades judiciales una investigación rigurosa a los representantes de las empresas mineras involucradas en los hechos de corrupción antes mencionados.

PROYECTOS DE LEY DE AUTORÍA/COAUTORÍA

FECHA: 23 DE OCTUBRE

 BANCADA DEL PDA EN SENADO Y CÁMARA.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y EL CONSTREÑIMIENTO AL ELECTOR, ELIMINA LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GARANTIZA LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES PÚBLICOS Y FORTALECE EL RÉGIMEN ELECTORAL Y LAS GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS”.

COMISIÓN DE PAZ SENADO

ENCUENTROS REGIONALES

FECHA Y LUGAR: 22 de septiembre. Bogotá, D.C.  Auditorio Luis Guillermo Vélez.  Instalación de ronda de Audiencias Públicas, con la participación del director de DNP, directora de DPS, director de ACR, y de organizaciones sociales, Universidad San Buenaventura.

 FECHA Y LUGAR: 25 DE SEPTIEMBRE.  CARTAGENA

Primer Encuentro Regional de la Comisión de Paz del Senado. comunidades de Montes de María (San Onofre, Ovejas, San Jacinto y El Carmen de Bolívar).

Se recogieron las propuestas de estas comunidades sobre los ejes temáticos del Acuerdo General para la terminación del conflicto, y la construcción de una paz estable y duradera acordado por el Gobierno nacional y las Farc, especialmente el punto sobre los derechos de las víctimas y el posconflicto.

Comisiones de Paz piden a Santos protección a defensoras de derechos humanos

 RUEDA DE PRENSA CON DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADAS EN COLOMBIA.

FECHA: 1 DE OCTUBRE

De acuerdo a información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2013, 39 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y asesinadas, es decir, 3 defensores de derechos humanos fueron “silenciados” cada mes durante ese año: reclamantes de tierras, opositores a la minería ilegal, líderes rurales, líderes indígenas, y afrodescendientes, defensoras de derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia sexual.

Consejo Nacional de Paz puede ayudar a concretar el inicio de los diálogos con ELN: Iván Cepeda

 El copresidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, celebró la instalación del Consejo Nacional de Paz y reiteró que se deben abrir otros espacios alternativos para garantizar la participación de la sociedad civil en la búsqueda del fin de la guerra, tal como se ha venido haciendo con las víctimas que han viajado a La Habana.

BOGOTÁ, 09/10/2014. El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, aseguró que es el momento propicio para que el Consejo Nacional de Paz comience a trabajar, dados los avances que han mostrado las negociaciones de paz con las Farc, y afirmó que este órgano puede ayudar a la consolidación del proceso de paz con el ELN.

“Es el escenario que se necesita para que los gremios económicos, junto a campesinos, trabajadores, grupos étnicos, y la academia puedan expresarse sobre las condiciones para la posguerra. El Consejo Nacional de Paz también puede prestar sus buenos oficios para que inicie cuanto antes la mesa de conversaciones con el ELN”, dijo el congresista.

Cepeda reiteró la disposición de la Comisión de Paz del Senado para acompañar al Consejo Nacional de Paz y recordó que la Comisión viene adelantando varios foros regionales con el fin de recoger las iniciativas de  todos los sectores sociales. También dijo que espera que se convoque a los consejos departamentales y municipales de paz, como estructuras institucionales que propiciarán la participación regional en este proceso.

FORO EMPRESARIAL CARIBE: RETOS DEL POSCONFLICTO

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE

AUDIENCIA PÚBLICA EN TUMACO, NARIÑO.  FECHA: 28 DE NOVIEMBRE

 FECHA: 10 DE DICIEMBRE

Comisiones de paz del Congreso y miembros de la sociedad civil piden al Gobierno y al ELN que se instale la mesa de conversaciones con ese grupo

BOGOTÁ, 10/12/2014. Por medio de una carta, los copresidentes de las comisiones de paz del Congreso, en cabeza del senador Iván Cepeda, varios miembros del Consejo Nacional de Paz y otros ciudadanos, les solicitaron a los equipos designados por el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional ELN para la fase exploratoria de los diálogos de paz, que se instale, en breve y de manera formal, la mesa de conversaciones con esa guerrilla.

Para el senador Cepeda, “es indispensable que comience cuanto antes la mesa de conversaciones con el ELN, como un elemento crucial para lograr una paz completa en Colombia. Espero que este llamado que hacemos hoy tenga eco y comiencen a verse los logros, como está ocurriendo en el proceso con las Farc”, puntualizó.

Los firmantes de la misiva aseguraron que no es conveniente que se siga avanzando en los diálogos en La Habana, mientras el proceso con el ELN se queda rezagado. Afirmaron que están dispuestos a promover la intervención activa de la población civil en la búsqueda de la paz  y a apoyar las labores que sean necesarias desde los espacios que ocupan.

EL TEXTO COMPLETO DE LA COMUNICACIÓN:

Bogotá, 10 de diciembre de 2014.

Señores:

Miembros de los equipos negociadores

Fase exploratoria de los diálogos entre Gobierno Nacional y Ejército de Liberación Nacional ELN

Quienes suscribimos esta carta lo hacemos con la preocupación de que, no obstante el anuncio de la fase exploratoria de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional ELN hace seis meses, aún no se ha producido la instalación formal de la mesa de conversaciones. Esa preocupación proviene de nuestra convicción de que, sin un proceso con el ELN, la paz de Colombia no será completa. Destacamos los adelantos significativos que se han logrado en los puntos de acuerdo con las Farc, sin embargo, no vemos conveniente que se profundice el desfase que provoca continuar avanzando con el proceso en La Habana, mientras se atrasa el comienzo de los diálogos con el ELN.

Reconocemos la iniciativa del ELN de plantear la participación social y ciudadana en los diálogos de paz, por ser uno de los temas cruciales para el país, no solo para el buen desarrollo de un proceso hacia el fin del conflicto, sino para el desarrollo de la democracia en Colombia. Estamos atentos y dispuestos a promover la intervención activa de la población civil en la búsqueda de la paz y consideramos que para que se produzca es indispensable, cuanto antes, la apertura de la mesa de conversaciones.

Sabemos que en la fase exploratoria del proceso se han presentado obstáculos que pueden y deben ser superados con la buena voluntad de las partes para llegar al objetivo propuesto de una paz duradera para nuestro país. Por eso, esperamos que este llamado contribuya en época decembrina a estimular el arranque del proceso de paz que se ha anunciado, y ponemos a disposición nuestro trabajo en procura de alcanzar esa meta.

FOROS

TEMA: CARTAGENA, TIERRA LIBRE DE ABUSOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL. CONSTRUIMOS PAZ.

FECHA Y LUGAR: 10 DE OCTUBRE.  CARTAGENA.

2015

audiencia pública: El Senado y la academia con una hoja de ruta: construir la paz.

fecha Y lugar: 23 de abril.  Paraninfo de la Universidad del Cauca.

ALGUNOS SEMINARIOS

XX Seminario Internacional de Bioética. Del conflicto armado al conflicto político.

FECHA Y LUGAR: Universidad El Bosque.  BOGOTÁ, D.C.  11 DE OCTUBRE

OBSERVACIONES A PROYECTO DE LEY QUE ATENTA CONTRA DERECHOS FUNDAMENTALES

1-         FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2014

Ley de baldíos del Gobierno es una verdadera contrarreforma agraria

Así lo aseguró el senador Iván Cepeda sobre el proyecto de Ley 133 de 2014, radicado por el Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes. Indicó que la iniciativa solo beneficia a las empresas acumuladoras de baldíos adquiridos de manera ilegal e incluye un paquete de ventajas económicas para las empresas acumuladoras que se financiarán a través del Fondo de Desarrollo Rural y Económico e Inversión de los recursos.

BOGOTÁ, 14/10/2014. Para el senador Iván Cepeda, resulta incongruente que mientras el Gobierno Nacional instalaba la Mesa de Negociación con la Cumbre Agraria, el mismo día radicaba el proyecto de ley 133 de 2014 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994”.

Según el congresista, esta iniciativa está hecha a la medida de los empresarios que actuando de manera ilegal y con argucias jurídicas, acumularon tierra originalmente adjudicada como baldíos, en contravía de la ley 160 de 1994. “Muchos de los casos de acumulación ilegal han sido denunciados por el Polo Democrático, especialmente por el exrepresentante Wilson Arias, el senador Jorge Robledo y por mi oficina, como los que involucran al Grupo Mónica Colombia, Cargill, Río Paila Castilla, Argos, Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo-Corficolombiana, la familia Carranza en los predios El Brasil y el Porvenir, la familia Uribe Moreno en Córdoba, Timberland Holdings Limited y Wood Holdings Limites, Sociedad Agroindustria Guarrojo; Carlos Aguel Kafruni familia y cia, Aceites Manuelita, Poligrow Colombia ltda, Indupalma y Agrindustriales El Palamar, entre otros”, recordó el senador Cepeda.

El proyecto de ley crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, las cuales se concentraran fundamentalmente en la Altillanura. En esta región, los denominados gestores de proyectos asociativos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (empresas agrícolas, forestales o ganaderas que decidan adelantar proyectos asociativos con campesinos o con asociaciones de campesinos) “podrán adquirir o recibir en aporte predios inicialmente adjudicados como baldíos, sin que les sea aplicable la restricción prevista en el inciso noveno del artículo 72 de la Ley 160 de 1994”.

“Es decir, una norma que debería tener un carácter general, en la práctica tiene nombre propio, al beneficiar a quienes han realizado grandes inversiones de dinero especialmente en la Altillanura, y que producto de las denuncias que se han realizado, hoy tienen sus inversiones en peligro. Esta iniciativa no implica una redistribución de la tierra de propiedad del Estado, por el contrario permitirá legalizar la concentración de la tierra en manos de grandes empresarios, afecta la restitución de tierras y acabará con la Unidad Agrícola familiar. Es una contrareforma agraria y un golpe al campesinado, teniendo en cuenta que el 52 por ciento de la propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población”, recalcó el legislador.

El congresista advirtió que el proyecto también estipula la creación de un Fondo de Desarrollo Rural y Económico e Inversión a donde irán los recursos obtenidos de los contratos de concesión, y los obtenidos de los contratos que no tienen por objeto la tradición del dominio de los bienes baldíos, con los denominados gestores de las zonas, los cuales serán invertidos en los proyectos de desarrollo rural vinculados con los proyectos asociativos de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico. Es decir, que son las mismas empresas las que al final resultarían beneficiadas con los recursos que le paguen al Incoder por el uso que hagan de los baldíos, “lo que se constituiría en una especie carrusel de beneficios económicos para las empresas”.

“Contrario a un avance en la creación de condiciones para la aplicación del preacuerdo en La Habana sobre desarrollo rural, a la búsqueda de una reforma agraria rural integral, y a la atención de las demandas del movimiento campesino reunido en la Cumbre Agraria, que plantea la urgencia de democratizar la propiedad y modificar la actual concentración de la tierra, el Gobierno lo que está haciendo es condenando al campesinado a nunca ser dueño de la tierra que trabaja y a servir de obreros a las empresas”, concluyó el senador Cepeda.

2-         FECHA: 14 DE NOVIEMBRE

Iván Cepeda rechaza ponencia de proyecto de “expropiación” del Gobierno a favor de grandes empresarios

Para el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, la ponencia del proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno incluye la posibilidad de expropiar la tierra a los campesinos para entregársela a los empresarios. 

BOGOTÁ, 14/11/2014. Cuando se radicó el proyecto de ley 133/14 Cámara, el senador Iván Cepeda advirtió que se trataba de una iniciativa contraria a los propósitos de los acuerdos de La Habana que contemplan una reforma agraria rural integral, y a las demandas del movimiento campesino, que exigen democratizar la propiedad y modificar la actual concentración de la tierra.

Una vez conocido el texto de la ponencia para primer debate del mencionado proyecto radicada en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el congresista afirmó que la situación empeora y anunció que buscará bloquear la iniciativa en el Senado. Según el legislador, “el Gobierno, junto con la Unidad Nacional, busca impulsar una verdadera expropiación en contra de lo que queda del campesinado en la Altillanura y en otras zonas del país, e impulsar la contrarreforma agraria más agresiva que hayamos conocido, después del proceso de despojo a sangre y fuego que vivimos en las últimas décadas a favor de grandes empresarios”.

Cepeda denunció que el proyecto le quita al Incoder la función que tenía de redistribuir tierras, en cambio, lo encarga de conseguir las tierras que necesitarán las empresas gestoras de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), para impulsar sus negocios, a través de la compra directa de bienes privados o mediante procesos de expropiación, a los cuales cuales se les da vía libre con el proyecto porque las Zidres se declaran de utilidad pública e interés social.

Así entonces, afirmó el senador, una vez se declare una zona del país bajo esta figura, los campesinos que tengan la propiedad de algún predio que debido al abandono estatal no hayan podido poner a producir, y no quieran asociarse con ningún gran empresario (bajo condiciones de subordinación) perderán su tierra, pues deberán aceptar la compra directa por el valor catastral del bien (muy por debajo del valor comercial) que le planteará el Incoder. De lo contrario serán expropiados.

“Todo indica que el Gobierno tiene una interpretación ambigua del derecho a la propiedad. Solo cuando se trata de grandes empresarios o terratenientes los reconoce y defiende, pero cuando se trata de respetar la propiedad campesina,  despliega todos los mecanismos necesarios para eliminarla, y someter a nuevas formas de esclavitud al campesinado. Nada más antitético al primer punto de los acuerdos de la Habana”, advirtió Cepeda.

El congresista añadió que la ponencia redefine el concepto de trabajador agrario establecido en el artículo 64 de la Constitución, para poderle entregar los baldíos a empresarios y no a los campesinos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (V.g. sentencia t-488-14).

Para Cepeda, el proyecto de ley 133/14 debe ser archivado, “de lo contrario, el Gobierno se convertirá en el nuevo despojador legal y pasará a la historia como el artífice de la peor contrarreforma agraria, aquella en la que se decidió expropiar a los pobres, para entregarle tierra y subsidios a manos llenas a los empresarios que hicieron compras ilegales en zonas como la Altillanura”, concluyó.

VISITAS A CÁRCELES PARA VERIFICAR SITUACIÓN HUMANITARIA

 FECHA: 23 DE OCTUBRE de 2014

Senador Iván Cepeda visita cárcel La Picota por crisis humanitaria

 Según voceros del Movimiento Nacional Carcelario MNC, más de tres mil reclusos de la cárcel La Picota, en Bogotá, se encuentran en huelga de hambre, y le están solicitando del Gobierno Nacional que atienda sus peticiones en materia de derechos fundamentales. También se presentan protestas en las cárceles Tramacúa de Valledupar, Ternera de Cartagena, Modelo de Bogotá y Barranquilla, entre otras.

BOGOTÁ, 23/10/2014. El senador y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro, se encuentra visitando este jueves a los reclusos de la cárcel La Picota, en Bogotá, con el fin de hacer visibles las preocupaciones que le han manifestado los mismos sobre la grave situación de hacinamiento, de desprotección y de falta de atención en salud para los internos.

El congresista ha tenido conocimiento de situaciones similares y de huelgas en otros once centros carcelarios en Valledupar, Cómbita, El Barne, Dorada, Barranquilla, Santa Marta, Acacías y Cartagena. Por su parte, el Movimiento Nacional Carcelario MNC solicitó la instalación de una mesa nacional de concertación con el gobierno, para tratar la problemática penitenciaria, carcelaria y judicial de los presos.

Del mismo modo, los reclusos piden la declaración de la emergencia social y  humanitaria, la cual obligue a las soluciones inmediatas de la grave crisis planteada, y se oponen a la creación de más cupos carcelarios.

Finalmente, los presos reiteraron su apoyo al proyecto de ley 082, de rebaja de penas del 20% a todos los internos del país, que cursa en el Congreso de la República.

 Proposición conmemorativa

 FECHA: 13 DE AGOSTO

Iván Cepeda propone que Congreso les rinda homenaje a congresistas asesinados de la UP

 BOGOTÁ, 13/08/2014. Al cumplirse 20 años del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, su hijo, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, le pidió al Legislativo que se instale una placa conmemorativa en el Capitolio Nacional, que contenga los nombres de los congresistas desaparecidos en el genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica UP.

“Es pertinente que el Congreso les rinda homenaje a los congresistas que fueron asesinados, especialmente cuando se discute en la mesa de conversaciones de La Habana la manera como serán honrados los derechos de las víctimas del conflicto”, afirmó el legislador.

El congresista recordó que el pasado 29 de mayo, la Fiscalía declaró el asesinato de su padre como crimen de lesa humanidad y recalcó la necesidad de mostrar el compromiso del Congreso de la República y del Estado colombiano, de contribuir a la preservación de la memoria histórica, y de evitar que estos crímenes atroces se repitan.

La placa llevaría inscrito el siguiente enunciado: “En honor a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y en honor a su bancada parlamentaria. Nunca más el genocidio político en Colombia”.

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO DE LA PROPOSICIÓN:

Proposición conmemorativa en honor a los otros seis congresistas de la UP asesinados y, en general, en honor a las víctimas de este movimiento político

Plenaria del Senado de la República

El pasado sábado 9 de agosto se conmemoraron 20 años del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador de la República por la Unión Patriótica y por el Partido Comunista Colombiano.

El senador Cepeda Vargas fue asesinado por miembros del Ejército Nacional y por paramilitares, como quedó establecido en distintas sentencias de la justicia nacional y en la sentencia internacional proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia de junio de 2010, por disposición de la cual el 9 de agosto de 2011 el Estado colombiano a través de su gobierno hizo acto de reconocimiento de responsabilidad y de solicitud pública de perdón. El caso Cepeda fue declarado por la Fiscalía General de la Nación como crimen de lesa humanidad, y forma parte del genocidio político que se ha venido perpetrando en Colombia contra la UP y el Partido Comunista. Con este asesinato se consumó la eliminación física de la bancada parlamentaria de esos movimientos políticos a mediados de la década de 1990. Nada puede ni debe justificar estas acciones criminales de persecución política que han comenzado a ser reconocidas como tales por la sociedad colombiana.

Dadas estas circunstancias, solicito a la plenaria del Senado de la República sea instalada, a la mayor brevedad y en un sitio del Capitolio Nacional, de acceso y visibilidad públicos, una placa conmemorativa en honor no sólo al senador Cepeda, sino a los otros seis congresistas de la UP asesinados y, en general, en honor a las víctimas de ese movimiento político. El texto de la placa conmemorativa deberá contener los nombres de los siete congresistas, el nombre del movimiento político al que pertenecieron, así como la fecha y el lugar en los que fueron asesinados, de la siguiente manera:

1. Leonardo Posada Pedraza. Representante a la Cámara por Santander, asesinado en Barrancabermeja el 30 de agosto de 1986.
2. Pedro Nel Jiménez. Senador, asesinado en Villavicencio el 1º de septiembre de 1986.
3. Pedro Luis Valencia Giraldo, Representante a la Cámara por Antioquia, asesinado en Medellín el 11 de agosto de 1987.
4. Octavio Vargas Cuéllar, Representante a la Cámara por Guaviare, asesinado en ese departamento el 14 de diciembre de 1987.
5. Henry Millán González, Representante a la Cámara por Caquetá, asesinado en la plaza de Mercado de Florencia el 7 de diciembre de 1993.
6. Octavio Sarmiento Bohórquez, Representante a la Cámara por Arauca, asesinado después de haber finalizado su período como legislador, en la vereda Los Aceites del municipio de Tame el 1º de octubre de 2001.
7. Manuel Cepeda Vargas, último senador electo por la UP, asesinado en Bogotá el 9 de agosto de 1994.

Además, en la placa deberá quedar contenida la siguiente inscripción: “En honor a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y en honor a su bancada parlamentaria. Nunca más el genocidio político en Colombia”.

Este acto simbólico tiene el objetivo de mostrar el compromiso del Congreso de la República y del Estado colombiano de contribuir a la preservación de la memoria histórica, de evitar que estos crímenes atroces se repitan, de asegurar que en lo sucesivo se les brinden todas las garantías tanto a la oposición como a las minorías políticas en nuestro país, y de velar para que nunca más se recurra a la violencia como forma de acallar a un movimiento político.

Más de 5 mil personas que pertenecieron a la UP fueron víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y exilios; situación por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió en 1997 la demanda interpuesta por la Corporación Reiniciar junto con la Comisión Colombiana de Juristas, sin que hasta el día de hoy exista solución amistosa para este caso sin precedentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En 2002, se le retiró la personería jurídica a la UP. Gracias a la perseverancia de los sobrevivientes de la colectividad ésta fue reintegrada por el Consejo de Estado en mayo de 2014, mediante una decisión en la que se ordenó también que el restablecimiento del estatuto legal del movimiento se mantenga hasta las elecciones legislativas del año 2018.

En diciembre de 2012, magistrados del sistema de Justicia y Paz establecieron que los asesinatos que cometieron paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en contra de la Unión Patriótica constituyen un genocidio de carácter político[i].

I SEMESTRE 2015

AUDIENCIAS PÚBLICAS

1-         AUDIENCIA PÚBLICA: CRISIS DE LA RAMA JUDICIAL.  FECHA Y LUGAR: 24 DE ABRIL.  SALÓN BOYACÁ.  BOGOTÁ, D.C. 

2-         AUDIENCIA PÚBLICA: GRAVE SITUACIÓN DE LOS PÁRAMOS POR EXPLOTACIÓN MINERA

FECHA Y LUGAR: 16 DE ABRIL.  BOGOTÁ, D.C.

Senador Iván Cepeda denunció

BOGOTÁ, 16/04/2015. La audiencia pública tuvo como objetivo analizar la afectación que están sufriendo los ecosistemas por causa de la exploración y explotación minera en diferentes regiones del país. El senador Iván Cepeda reveló cifras sobre los títulos mineros concedidos sobre 26 páramos y cuestionará apartes del Plan Nacional de Desarrollo que estarían beneficiando directamente a tres empresas mineras multinacionales, a las cuales se les concedieron títulos antes de 2010.

Para el congresista, urge que Colombia discuta la delimitación de los páramos, como es el caso del Páramo de Santurbán (Santander), que surte de agua a la ciudad de Bucaramanga.

OBSERVACIONES A PROYECTOS DE LEY O ACTOS LEGISLATIVOS

‘Mico’ en Plan de Desarrollo mantendría vigentes títulos mineros en 26 páramos

Así lo denunció el senador Iván Cepeda, quien advirtió que el artículo 159 del Plan Nacional de Desarrollo que cursa su trámite en el Congreso, es una norma hecha a medida de tres empresas multinacionales, las cuales cuentan con el 51 %, del área de las concesiones mineras en zonas de páramo, entregadas antes de febrero del 2010.

BOGOTÁ, 17/04/2015. En desarrollo de una audiencia pública en el Congreso, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, le pidió al Gobierno Nacional retirar el siguiente aparte del texto del PND que será analizado en las plenarias de Senado y Cámara en los próximos días:

Artículo 159. Parágrafo 1. Al interior del área delimitada como páramo, las actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental o con el instrumento de control y manejo ambiental equivalente, que hayan sido otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos, respectivamente, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin posibilidad de prórroga y estarán sujetas a un control, seguimiento y revisión por parte de las autoridades mineras, de hidrocarburos y ambientales, en el marco de sus competencias y aplicando las directrices que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para el senador Cepeda, esta norma acabaría con cualquier posibilidad de frenar la actividad minera en zonas que deben estar protegidas por la legislación ambiental. “Estamos hablando de zonas extensas de páramos que sufren cada vez más los estragos de la minería, especialmente los páramos ubicados en Santander y Tolima, que son en su mayoría las ‘fábricas’ de agua de muchos municipios“, afirmó Cepeda.

Según informes de la Agencia Nacional de Minería, al 6 de marzo, serían 448 los títulos que actualmente se encuentran superpuestos en 26 zonas de páramo, de los cuales, al menos 347 cuentan con licencia ambiental. La empresa con más títulos superpuestos en páramos es Anglogold Ashanti Colombia S.A., con 40 títulos, seguida por Eco Oro Minerales Corp y Leytah Colombia, con 9 títulos cada una.

El área total superpuesta de concesiones en páramos es de 118.461,73 hectáreas, de las cuales la empresa Anglogold tiene el 30,4% del área (incluyendo el área de la Sociedad Exploraciones Northern Colombia), seguida por Eco Oro (12%) y Minas Paz del Río (9%). Es decir, entre tres empresas tienen más del 50% del área titulada que se superpone a los páramos en el país.

3-            AUDIENCIA PÚBLICA: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL INCODER FRENTE AL ACCESO Y LA RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS.  FECHA Y LUGAR: 5 DE JUNIO.  BOGOTÁ, D.C.

Senador Cepeda solicita investigación penal contra director del Incoder por presunta omisión en trámite de restitución de baldíos por parte de la familia Carranza

El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, instó al Fiscal General, Eduardo Montealegre, a que investigue si el director del Incoder, Ariel Borbón Ardila y otros funcionarios de esa entidad, pudieron incurrir en posibles conductas punibles, al omitir llevar a cabo las acciones contempladas en la ley para la recuperación material de los baldíos de la nación que se encuentran aún en poder de la familia del fallecido Víctor Carranza en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

BOGOTÁ, 04/06/2015. A través de una comunicación, el senador Iván Cepeda, junto con la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el líder comunal Miguel Briceño, le pidió al Fiscal General Eduardo Montealegre, que inicie las investigaciones pertinentes para establecer si Rey Ariel Borbón Ardila, gerente general delIncoder, Carlos Ignacio Carmona Moreno, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, y Ruth Mireya Núñez Nuván, directora Técnica de Baldíos del Incoder, incurrieron en la comisión de algún delito en el caso de la devolución de tierras por parte de la familia Carranza en El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Según el senador Cepeda, el Incoder debió dar la orden de restitución a través de la resolución 6423 de 2014, y en caso de no cumplirse en diez días, debió proceder al desalojo con la intervención de la Policía Nacional. Para el congresista, omitida dicha obligación al momento de expedir la mencionada resolución, el Incoder ha podido subsanar su omisión en cualquier momento a través de una resolución complementaria con esa orden específica.

En la comunicación, el legislador pone en conocimiento a la Fiscalía sobre dos respuestas a derechos de petición allegadas a su oficina por parte del Incoder, en las cuales informan que la entidad ha decidido esperar, omitiendo su deber legal a la entrega voluntaria del bien por parte de la familia Carranza, aun cuando han sido informados por diferentes vías de que la demora de la entrega de los predios ha producido todo tipo de arbitrariedades por parte de dicha familia. Los campesinos de la vereda El Porvenir, que hace parte de los baldíos a recuperar, han denunciado ante las autoridades múltiples hechos entre los que se cuentan: la promoción de la invasión de los predios por parte de agentes externos a la comunidad, el cerramiento de los bienes con cercas de acuerdo con una división del territorio realizada por los que ellos reconocen como los trabajadores o testaferros de los Carranza, y la realización de reuniones con integrantes de las veredas vecinas a quienes les han manifestado cómo es “la nueva distribución de la tierra”.

Para el congresista, “es necesario que se investigue en detalle el proceder del Incoder y si está beneficiando a la familia Carranza, por encima de los campesinos que ocupan los baldíos hace más de 40 años y que buscan su titulación”.

4-         AUDIENCIA PÚBLICA: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN Y RETORNO DE LOS DESPLAZADOS DE PEÑAS COLORADAS, CARTAGENA DEL CHAIRÁ (CAQUETÁ). FECHA: 26 Y 27 DE JUNIO DE 2015.

5-            AUDIENCIA PÚBLICA: ENTREGA DIGNA DE PERSONAS NO IDENTIFICADAS EN CEMENTERIOS MUNICIPALES Y ENTERRAMIENTOS CLANDESTINOS EN COLOMBIA.  FECHA Y LUGAR: 08 DE JULIO.  BOGOTÁ, D.C.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

1-            FECHA: 21 DE ABRIL.  SENADOR CEPEDA SOLICITA SEGUIMIENTO ESPECIAL A SENTENCIAS POR SUPERPOBLACIÓN EN CÁRCELES

Hacinamiento en cárceles colombianas llegó a un 52.3 %

En el debate de control político que abordó la grave situación de los centros carcelarios, el senador Iván Cepeda le pidió a la Corte Constitucional que inicie un proceso especial de seguimiento de tutela, comomecanismo idóneo para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos a las personas detenidas. El congresista denunció que entre 2014 y 2015 se han presentado 7 huelgas de presos, y que en los últimos seis años, el hacinamiento pasó de 27.8 % a 52.3 %.

BOGOTÁ, 21/04/2015. El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que ya son varios “los intentos fallidos  del Gobierno Nacional para solucionar la crisis carcelaria”, y reiteró que la situación de hacinamiento, los tratos crueles, la falta de agua y de atención en salud para los internos, hacen que se requiera la intervención de la Corte Constitucional. El legislador dijo que, muestra de lo anterior, es la reciente decisión del Alto Tribunal sobre las cárceles La Tramacúa (Valledupar), Cárcel de Barrancabermeja, San Isidro (Popayán), Bellavista (Medellín), La Modelo (Bogotá), y La Modelo (Cúcuta), que contempla el posible cierre de estos centros.

El congresista denunció que, según cifras del Inpec, durante los últimos seis años, el hacinamiento en los establecimientos carcelarios del país pasó del 27.8 % al 52.3 %. De los 117 mil reclusos registrados en agosto de 2014, 348 mujeres y 5.969 hombres no tenían ningún grado de escolaridad, y menos de 4 mil superaron el bachillerato. Cepeda cuestionó las propuestas del ministerio de Justicia, tendientes a incrementar el tiempo de detención preventiva. Recordó que, la ley prevé que una persona solo puede estar privada de la libertad preventivamente 6 meses, y queconforme a los datos de la Agencia de Defensa del Estado hay 741 demandas contra el Inpec por hacinamiento y maltrato en las cárceles, por cuantía de 400 mil millones de pesos.

2-            OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS DEL PROCESO DE PAZ.  FECHA: 27 DE MAYO.

Cepeda propone suspensión bilateral de hostilidades en zonas de desminado

Durante el debate de control político sobre obstáculos y desafíos del proceso de paz, el senador Iván Cepeda expuso los avances del proceso de paz y de las treguas unilaterales de las Farc que marcaron una disminución ostensible de las acciones violentas, y propuso que las partes inicien un cese bilateral de acciones militares, solo en las zonas donde se llevará a cabo la labor de desminado. Esta tregua parcial tendría verificación de los países garantes del proceso de paz o de organismos internacionales.

BOGOTÁ, 27/05/2015. El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, señaló que el proceso de paz entre Gobierno y Farc ha tenido avances que ningún proceso anterior en Colombia haya logrado. Recordó que ya se produjeron borradores de tres de los cinco puntos de discusión y agregó que este ha sido el único proceso que ha incluido a víctimas, militares y mujeres.

Con el fin de superar los recientes hechos en los cuales han muerto más de 50 personas, entre militares, guerrilleros y civiles, Cepeda propuso que se implemente un cese el fuego parcial y bilateral, que comenzaría únicamente por las zonas donde se desarrolle el acuerdo de desminado humanitario. Esta suspensión parcial de hostilidades tendría verificación de los países garantes del proceso de paz o de organismos internacionales. “Sin una suspensión de bombardeos y ataques va a ser imposible cumplir con esa labor“, dijo.

El congresista destacó los resultados de las treguas unilaterales y presentó cifras de Ecopetrol, según las cuales, en lo corrido del 2015, el costo de los atentados a la infraestructura petrolera, que incluyen el costo económico de los barriles dejados de producir y la reparación de la infraestructura, ha bajado a 135 millones de pesos, frente a 1,2 billones de pesos en 2014.

El senador también insistió en la importancia de que se desmonten las nuevas estructuras paramilitares con miras al posconflicto. “Es muy difícil construir la paz y la reconciliación sin superar la oscura noche del paramilitarismo”, aseguró. Del mismo modo, el congresista denunció mensajes anónimos allegados a su oficina,  relacionados con la presunta existencia de una sala de interceptaciones ilegales, similar a la del ‘hacker Sepúlveda’, que estaría funcionando en Batallón de Policía Militar XIII. Cepeda le preguntó al viceministro de Defensa, Jorge Bedoya: “¿Hay un plan para generar inestabilidad y para lograr la ruptura de las conversaciones en la mesa de La Habana? ¿Existe una estructura en la que están conspirando políticos, militares en retiro o activos, y paramilitares para sabotear el proceso de paz?”.

En el debate que se llevó a cabo en la Comisión Segunda de Senado, el congresista del Polo Democrático, le recriminó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, su ausencia en el debate, con la excusa de que no era competencia de su cartera el tema que se discutiría en el debate de control político. El senador Cepeda le recordó al jefe de la cartera de la política, que “a todos los ministerios les compete el tema de la paz y del posconflicto”.

PONENCIAS PRESENTADAS

FECHAS: 13 DE MAYO (primer debate) y 29 DE MAYO (segundo debate).

Se presentó informe de ponencia para primer y segundo debate al Proyecto de Ley No. 150 de 2015 Senado “Por medio de la cual la Nación le rinde homenaje y exalta la vida del maestro CARLOS GAVIRIA DÍAZ, en reconocimiento a su labor jurídica, académica, política y ética”. Las ponencias presentadas fueron positivas, así que el trámite continuará en la Cámara de Representantes.

ALGUNAS CONSTANCIAS:

1-         FECHA: 24 DE MARZO

Acciones tomadas por parte del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las Farc para disminuir la intensidad del conflicto (24/03/15). En esta constancia se resaltaron los efectos de dichas acciones en la comunidad, en términos económicos y sociales, además se solicitó a ambas partes avanzar en la culminación de las negociaciones y que se tomen otras acciones que lleven al cese definitivo de todo tipo de acciones bélicas.

2-         FECHA: 25 DE MARZO

La Corte Constitucional a través de la sentencia C-123/14 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 37 de la ley 685 de 2001, “en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”

Sin atender el contenido de tan importante decisión, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2691 del 23 de diciembre de 2013, a través del cual se restringe la decisión de la Corte creando un procedimiento entre las autoridades nacionales y municipales imposible de llevarse a cabo, que se constituye en carta blanca para que las empresas mineras actúen en los territorios sin que existan garantías para las autoridades locales al momento de solicitar protección al medio ambiente, a las fuentes hídricas y al desarrollo de sus comunidades. El Gobierno Nacional a través de dicho decreto entregó un verdadero regalo de navidad a las empresas mineras, desconociendo la descentralización y las competencias de las autoridades locales, eliminando la obligación de las empresas de atender las objeciones y preocupaciones de las autoridades locales.

Adicionalmente, este Gobierno en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo “Por un Nuevo País” incluyó un artículo en dónde vuelve ley la decisión de la Corte, sin embargo cambia el sentido esencial de la decisión antes mencionada. Nuevamente modifica el alcance de las competencias de las entidades locales, al disponer que: las autoridades territoriales dentro del proceso de autorización para la realización de actividades de exploración y explotación minera, PODRÁN acordar con la Autoridad Minera Nacional medidas de desarrollo económico, social cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera, cuando la Corte ordenó que DEBERÁ existir tal coordinación, y no solo con la autoridad minera, sino con las demás autoridades, en donde por ejemplo, la autoridad ambiental en estos casos resulta fundamental.

Pues bien, ante este gravísimo panorama distintas organizaciones no gubernamentales ya han radicado dos demandas en contra del decreto 2691, y el día de ayer varios concejales provenientes de los departamentos de Meta y Guaviare marcharon hasta Bogotá protestando por dicha decisión, anunciando a su vez una nueva demanda, la cual será radicada el día viernes de ésta semana.

Como Polo Democrático Alternativo, dejamos constancia de nuestro total respaldo a dichas iniciativas que rechazan el decreto navideño para las mineras, y que cuestionan el despojo a las comunidades y a las autoridades locales sobre el derecho que les asiste de decidir sobre sus territorios.

2-         FECHA: 8 DE ABRIL

En las últimas semanas se ha tenido información a través de los medios de comunicación en la que se afirma que existe total disposición de la familia Carranza de entregar las tierras del Estado que fueron apropiadas de manera irregular, localizadas en el Porvenir en el Municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Dejo constancia ante la plenaria del Senado de la falsedad de dicha información. En julio de 2011 la comunidad del Porvenir, integrada por cerca de 80 familias, junto con la Corporación Jurídica Yira Castro y por mí, le solicitamos al Incoder la revocatoria directa de 27 adjudicaciones de terrenos baldíos, por haberse entregado a personas que no cumplían con los requisitos exigidos de la ley para ser adjudicatarios de baldíos, desconociendo la ocupación de los habitantes del Porvenir, y por haberse producido irregularidades dentro del proceso de adjudicación ocurrido en 1992. Dentro de los 27 adjudicatarios se encontraban socios de Víctor Carranza y antiguos trabajadores como el veterinario, un guardaespaldas, y un administrador de sus fincas.

El 30 de julio de 2014, el Incoder, a través de la resolución 6423, nos dio la razón y revocó las 27 adjudicaciones, decisión que hoy se encuentra en firme, y que acaba de ser inscrita en los certificados de libertad y tradición.

No obstante a pesar de existir la decisión del Incoder desde hace ocho meses, a la fecha la Ganadería la Cristalina propiedad de la familia Carranza y la familia Betar permanece en los predios de propiedad del Estado construyendo cercas que impiden el libre paso del ganado de los campesinos en la zona, y el principal líder de éste proceso el Señor Miguel Briceño ha sido víctima de múltiples amenazas, que le han obligado a desplazarse de la región, sin que a la fecha reciba la atención necesaria por parte de la Unidad Nacional de Protección.

El Gobierno Nacional debe garantizar la efectiva recuperación material de las tierras, lo que implica sacar a la Ganadería La Cristalina de ella, y decidir si las más de 25 mil hectáreas serán tituladas a las 80 familias del Porvenir que las han ocupado durante más de 45 años.

La familia Carranza y sus testaferros además deben ser sancionados por el delito de testaferrato. El día de ayer fue radicada denuncia oficial por éstos hechos, y cómo tal deben ser tratados por el Incoder, y por la institucionalidad del Estado.

3-         FECHA: 14 DE ABRIL

Situación de los trabajadores de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto (14/04/15). Se presentó una constancia sobre la decisión del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto (SINTRAEMPOPASTO) de declararse en asamblea permanente por cuenta de los planes de retiro voluntarios, que dejarían más de 140 familias sin sustento, por lo que se hizo un llamado al Ministerio de Trabajo para que realizara el seguimiento a este caso, en la búsqueda de garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de esta empresa.

4-         FECHA: 21 DE ABRIL

El Gobierno emprende su SEXTO intento por aniquilar la ley 160/94 al pretender crear el camino jurídico que le permite a los grandes empresarios beneficiarse de los baldíos de la nación que están destinados a beneficiar a sujetos de reforma agraria. Así está establecido en el artículo 7 del proyecto de ley 223/15 Cámara radicado el pasado jueves por parte del Ministerio del Interior, al disponer que “Para la ejecución de los proyectos productivos se podrá solicitar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), o quien haga sus veces, la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio, de baldíos ubicados en las ZIDRES, con el fin de ejecutar los proyectos productivos que hace referencia el artículo 3° de esta ley”

Con el mencionado proyecto de ley se insiste en la creación de las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social –ZIDRES- las cuales pretenden ser catalogadas como de utilidad pública e interés social, reiterando lo que ya es una constante en éste Gobierno, el utilizar esta descripción para imponer en los territorios los proyectos agenciados por poderosos agentes económicos, tal y como ocurre con la minería y con los denominados Proyectos de Interés Nacional.

Con tal figura, todos los predios que se encuentren dentro de una ZIDRE, sean bienes públicos o privados tendrán que destinarse a los proyectos aprobados por el Ministerio de Agricultura que se ajusten a los criterios de ordenamiento productivo y social de la propiedad, definidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), quien no cumpla con dicha destinación tendrá que vender su predio al Incoder o será sancionado con la extinción administrativa de dominio, procedimientos dirigidos a beneficiar a los grandes empresarios que desarrollarán sus proyectos en las denominadas ZIDRES.

En conclusión este nuevo proyecto de ley crea el camino jurídico que le permite legalizar las compras irregular de tierra originalmente adjudicada como baldíos que han hecho entre otras empresas: Grupo Mónica Colombia, Cargill, Río Paila Castilla, Argos, Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo-Corficolombiana, la familia Carranza en los predios El Brasil y el Porvenir, la familia Uribe Moreno en Córdoba, Timberland Holdings Limited y Wood Holdings Limites, Sociedad Agroindustria Guarrojo; Carlos Aguel Kafruni familia y cia, Aceites Manuelita, Poligrow Colombia ltda, Indupalma y Agrindustriales El Palamar, entre otros; y convierte al Incoder en un instituto que se vuelve agenciador de un “despojo legal”, tendiente a consolidar la acumulación de tierra a favor de grandes empresas quienes en el proyecto se les denomina “trabajadores agrarios”

Dejamos constancia que vamos a realizar todas las acciones que estén a nuestro alcance para impedir la aprobación de este proyecto de ley que es inconstitucional, ilegítimo y que va en contra de las demandas del campesinado y del punto número uno de los acuerdos logrados en la Mesa de la Habana.

5-         FECHA: 19 DE MAYO

Ante la Plenaria del Senado de la República dejo constancia de la importante decisión tomada por la sección tercera del Consejo de Estado, que el 15 de mayo de 2015, ordenó la suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones 180241 de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía, y las Resoluciones 0045 de 20 de junio de 2012 y 429 de 27 de junio de 2013 emitidas por la Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se crean y delimitan 516 zonas específicas denominadas Áreas Estratégicas Mineras o Bloques Mineros.

“La decisión de suspender temporalmente las Áreas Estratégicas Mineras se tomó en el marco de la Acción de Nulidad presentada por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, dirigida a cuestionar la legalidad de esas decisiones del Gobierno Nacional. El Consejo de Estado consideró necesario suspender dichas resoluciones al constatar la violación del derecho fundamental a la consulta previa de comunidades étnicas, el cual consideró debe respetarse en la adopción de todas las medidas administrativas y decisiones que busquen implementar planes de desarrollo y explotación minera en el país.

Las Áreas Estratégicas Mineras cubren una extensión de 20.471.346,7 hectáreas, que equivalen al 20.3% del territorio nacional, las cuales fueron delimitadas por el Gobierno Nacional para que en ellas se lleven a cabo labores de exploración y explotación de minerales estratégicos a gran escala, zonas que serían entregadas mediante procesos de licitación pública a empresas privadas. La decisión de suspender temporalmente las Áreas Estratégicas Mineras se tomó en el marco de la Acción de Nulidad presentada por el Centro de Estudios para la Justica Social Tierra Digna, dirigida a cuestionar la legalidad de esas decisiones del Gobierno Nacional.

Por medio de los actos administrativos suspendidos, el gobierno nacional había tomado una decisión de enorme trascendencia para el país, en tanto alteró la destinación productiva para múltiples territorios rurales, mucho de ellos con vocación agrícola y de conservación ambiental. Adicionalmente, los bloques mineros se superponen sobre territorios de comunidades étnicas y campesinas sin que se contara con su consentimiento previo, y sobre ecosistemas estratégicos como el Chocó Biogeográfico, la Amazonía y el Macizo Colombiano”^[1]

Las áreas estratégicas mineras que hoy se encuentran suspendidas surgieron con fundamento en el artículo 108 de la ley 1450, las cuales se ampliaron a través del artículo 20 en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado por el Congreso al crear las denominadas áreas de reserva para el desarrollo minero, artículo que dicho sea de paso tampoco fue consultado con las comunidades afrocolombianas, negras y raizales.

Esta decisión del Consejo de Estado debe ser un llamado al Gobierno Nacional para que atienda los errores que está cometiendo en materia de ordenamiento territorial, no es posible destinar enormes cantidades del territorio nacional sin la voluntad de quienes habitan los territorios, sin la voluntad de las autoridades locales.

Como integrante de la bancada del Polo Democrático Alternativo celebro ésta decisión judicial que protege los derechos de las comunidades étnicas y campesinas del país afectadas por las denominadas áreas estratégicas mineras.

6-         FECHA: 16 JUNIO

Afectación social, económica y ambiental producto del ataque de la guerrilla de las Farc en el municipio de Puerto Asís (16/06/15). En la constancia se solicitó al Gobierno Nacional y Territorial, así como a los organismos de control y la institucionalidad ambiental, evaluar exhaustivamente la afectación del derrame y se tomen medidas que busquen garantizar el derecho fundamental al agua y la salud de las comunidades, así mismo se hizo un llamado a los actores del conflicto a mantener por fuera de la confrontación a la población civil.

7-         FECHA: 22 DE JUNIO

Los señalamientos como guerrilleros y criminales a las y los campesinos que habitan las zonas de reserva campesina, crea un ambiente que pone en riesgo extraordinario a quienes habitan estas partes del territorio nacional, y a quienes se desempeñan como sus líderes.

Muestra de ello fue la retención arbitraria e ilegal que se produjo contra Cesar Jerez, quien es miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-Anzorc, vocero del paro campesino del Catatumbo, vocero de la Cumbre Agraria, cofundador de la Agencia Prensa Rural y miembro del Consejo Nacional de Paz.

La retención duró aproximadamente una hora y media, el sábado 30 de mayo a las 7 de la mañana, cuando el líder arribó al retén militar de Balsillas, sobre la carretera que conduce de Neiva a San Vicente del Caguán.

En la misma región del Pato, cerca al lugar de la retención ilegal, en la vereda Barrialosa, el 23 de mayo fueron asesinados los líderes campesinos integrantes de la zona de reserva campesina del Pato, Ismaél García y Salomón Escobar, Presidente y Secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Delicias, durante una acción militar contra guerilleros de las FARC.

Estos hechos no son aislados. En los últimos años, en las Zonas de Reserva Campesina, se han presentado diferentes tipos de amenazas y seguimientos, campesinos capturados y después puestos en libertad, acusados de pertenecer a la guerrilla, y en algunos casos, asesinatos selectivos de miembros pertenecientes asociados a estas zonas. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), en febrero del presente año, denunció la continuidad de prácticas de persecución, toma de fotografías e intimidaciones, estigmatización y ataque directo contra sus líderes sociales, por parte de grupos paramilitares y agentes del estado.

Por mencionar algunos hechos denunciados, a mediados de 2014, en la Zona de Reserva Campesina de Losada-Guayabero se presentaron hechos que van en contra del Derecho Internacional Humanitario, dentro de los cuales, tropas de la Brigada Móvil No. 9 realizaron disparos a la vivienda del dirigente campesino Ángel Torres, lo que generó una reunión con el comandante de la Brigada, en la cual se comprometió a respetar los derechos de las comunidades, entre otras cosas. En julio del mismo año, en la vereda Villanueva, municipio de Hacarí, se presentaron ametrallamientos que dejaron casas destruidas y techos agujereados, además de allanamientos de viviendas, con violencia física y verbal dirigida a los pobladores por parte de la Policía Nacional, en los cuales señalaban que los campesinos pertenecían a la guerrilla. Aunque algunos campesinos fueron capturados, los dejaron en libertad tras el pronunciamiento de la comunidad y algunas autoridades locales.

En noviembre de 2014, la líder Carmenza Gómez, fue víctima de incursión en propiedad privada por parte de desconocidos, además ha sido amenazada en varias oportunidades, lo cual ha hecho que se desplace forzadamente en dos ocasiones. Así mismo, se han presentado amenazas y seguimiento a líderes como Martha Gladys Arenas, que han provocado el desplazamiento forzado de ella y su familia, en varias ocasiones. El hecho más reciente, en marzo de 2015, se relaciona con el asesinato de dos campesinos en el corregimiento La Carmelita por parte de sujetos desconocidos que portaban machetes y un arma de fuego, dentro de los campesinos asesinados se encontraba Luís de Jesús Rodríguez, quien pertenecía a la comunidad de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.

Hago un llamado enfático a quienes realizan señalamientos contra las zonas de reserva campesina sin ninguna prueba a termina con esa práctica, que lo único que hace es promover los crímenes contra el campesinado.

8-         FECHA: 26 JUNIO

El Cauca vuelve a ser escenario y víctima de la guerra. Desde el operativo de las fuerzas armadas el 21 de mayo, el fin del alto al fuego unilateral de las FARC el 22 de mayo, y la profundización de las confrontaciones entre la fuerza pública y la guerrilla, se reporta por parte de Naciones Unidas al menos 394 personas desplazadas de manera forzada en el Municipio de Guapi.

394 personas de familias afrocolombianas de la zona rural de este municipio de la costa caucana, quienes se desplazaron por temor ante bombardeos y operativos militares, y quienes se encuentran en su gran mayoría en casas de amigos, familiares y en la Casa de la Cultura de la cabecera municipal. Sitio que es el único con el que cuenta el municipio para atender las emergencias humanitarias, que no cuenta con condiciones de infraestructura ni dotación suficiente para atender situaciones de esa índole.

El conflicto no solo acaba con la vida de soldados y guerrilleros, muchachos pobres, colombianos, hijos de campesinos. El conflicto también afecta la vida de los civiles que residen en territorios que como el Cauca se convierten en escenarios de guerra. Este es el principal motivo para hacer un llamado a las dos partes de la Mesa a construir el cese bilateral y definitivo que permita continuar las negociaciones en la Habana sin el dolor de la guerra.

Acciones tomadas por parte del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las Farc para disminuir la intensidad del conflicto (24/03/15). En esta constancia se resaltaron los efectos de dichas acciones en la comunidad, en términos económicos y sociales, además se solicitó a ambas partes avanzar en la culminación de las negociaciones y que se tomen otras acciones que lleven al cese definitivo de todo tipo de acciones bélicas.

Afectación social, económica y ambiental producto del ataque de la guerrilla de las Farc en el municipio de Puerto Asís (16/06/15). En la constancia se solicitó al Gobierno Nacional y Territorial, así como a los organismos de control y la institucionalidad ambiental, evaluar exhaustivamente la afectación del derrame y se tomen medidas que busquen garantizar el derecho fundamental al agua y la salud de las comunidades, así mismo se hizo un llamado a los actores del conflicto a mantener por fuera de la confrontación a la población civil.

PROYECTOS DE LEY DE AUTORÍA/COAUTORÍA

PROYECTO DE LEY APROBADO EN SEGUNDO DEBATE EN LA PLENARIA DE SENADO:

Proyecto del Polo crea la cátedra “Carlos Gaviria Díaz” en colegios del país

El senador Iván Cepeda radicó ponencia positiva al proyecto de ley que honra la vida y legado del maestro Carlos Gaviria. La iniciativa contempla la creación de la cátedra de Ética y Democracia “Carlos Gaviria Díaz”, en todos los colegios del país, y la compilación de sus obras y textos jurídicos por parte de la Biblioteca Nacional.

BOGOTÁ, 13/05/2015. A raíz del fallecimiento de Carlos Gaviria Díaz, jurista y cofundador del Polo Democrático Alternativo, el senador Iván Cepeda radicó ponencia favorable al proyecto de ley mediante el cual la Nación le rinde homenaje y exalta la vida del maestro Carlos Gaviria Díaz, en reconocimiento a su labor jurídica, académica, política y ética.

“Presentamos esta ponencia como antesala al IV Congreso del Polo, el cual será también un homenaje a Carlos Gaviria, a su legado político e intelectual. Esperamos que esta iniciativa de ley sea apoyada por todos los partidos en el Congreso”, afirmó Cepeda.

La iniciativa dispone la creación de la cátedra de Ética y Democracia  “Carlos Gaviria Díaz”, en todos los colegios del país y la edición de un texto biográfico de Carlos Gaviria, que el Ministerio de Educación distribuirá de manera gratuita en los establecimientos educativos. El Proyecto también ordena la instalación de una cabeza en bronce del exsenador, en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, y de una estatua en Sopetrán (Antioquia), cuna del jurista.

ALGUNOS FOROS

FOROS SEMANA:  FECHA:  21 de mayo de 2015

FORO: La justicia en el posconflicto

ALGUNAS CONFERENCIAS

CONFERENCIA EN MEDELLÍN:

Homenaje en memoria al profesor Fernando Wolff Isaza: Implicaciones de la violación de los derechos humanos en el ámbito de los docentes universitarios.

DEMANDAS INSTAURADAS POR EL POLO DEMORÁCTICO ALTERNATIVO

Ante la Corte Constitucional, la bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso y la Cumbre Agraria, radicaron la demanda de inconstitucionalidad, por vicios de forma y de fondo, contra la ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Los demandantes pretenden que se declare la ilegalidad de varios apartes, como la norma que permite la actividad minera en zonas de páramo.

BOGOTÁ, 10/06/2015. La demanda que presentó la bancada del Polo Democrático Alternativo ante la Corte Constitucional se dirige contra siete disposiciones de las dos últimas leyes aprobatorias del Plan Nacional de Desarrollo PND. Una de ellas es el artículo 173, el cual contiene una excepción a la prohibición general de no realizar actividades de explotación minera, exploración y explotación petrolera en ecosistemas de páramos.

Conforme a las denuncias hechas por el senador Iván Cepeda, existen 448 títulos mineros en 26 de los 32 páramos con los que cuenta Colombia como el de Chingaza, que surte de agua a varias ciudades capitales. Estas concesiones mineras en páramos cuentan con más de 118 mil hectáreas, de las cuales, más de 11 mil hectáreas están afectadas por cuatro proyectos petroleros. “Este es un grave atentado contra los recursos naturales, especialmente contra el derecho al agua, que es un derecho fundamental de cualquier ser humano”, expresó el legislador.

Del mismo modo, se busca que se declare la ilegalidad de los artículos 20, 49, 50, 51 y 52, que reglamentan los denominados Proyectos de Interés Estratégico Nacional PINE, y que establecen la imposibilidad jurídica de la restitución de tierras en predios en los que haya Proyectos de Interés Nacional Estratégico. En la actualidad existen 68 proyectos PINE en todo el territorio nacional.

La demanda también se dirige contra el artículo 20 que amplía una figura de concesión minera, denominada Áreas de Reserva Estratégicas Mineras y crea las de reserva para la formalización y para el desarrollo minero-energético. Según los demandantes, con estos preceptos se le da al Gobierno facultades excesivas sobre el ordenamiento territorial, por encima de los entes locales, se desconoce el concepto de desarrollo sostenible, y se estaría violando  el mandato constitucional relacionado con la protección de los trabajadores agrarios y la producción agropecuaria, de los cuales se desprende el derecho a la alimentación y los derechos de soberanía y seguridad alimentaria. Según datos oficiales, de las 11.430 áreas con vocación agrícola existentes en el país, el 10.35 % se encuentra sobre las áreas estratégicas creadas en el PND.

Atentamente,

Iván Cepeda Castro.

Senador de la República de Colombia por el PDA.

[1] Tierra Digna, suspendidas 516 áreas estratégicas mineras que ocupan el 20.3% del país