BOGOTÁ, 13/08/2014. Al cumplirse 20 años del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, su hijo, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, le pidió al Legislativo que se instale una placa conmemorativa en el Capitolio Nacional, que contenga los nombres de los congresistas desaparecidos en el genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica UP.
“Es pertinente que el Congreso les rinda homenaje a los congresistas que fueron asesinados, especialmente cuando se discute en la mesa de conversaciones de La Habana la manera como serán honrados los derechos de las víctimas del conflicto”, afirmó el legislador.
El congresista recordó que el pasado 29 de mayo, la Fiscalía declaró el asesinato de su padre como crimen de lesa humanidad y recalcó la necesidad de mostrar el compromiso del Congreso de la República y del Estado colombiano, de contribuir a la preservación de la memoria histórica, y de evitar que estos crímenes atroces se repitan.
La placa llevaría inscrito el siguiente enunciado: “En honor a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y en honor a su bancada parlamentaria. Nunca más el genocidio político en Colombia”.
A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO DE LA PROPOSICIÓN:
Proposición
El pasado sábado 9 de agosto se conmemoraron 20 años del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador de la República por la Unión Patriótica y por el Partido Comunista Colombiano.
El senador Cepeda Vargas fue asesinado por miembros del Ejército Nacional y por paramilitares, como quedó establecido en distintas sentencias de la justicia nacional y en la sentencia internacional proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el casoManuel Cepeda vs. Colombia de junio de 2010, por disposición de la cual el 9 de agosto de 2011 el Estado colombiano a través de su gobierno hizo acto de reconocimiento de responsabilidad y de solicitud pública de perdón. El caso Cepeda fue declarado por la Fiscalía General de la Nación como crimen de lesa humanidad, y forma parte del genocidio político que se ha venido perpetrando en Colombia contra la UP y el Partido Comunista. Con este asesinato se consumó la eliminación física de la bancada parlamentaria de esos movimientos políticos a mediados de la década de 1990. Nada puede ni debe justificar estas acciones criminales de persecución política que han comenzado a ser reconocidas como tales por la sociedad colombiana.
Dadas estas circunstancias, solicito a la plenaria del Senado de la República sea instalada, a la mayor brevedad y en un sitio del Capitolio Nacional, de acceso y visibilidad públicos, una placa conmemorativa en honor no sólo al senador Cepeda, sino a los otros seis congresistas de la UP asesinados y, en general, en honor a las víctimas de ese movimiento político. El texto de la placa conmemorativa deberá contener los nombres de los siete congresistas, el nombre del movimiento político al que pertenecieron, así como la fecha y el lugar en los que fueron asesinados, de la siguiente manera:
1. Leonardo Posada Pedraza. Representante a la Cámara por Santander, asesinado en Barrancabermeja el 30 de agosto de 1986.
2. Pedro Nel Jiménez. Senador, asesinado en Villavicencio el 1º de septiembre de 1986.
3. Pedro Luis Valencia Giraldo, Representante a la Cámara por Antioquia, asesinado en Medellín el 11 de agosto de 1987.
4. Octavio Vargas Cuéllar, Representante a la Cámara por Guaviare, asesinado en ese departamento el 14 de diciembre de 1987.
5. Henry Millán González, Representante a la Cámara por Caquetá, asesinado en la plaza de Mercado de Florencia el 7 de diciembre de 1993.
6. Octavio Sarmiento Bohórquez, Representante a la Cámara por Arauca, asesinado después de haber finalizado su período como legislador, en la vereda Los Aceites del municipio de Tame el 1º de octubre de 2001.
7. Manuel Cepeda Vargas, último senador electo por la UP, asesinado en Bogotá el 9 de agosto de 1994.
Además, en la placa deberá quedar contenida la siguiente inscripción: “En honor a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y en honor a su bancada parlamentaria. Nunca más el genocidio político en Colombia”.
Este acto simbólico tiene el objetivo de mostrar el compromiso del Congreso de la República y del Estado colombiano de contribuir a la preservación de la memoria histórica, de evitar que estos crímenes atroces se repitan, de asegurar que en lo sucesivo se les brinden todas las garantías tanto a la oposición como a las minorías políticas en nuestro país, y de velar para que nunca más se recurra a la violencia como forma de acallar a un movimiento político.
Más de 5 mil personas que pertenecieron a la UP fueron víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y exilios; situación por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió en 1997 la demanda interpuesta por la Corporación Reiniciar junto con la Comisión Colombiana de Juristas, sin que hasta el día de hoy exista solución amistosa para este caso sin precedentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En 2002, se le retiró la personería jurídica a la UP. Gracias a la perseverancia de los sobrevivientes de la colectividad ésta fue reintegrada por el Consejo de Estado en mayo de 2014, mediante una decisión en la que se ordenó también que el restablecimiento del estatuto legal del movimiento se mantenga hasta las elecciones legislativas del año 2018.
En diciembre de 2012, magistrados del sistema de Justicia y Paz establecieron que los asesinatos que cometieron paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en contra de la Unión Patriótica constituyen un genocidio de carácter político[i].
Cordialmente,
IVÁN CEPEDA CASTRO.
Senador de la República PDA.