Iván Cepeda denunció a Álvaro Uribe por los presuntos delitos de hostigamiento e instigación a delinquir

Tras el llamado de Uribe Vélez a la fuerza pública para hacer uso de las armas durante las movilizaciones del Paro Nacional, hasta el día 4 de mayo, ocurrieron por lo menos, 17 homicidios y 42 personas han resultado heridas, en su mayoría jóvenes. También han disparado contra defensores de DD. HH y la misión de verificación de la ONU.

Aunque el Gobierno Nacional retiró el proyecto de reforma tributaria, una de las razones fundamentales de la movilización, los reclamos contra el gobierno Duque persisten dada la grave situación económica, social y de derechos humanos que vive el país.

Bogotá, 06 de mayo de 2021.- La denuncia radicada por el senador Iván Cepeda, detalla en 42 páginas por qué, el exsenador Álvaro Uribe habría cometido delitos, al alentar a los miembros de la fuerza pública para que hagan uso de las armas y repriman las movilizaciones que se han mantenido y extendido por el territorio nacional desde el 28 de abril hasta la fecha.

La denuncia asegura que el llamado público de Uribe Vélez, no solamente es abiertamente ilegal, por cuanto desconoce principios internacionales en materia de derechos humanos, sino también, disposiciones normativas adoptadas por el Gobierno Nacional, como el decreto 3 de 2021 expedido por el presidente Duque, en el que se prohibió expresamente que el personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas haga uso de armas de fuego.

Pero no solo eso, el documento enlista una serie de declaraciones de Álvaro Uribe dirigidas a la fuerza pública en las que reproduce la estigmatización, la criminalización de la protesta social y hacer ver las manifestaciones como simples actos de vandalismo que deben ser reprimidos, alentándolos para que hagan uso de las armas.

“Las publicaciones hechas por Álvaro Uribe Vélez más allá de denunciar actos de vandalismo y agresiones contra la fuerza pública y los ciudadanos, tienen el evidente propósito de generar en el imaginario público que las protestas son sinónimo de vandalismo y violencia, así como de estigmatizar al Comité Nacional del Paro, a las movilizaciones, a los manifestantes y a sectores de la ésfera política del país, en particular, a la izquierda, incluso, mediante afirmaciones calumniosas y falaces, hechas y/o réplicadas por Uribe Vélez”.

La denuncia del senador Iván Cepeda, insiste en que las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, se dan en medio de un clima de violencia sistemática contra los jóvenes, personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, que se encuentran en absoluta impunidad, y como paso previo de hechos de violencia y múltiples abusos que han cobrado la vida de decenas de personas, en una clara vulneración a la Constitución Política, la Convención Americana de derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cepeda también refiere en el documento, la publicación de Uribe Vélez del pasado 30 de abril que fue suspendida por la propia red social Twitter, al considerarla que se trataba de una “glorificación de la violencia”: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Señala la denuncia que el mensaje reviste extrema gravedad, no solo por su contenido sino por el contexto en el que se produce “(…) va dirigido no solamente a quienes han cometido, en efecto, acciones vandálicas, sino, de manera indiscriminada, contra quienes se han manifestado en el territorio nacional, de manera pública y pacífica durante el paro nacional”.

“Pocas horas después del mensaje de 30 de abril, publicado por Álvaro Uribe Vélez, distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de armas de fuego por parte del personal de la Policía encargado de atender las movilizaciones sociales. En total, desde las 8:51 a.m. del 30 de abril hasta el día 4 de mayo, ocurrieron, por lo menos, 17 homicidios y 42 heridos por el impacto de armas de fuego. Cabe aclarar que el número puede ser mucho mayor, pues ni la Defensoría del Pueblo ni la Policía Nacional han emitido un informe con cifras consolidadas sobre heridos y fallecidos en el marco de las protestas sociales”, concluye la denuncia.