Así lo aseguró el senador Iván Cepeda sobre el proyecto de Ley 133 de 2014, radicado por el Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes. Indicó que la iniciativa solo beneficia a las empresas acumuladoras de baldíos adquiridos de manera ilegal e incluye un paquete de ventajas económicas para las empresas acumuladoras que se financiarán a través del Fondo de Desarrollo Rural y Económico e Inversión de los recursos.
BOGOTÁ, 12/10/2014. Para el senador Iván Cepeda, resulta incongruente que mientras el Gobierno Nacional instalaba la Mesa de Negociación con la Cumbre Agraria, el mismo día radicaba el proyecto de ley 133 de 2014 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994”.
Según el congresista, esta iniciativa está hecha a la medida de los empresarios que actuando de manera ilegal y con argucias jurídicas, acumularon tierra originalmente adjudicada como baldíos, en contravía de la ley 160 de 1994. “Muchos de los casos de acumulación ilegal han sido denunciados por el Polo Democrático, especialmente por el exrepresentante Wilson Arias, el senador Jorge Robledo y por mi oficina, como los que involucran al Grupo Mónica Colombia, Cargill, Río Paila Castilla, Argos, Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo-Corficolombiana, la fam
El proyecto de ley crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, las cuales se concentraran fundamentalmente en la Altillanura. En esta región, los denominados gestores de proyectos asociativos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (empresas agrícolas, forestales o ganaderas que decidan adelantar proyectos asociativos con campesinos o con asociaciones de campesinos) “podrán adquirir o recibir en aporte predios inicialmente adjudicados como baldíos, sin que les sea aplicable la restricción prevista en el inciso noveno del artículo 72 de la Ley 160 de 1994”.
“Es decir, una norma que debería tener un carácter general, en la práctica tiene nombre propio, al beneficiar a quienes han realizado grandes inversiones de dinero especialmente en la Altillanura, y que producto de las denuncias que se han realizado, hoy tienen sus inversiones en peligro. Esta iniciativa no implica una redistribución de la tierra de propiedad del Estado, por el contrario permitirá legalizar la concentración de la tierra en manos de grandes empresarios, afecta la restitución de tierras y acabará con la Unidad Agrícola familiar. Es una contrareforma agraria y un golpe al campesinado, teniendo en cuenta que el 52 por ciento de la propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población“, recalcó el legislador.
El congresista advirtió que el proyecto también estipula la creación de un Fondo de Desarrollo Rural y Económico e Inversión a donde irán los recursos obtenidos de los contratos de concesión, y los obtenidos de los contratos que no tienen por objeto la tradición del dominio de los bienes baldíos, con los denominados gestores de las zonas, los cuales serán invertidos en los proyectos de desarrollo rural vinculados con los proyectos asociativos de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico. Es decir, que son las mismas empresas las que al final resultarían beneficiadas con los recursos que le paguen al Incoder por el uso que hagan de los baldíos, “lo que se constituiría en una especie carrusel de beneficios económicos para las empresas“.
“Contrario a un avance en la creación de condiciones para la aplicación del preacuerdo en La Habana sobre desarrollo rural, a la búsqueda de una reforma agraria rural integral, y a la atención de las demandas del movimiento campesino reunido en la Cumbre Agraria, que plantea la urgencia de democratizar la propiedad y modificar la actual concentr