Así lo confirmó el senador Iván Cepeda, durante una audiencia pública sobre derechos de los campesinos en el Congreso. En días recientes se venció el plazo para que la familia Carranza interpusiera algún recurso contra la Resolución que declaró que 25.939 hectáreas de baldíos del Estado habían sido adjudicadas de manera ilegal.
BOGOTÁ, 30/10/2014. En 2011, en debate de control político, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, denunció lo que a su juicio era una estrategia ilegal de apropiación de tierra por parte de las familias Carranza y Beetar en Puerto Gaitán (Meta), quienes lograron que se les adjudicara tierra por parte de Incoder, a través de una compleja red de testaferrato.
En julio de 2011 la comunidad del Porvenir, integrada por cerca de 80 familias, junto con la Corporación Jurídica Yira Castro y el senador Iván Cepeda, le solicitaron al Incoder la revocatoria directa de 27 adjudicaciones de terrenos baldíos, por haberse entregado a personas que no cumplían con los requisitos como sujetos de reforma agraria en 1992, desconociendo la ocupación de los habitantes del Porvenir, y por haberse producido irregularidades dentro del proceso de adjudicación. Dentro de los 27 adjudicatarios se encontraban trabajadores de la familia Carranza, como el veterinario, un guardaespaldas, y un administrador de sus fincas.
Violando el artículo 72 de la ley 160 de 1994, los adjudicatarios englobaron las tierras en cinco predios: Las Corocoras, El Rincón, Mi Llanura, El Pedregal y Campo Hermoso , a nombre de cinco personas relacionadas con Víctor Carranza y la familia Beetar. Por ejemplo, uno de estos predios se le vendió a Pedro Libardo Ortegón Ortegón, quien de acuerdo con información del diario El Tiempo fue integrante del ala militar del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Otro de estos grandes predios se le vendió a Hugo Armado Bustos, quien se desempeña como administrador de algunas de las fincas que eran propiedad de Víctor Carranza.
Pese a que ninguno de estos predios aparece de manera formal a nombre de la familia Carranza y Beetar, en el territorio, además de las familias del Porvenir, ha hecho presencia la Ganadería La Cristalina, la cual tiene por socios a Juan Beetar Dow y María Blanca Carranza. Juan Beetar es uno de los principales socios del fallecido Víctor Carranza, y han poseído juntos las minas de esmeraldas más importantes del país, tierras y diversidad de negocios. De acuerdo con el libro “El Caso Klein” de Olga Behar, y el libro Víctor Carranza Alias ‘El Patrón’, escrito por Iván Cepeda y el padre Javier Giraldo, Juan Beetar impulsó los cursos de entrenamiento a grupos paramilitares con mercenarios israelíes. Después de la llegada de la familia Carranza en 1986, aseguran los habitantes de la vereda el Porvenir, inició una racha de asesinatos contra los campesinos y se consolidó la presencia de grupos paramilitares, quienes tuvieron como una de sus bases el predio conocido como Caviona.
El 30 de julio de 2014, el Incoder, a través de la resolución 6423, les dio la razón a los accionantes y revocó las 27 adjudicaciones, decisión que hoy se encuentra en firme, ya que ninguno de los demandados interpuso acción de revisión ante el Consejo de Estado. “No obstante, esta buena noticia se ve empañada por el trámite del proyecto de ley de baldíos del Gobierno, que busca crear las zonas de interés de desarrollo rural y económico, y pretende modificar el destino de este tipo de predios, los cuales deben estar dirigidos a proveer de tierra a quienes carecen de ella”, señaló el senador Cepeda.
Ahora, el Gobierno Nacional deberá emprender la recuperación material de las tierras, lo que implica sacar a la Ganadería la Cristalina de ella, y decidir si las más de 25 mil hectáreas serán tituladas a las 80 familias del Porvenir que las han ocupado durante más de 45 años.
EN ADJUNTO, RESOLUCIÓN 6423 DEL INCODER.
OFICINA DE PRENSA HS IVÁN CEPEDA CASTRO