A través de distintas comunicaciones al ministerio de Minas, a la Fiscalía General y a la Cancillería, el senador Iván Cepeda presentó elementos sobre las relaciones comerciales de la empresa AngloGold Ashanti y de la compañía chilena Agrícola de la Sierra, con los hermanos Santiago y Pedro David Gallón Henao. Con respecto a la AGA, en lo que tiene que ver con su proyecto minero Gramalote, ubicado en jurisdicción de San Roque y Yolombó, en Antioquia. Los Gallón Henao fueron incluidos recientemente en la denominada Lista Clinton, por su participación en narcotráfico, lavado de activos, extorsión y asesinato por encargo para la Oficina de Envigado, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
BOGOTÁ, 03/07/2015. El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, les solicitó al ministro de Minas, Tomás González y a la directora de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez, que estudien la posibilidad de suspender el proyecto de explotación de oro desarrollado por la compañía AngloGold Ashanti en el nordeste de Antioquia, denominado Gramalote.
Este proyecto, según la AngloGold Ashanti, hace parte de una alianza entre dicha compañía con el (51%) y B2GoldCorporation (49%), el cual se espera sea el primer proyecto de minería de oro a gran escala en Colombia. En la actualidad la AGA tiene 47 predios en la zona (46 en San Roque y uno en Yolombó), incluyendo la antigua Hacienda Guacharacas, que fue propiedad de Álvaro Uribe y su familia, y luego vendida a una empresa de los hermanos Santiago y Pedro David Gallón Henao.
Según datos oficiales allegados a la oficina de Cepeda, la AngloGold a través de Gramalote Colombia Limited, debe esclarecer la situación de, al menos cuatro predios que tiene en la zona: dos que hacen parte de lo que antiguamente fue la Hacienda Guacharacas, el predio Majagual que involucró en las transacciones a los Gallón Henao y uno adicional denominado La Batea, por encontrarse actualmente ante los jueces de restitución de tierras, y el cual incluyó en su transacción a Juan Guillermo Villegas Uribe, quien también ha sido señalado de vínculos con el paramilitarismo.
En el caso del predio conocido como Majagual, se comprobó que este fue propiedad de la empresa Clamasan SAS, empresa de los Gallón quien transfirió el predio a Gramalote, por medio de una fiducia mercantil en la cual se estipulaba el traspaso del dominio el 26 de marzo de 2015, momento en el cual Gramalote sería el único beneficiario de la fiducia. Al 26 de junio de este año, al consultar en el Registro de Instrumentos Públicos, aún permanecían ambas compañías como beneficiarias de la fiducia. Es importante recordar que Clamasan fue beneficiada por el gobierno de Álvaro Uribe a través del programa Agro Ingreso Seguro AIS, al recibir $143.612.640 en 2007, bajo la figura de Incentivo a la Capitalización Rural ICR.
El congresista Cepeda recordó que AngloGold Ashanti, una de las principales financiadoras de la campaña del Centro Democrático al Congreso de la República, fue la empresa que recibió una mayor cantidad de concesiones mineras en el país durante el gobierno de Uribe Vélez, alcanzando un total de 269 títulos durante sus dos gobiernos. Sus principales proyectos en el país son aquellos conocidos como La Colosa Regional en el Tolima y Gramalote en Antioquia. El proyecto Gramalote tuvo en sus inicios como representante legal, y luego como director operativo a Julián Villarruel, quien se desempeñó como gerente de Ingeominas entre febrero de 2005 y marzo de 2007, es decir, durante el gobierno de Uribe Vélez.
Para el senador Iván Cepeda, “es necesario que se investigue en detalle el proceder de AngloGold frente a este proyecto en San Roque y se establezca si en las concesiones mineras otorgadas por el gobierno de Uribe Vélez se devela la existencia de un posible tráfico de influencias”.
También extendió una solicitud a la Cancillería para que de acuerdo con las competencias de ese ministerio, la información concerniente a las empresas de los Gallón Henao, Clamasan y Guisanes, sea remitida a la embajada de Colombia en Estados Unidos y de allí al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para que se estudie la posibilidad de incluir a estas sociedades en la denominada Lista Clinton.
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PRENSA S. IVÁN CEPEDA CASTRO