Rendición de cuentas y balance de gestión senador Iván Cepeda Castro
En este informe daré a conocer a los ciudadanos y ciudadanas mi trabajo legislativo correspondiente al periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias comprendidas entre el 20 de julio de 2020 y el 22 de junio de 2021.
Funciones y responsabilidades
El país atraviesa por una situación grave en materia de masivas violaciones de derechos humanos, de impunidad y autoritarismo. La política general del Gobierno quiere llevar a Colombia a pasar de tener una democracia simulada a un régimen abiertamente despótico que se erija sobre la destrucción del Acuerdo de Paz, así como del debilitamiento del disminuido Estado de derecho.
Colombianas y colombianos de todo el país se han movilizado para reclamar cambios políticos y sociales profundos. Lo hacen ante el incumplimiento del Acuerdo de Paz; los altos niveles de corrupción; el aprovechamiento irracional de las circunstancias generadas por la pandemia para violentar la Constitución Política y los tratados de derechos humanos; la concentración de poder y del estado de excepción decretado a raíz de la emergencia del Covid-19, así como la ausencia total de políticas públicas para la inversión social y para atender las demandas históricas de las comunidades.
Por estas razones, en calidad de Senador del partido Polo Democrático Alternativo, miembro de la Comisión Segunda, copresidente de la Comisión de Paz, miembro de las Mesa de Seguimiento a la Implementación de la Política de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado, e integrante de la Mesa Parlamentaria por la Salud Pública y de la Comisión de Cambio Climático, durante el último año lideré distintas actividades de orden político y legislativo con el propósito de avanzar hacia la consolidación de una paz total y de hacer realidad los derechos sociales y económicos de las colombianas y los colombianos.
Lideré y promoví siete (7) debates de control político y tres (3) audiencias públicas. Fui coautor de cincuenta y cuatro (54) proyectos de ley y actos legislativos ponente de seis (6) iniciativas legislativas. Suscribí y presenté veintitrés (23) proposiciones.
Por la paz total, la defensa de la vida y los derechos humanos, la construcción de la democracia y la emancipación ciudadana
El último año, mi actividad legislativa se centró en la defensa por la vida; la promoción y defensa de los DD.HH., la construcción de la paz total, la superación todos los conflictos violentos, la defensa de la justicia y la consolidación de la defensa de la democracia.
La paz, junto con la defensa de los derechos humanos constituye el aspecto más relevante de mi trabajo como congresista. En tal sentido, he dirigido mis esfuerzos por preservar y garantizar el Acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, indispensable para alcanzar la paz y procurar el bienestar de millones de familias que han padecido por décadas el rigor de la desigualdad, el abandono y el conflicto armado.
Junto con organizaciones de la sociedad civil y congresistas de la bancada alternativa, insistimos para que nueve millones de víctimas del conflicto armado -declaradas oficialmente en el territorio nacional- lograran tener representación política en el Congreso de la República a través de la creación de las 16 Circunscripciones transitorias especiales de Paz.
En mi condición de copresidente de la Comisión de Paz promoví durante el último año acciones que permitan alcanzar la paz completa y la reconciliación, y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en este campo. En mi defensa férrea de los Acuerdos, en el ámbito de los derechos de líderes sociales, presenté una iniciativa que busca la reforma del Código Penal para frenar el asesinato de líderes y lideresas sociales, ambientales, de poblaciones indígenas y campesinos procurando que las investigaciones que se hacen desde la Fiscalía General de la Nación puedan llegar a la responsabilidad de quienes ordenan estos crímenes.
El Gobierno colombiano ha planteado la tesis de que la muerte violenta de los líderes sociales obedece al narcotráfico, con lo cual se ocultan varias realidades: una lucha intensa por la tierra, la verdad de las víctimas y las responsabilidades.
Frente a la meditada intervención militar adoptada por el gobierno de Iván Duque, que ha incorporado el relevo de autoridades civiles por medio de la imposición ejecutiva de alcaldes e incluso gobernadores militares en municipios o regiones rurales, he librado el control político y la defensa jurídica. Lo hice contra la posibilidad de que las autoridades militares y de Policía coadministren con las autoridades civiles el orden público y se propicie un escenario proclive a que ocurran, no solo graves violaciones a los DD.HH., sino que se constituya una elusión al régimen de requisitos y limitaciones constitucionales que crea regímenes militares en regiones del país, normaliza el terrorismo de Estado (ejecuciones, desapariciones y tortura) y da vía libre al paramilitarismo urbano.
Ante esta amenaza de “golpe de Estado” denuncié penalmente al ministro de Defensa, Diego Molano, por violar el artículo 22A de la Constitución Política, que prohíbe expresamente la creación, promoción, instigación, organización de grupos paramilitares o de operaciones encubiertas de las FFMM o de la Policía. Este mismo modelo de control de la población rural impuesto por el gobierno de Iván Duque, produjo en las últimas dos décadas del siglo XX las incursiones y el dominio territorial de los ejércitos paramilitares que, como se sabe, sirvieron al despojo a campesinos de millones de hectáreas de tierra, a la persistencia del narcotráfico, así como a la depredación y destrucción medioambientales.
En relación con este último fenómeno, Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en las estadísticas de asesinatos de líderes y lideresas de la causa ambiental y tiene una situación considerable en materia de los efectos del cambio climático. Por estas razones, como integrante de la Comisión Segunda de Senado -que atiende el control político sobre relaciones internacionales de Colombia- he insistido ante la comunidad internacional en la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, que permitirá conocer qué hay detrás de cada una de las explotaciones y exploraciones de recursos, especialmente mineros y energéticos, y entender bien cuáles son los objetivos estratégicos que se persiguen, cómo afectan a las comunidades y qué impacto tienen sobre el medio ambiente.
Ante los impactos causados por los proyectos carboníferos a gran escala en el Caribe colombiano, impulsé la instalación de la Comisión Accidental para realizar seguimiento y verificación a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional sobre la actividad minera en esta región del país. Así como para ejercer el control político a las decisiones que se adopten frente a sus impactos y sobre los compromisos que existen para el Ejecutivo en materia del cambio climático.
En cuanto a la evidencia sobre los elevados riesgos del uso del glifosato para la salud pública, fui coautor del proyecto de ley que tiene por objeto preservar la vida, la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional frente a los riesgos que representa la fumigación aérea en la implementación de la Política Nacional de Drogas -componente de lucha contra las drogas ilícitas-. Igualmente fui citante del debate de control sobre “la Política de Erradicación Forzada de Cultivos de Uso Ilícito y las violaciones a derechos humanos cometidas contra las comunidades por parte de la fuerza pública, y en el marco de la pandemia por Covid-19”.
Este debate condujo a la creación de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Política de Drogas que fue instalada el 15 de octubre de 2020.
En el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, junto con otros senadores de la República presenté dos proyectos de ley: el primero busca garantizar un programa universal de vacunación, inmunización y tratamiento que reduzca la mortalidad ocasionada por la pandemia, a través de la garantía por parte del Estado y de los actores que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente, de la prestación de todos los servicios necesarios para su prevención, detección temprana, vacuna y tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo. El segundo busca ampliar el recaudo necesario para mitigar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia en Colombia.
En este sentido, impulsé una serie de medidas políticas y económicas a favor de las mujeres, que compensen los efectos de la crisis en el empleo, la pérdida de sus ingresos y el deterioro de sus niveles de bienestar ocasionados por la emergencia sanitaria. En particular, para las trabajadoras informales, las trabajadoras domésticas, las mujeres sin ingresos propios, que viven en hogares en situación de pobreza y las que tienen personas dependientes a cargo.
En cuanto a los trabajadores de la salud, promoví el proyecto para que toda vinculación de los trabajadores de este sector se haga mediante contrato laboral de trabajo y/o relación reglamentaria, por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Salud y Empresas de Transporte Especial de Pacientes, sean públicas, privadas, mixtas, comunitarias o solidarias.
De igual forma, solicité al Gobierno Nacional destinar, a través del Ministerio de Cultura, un billón de pesos, financiado con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para entregar ayudas periódicas y garantizar el pago de afiliación al sistema de seguridad social de artistas, creadores y gestores culturales, mediante criterios de focalización sectorial y territorial. Igualmente, parte de estos recursos, podrían ser destinados a subsidiar el pago de arriendos y/o nóminas de salas de teatro y museos en el país.
El mal manejo gubernamental de la pandemia, el incremento de la pobreza, el desempleo y, en general, el deterioro de las condiciones sanitarias y de vida de la población han generado insatisfacción general en los colombianos. Esto, sumado al anuncio del Gobierno de un nuevo proyecto de reforma tributaria regresiva, provocó que organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos y la ciudadanía en general convocaran la jornada de Paro Nacional, que ha derivado en una crítica situación de violaciones de DD.HH., de abuso policial y uso excesivo de la fuerza, no vista desde hace décadas en Colombia.
Debido a estos hechos recientes de abuso de la fuerza pública en el contexto de las multitudinarias movilizaciones pacíficas que se han presentado, lideré el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano. Con toda clase de documentos y argumentos demostré la responsabilidad política del ministro de la Defensa frente a la irrupción del paramilitarismo urbano en Colombia.
Junto con organizaciones sociales, no hemos cesado en la defensa de las garantías para la movilización social y, en denunciar a los máximos responsables de la cadena sistemática de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes y grupos de la Fuerza Pública en Colombia desde el pasado 28 de abril hasta la fecha. Por cuenta de esta equívoca política de defensa y seguridad nacional, que pone en riesgo los derechos y libertades de los habitantes del territorio colombiano, en su momento, también cité a debate de moción de censura a Carlos Holmes Trujillo, entonces ministro de Defensa Nacional.
Por estas y otras razones, he promovido la reestructuración de las Fuerzas Militares, de la Policía, de las agencias de seguridad, que debe comenzar por el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Ante los graves hechos de corrupción al interior de las FF.MM., espionaje ilegal y la cuestionable forma en la que los militares son ascendidos sin asumir ninguna responsabilidad al ser incluidos en investigaciones penales, presenté dos proyectos de ley que buscan regular el sistema de ascenso de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y el uso excesivo de la fuerza en la movilización social.
Esta reforma a las FF.MM. también contempla modificar la Ley 1621 de 2001 que se encarga del sistema de Depuración de Datos y Archivos de inteligencia y contrainteligencia con el fin de que haya una explícita colaboración con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con el propósito de que se suministre información que conduzca a la verdad y memoria del país.
En este sentido, además, he ejercido el control político demostrando que la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica pone en riesgo el papel de esta institución en la construcción de memorias negacionistas que deja de lado a las víctimas del conflicto armado. En consecuencia, insté a organismos internacionales que evalúen el curso actual de la política de memoria y se garanticen los procesos que por años se han construido con las víctimas hacia la reparación integral.
Durante este último año, como congresista del Polo he hecho un esfuerzo permanente por la reivindicación de una auténtica democracia para un país que adolece de ella. En este esfuerzo, lideré el debate de control político sobre la composición y falta de depuración del Censo Electoral, que habría afectado gravemente el ejercicio de la democracia en el país y los resultados de la consulta anticorrupción. Producto de este debate se presentaron y aprobaron en plenarias de ambas cámaras 4 proposiciones para incorporar nuevas disposiciones al Código Electoral.
De igual forma, cité el debate de control político sobre la “injerencia de Colombia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América”. El tiempo nos dio la razón, la injerencia del Centro Democrático en las elecciones presidenciales de los EE. UU. hizo daño a las relaciones bilaterales de nuestro país. Bajo el gobierno del presidente Iván Duque, Colombia pasó de ser el país que simbolizaba la búsqueda de la paz en el mundo, a ser el país que lidera una política exterior muy peligrosa orientada a promover iniciativas que nos acercan a un conflicto armado internacional, que buscan socavar el proceso de paz en Colombia y que han propiciado la inclusión de Cuba, garante de procesos de paz, en la lista de países que toleran el terrorismo.
Como contribución a la búsqueda de soluciones frente a los continuos ataques a la paz, en compañía de otros congresistas adelantamos el debate de control sobre acciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez contra el proceso de paz en Colombia y sus ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este debate dejó en evidencia cómo Martínez violó el principio de no intervención que consagra el artículo 9 de la Constitución: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos’”.
De lejos, Colombia hoy es el país que simboliza la violencia represiva en el mundo. Ha sido total mi compromiso para cerrar el paso a las fuerzas políticas que desean destruir lo conquistado y volver al pasado de violencia. Como congresista del Polo Democrático Alternativo, continuaré trabajando por una auténtica democracia en Colombia con ejercicio de derechos humanos, equidad social y paz completa.
Compromisos adquiridos en campaña y cómo fueron desarrollados en la legislatura 2020-2021:
- PAZ INTEGRAL, ESTABLE Y DURADERA
Durante esta legislatura realicé acciones dirigidas a que se implemente el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno Nacional y la desaparecida guerrilla de las FARC-EP, en especial, a que se preserve, se desarrolle y se cumpla de buena fe lo pactado, en los seis puntos del Acuerdo.
De igual manera, dirigí mis esfuerzos a que se avance hacia la reconciliación y reconstrucción del país y hacía la consolidación de una paz total y definitiva para Colombia, que contemple: i) la implementación integral del acuerdo Gobierno – FARC; ii) el reinicio de conversaciones y acuerdo con el ELN; iii) la reincorporación de los grupos disidentes, y el sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares y bandas criminales.
En mi calidad de copresidente de la Comisión Accidental de Paz y Posconflicto, convoqué a sesiones de esta célula, en las que se discutieron, entre otros, los siguientes temas: implementación del acuerdo de paz, las recientes denuncias de chuzadas y los asesinatos de líderes sociales en el país; creación de organismo para protección a reinsertados; reanudar diálogos con la guerrilla del ELN y hacer un llamado a que se decrete el cese al fuego de otros grupos armados; hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia; alcances y fines del decreto 601 de 2020, por el cual se asignan unas funciones al alto Comisionado de Paz; así como el manejo y gastos que de parte del Gobierno Nacional se viene haciendo del Fondo de Programas Especiales para la Paz; situación del Cauca. Asimismo, se hizo visita al Catatumbo junto con la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, embajadores europeos y Misión de Verificación de Naciones. Propósitos: reunirse con la comunidad, organizaciones campesinas, iglesias, autoridades civiles y militares y propuesta de acuerdo humanitario que detenga los enfrentamientos y los ataques contra la población civil.
De igual forma, a través de la agrupación Defendamos la Paz, buscamos articular esfuerzos para la consolidación de mecanismos que permitan la construcción de una Paz Total, con lo cual adelantamos foros y encuentros encaminados a establecer un diálogo directo con la ciudadanía y las distintas organizaciones sociales comprometidas con la Paz.
Por lo demás, realicé debates de control político, audiencias públicas y presenté iniciativas legislativas que tuvieron por propósito la defensa y cumplimiento del Acuerdo Final, así como alcanzar la paz total en nuestro país, entre otros, los siguientes:
- DERECHO DE LAS VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS
Realicé acompañamiento y apoyo permanente a los procesos de reivindicación y garantía del goce efectivo de los derechos de las víctimas, de los diferentes actores del conflicto armado interno en Colombia, así como en la defensa de los derechos humanos. Junto con congresistas de la bancada alternativa presenté una iniciativa legislativa para reformar la ley 1448 de 2011 con el objeto de garantizar los derechos de las víctimas y dar cumplimiento al Acuerdo Final.
Asimismo, promoví, junto con la bancada alternativa, que se creen las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, contenidas en el Acuerdo Final, mediante una iniciativa de acto legislativo en el Congreso de la República.
- DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE
Junto a mis otros colegas he realizado una acción permanente por lograr la democratización política, social y económica del mundo rural, la defensa del territorio, la restitución de tierras, la denuncia de la nefasta depredación de nuestros recursos naturales, y la defensa de nuestras fuentes y reservas hídricas.
- POLÍTICA CONTRA TODAS LAS FORMAS CORRUPCIÓN
Dentro del Trámite legislativo apoyé las diversas iniciativas que guardan relación con la Consulta Anticorrupción que promoví. Asimismo, adelanté debates de control político para vigilar las actuaciones del Gobierno Nacional en el manejo de la pandemia que se viene presentando en el país, exhortando siempre por la atención integral de las personas y la eficiencia de los recursos públicos para la atención de la crisis.
- GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, INFANTES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y COMUNIDAD LGBTI
El 20 de julio de 2019 junto a otros congresistas integrantes de la bancada alternativa presentamos dos iniciativas legislativas orientadas a dotar de garantías el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres colombianas. Así, una de las iniciativas buscó generar medidas afirmativas para el acceso de las mujeres jóvenes al mercado laboral que aborden las brechas de desigualdad en el acceso y la permanencia en el empleo. En segundo lugar, el proyecto de ley que reconoce que pese a la importante contribución que hacen las mujeres rurales a la producción de alimentos, la preservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables, permanecen en una situación de desigualdad y exclusión social, política y económica, por ello, consagra una serie de mecanismos de protección y garantías de sus derechos, en aras de superar las brechas de género presentes en el campo colombiano y contribuir a la superación de la pobreza rural.
- DEFENSA A LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN Y A LA SALUD CON CALIDAD.
Como parte de mi compromiso a favor del derecho a la salud en el contexto de la rápida propagación del COVID – 19 convoqué tres audiencias públicas que examinaron las precarias condiciones laborales y de bioseguridad que padece el talento humano en salud. Ante esta situación de desprotección y vulnerabilidad de los trabajadores de la salud y de sus familias, las propuestas y reclamos del personal de salud fueron trasladados al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez a quién se citó a una segunda audiencia para discutir las garantías que el gobierno ofrece a los trabajadores del sector y para que rinda un informe sobre la forma en que el Gobierno Nacional enfrenta la emergencia sanitaria. Por último, se convocó un diálogo con expertos en salud pública y epidemiólogos para discutir la conveniencia de las medidas adoptadas por el Gobierno central en el marco de la emergencia sanitaria, especialmente, la decisión sobre la reactivación económica.
DEFENSA DEL EMPLEO DECENTE Y EL ACCESO A VIVIENDA Y PENSIÓN DIGNA.
En este caso, mi contribución quedó plasmada en el proyecto de ley 137/20 Senado “Por medio de la cual se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015”. Se rindió ponencia positiva al presente proyecto de ley que, tiene por objeto que sea aprobada la convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, la cual es una garantía necesaria e indispensable en su protección de derechos fundamentales.