El senador Iván Cepeda pide a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios que vigile el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado en el caso de la “Ventanilla Minera”
El senador del Pacto Histórico indica que podría haber un incumplimiento “de facto” de la decisión del Alto Tribunal Administrativo en caso de que Agencia Nacional Minera (ANM)
Bogotá, D.C., 12 de diciembre de 2022. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, le hizo un llamado al procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, para que vigile el cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado sobre la “Ventanilla Minera”. Particularmente en lo referido al mejoramiento de la plataforma digital de la Agencia Nacional Minera (ANM) –Anna Mineria, lo anterior “en defensa de los intereses de la sociedad” y “en consideración de la necesidad de proteger los intereses colectivos, en especial, el ambiente”.
Cepeda se refiere a un oficio que la Procuraduría Delegada dirige a la ANM, en el cual señala que la autoridad minera excedió lo ordenado por el Consejo de Estado, al suspender la recepción de solitudes de contratos de concesión y de concesión diferencial, ya que la plataforma tecnológica Anna Minería no está temporalmente disponible.
El senador del Pacto Histórico aclara que precisamente no está disponible “en atención a los ajustes tecnológicos que la ANM realizará para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en la referida providencia judicial”.
Precisamente, indica Cepeda, lo que advierte el Consejo de Estado es que el Sistema Integral de Gestión Minera (Anna Minería) “carece de información suficiente para evaluar y resolver el otorgamiento de títulos mineros de manera armónica con la legislación ambiental”. Situación que está relacionada con el rezago que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “al momento de definir y delimitar las áreas protegidas y las zonas restringidas y excluidas de la minería”.
Esta situación ha dificultado la gestión del Ministerio de Minas y Energía “en la toma de decisiones que respeten las determinantes ambientales y respondan a los contextos territoriales particulares”, dice el senador del Pacto Histórico.
En esa circunstancia, lo que ordena el Consejo de Estado es mejorar la plataforma Anna Minería, por la falta de información actualizada, unificada y en tiempo real de los títulos mineros.
Por eso, en la carta al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Cepeda dice: “(…) considero que la Resolución VCT No. 545 del 25 de octubre de 2022, expedida por la Agencia Nacional Minera -ANM, en la que la autoridad “acoge y acata el fallo judicial proferido por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2022 (…)”, no es contraria a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano”.
Además, con respecto al oficio de la Procuraduría a la ANM, el senador recalca que “las solicitudes de concesión de títulos mineros no pueden ser tratadas como un derecho fundamental, aún más cuando las órdenes judiciales se dictan para proteger derechos colectivos que vienen siendo sistemáticamente vulnerados”.
Recuerda Cepeda que hace 10 años, junto con líderes, lideresas y organizaciones ambientales, presentó una acción popular “para proteger áreas de importancia ambiental frente a la titulación minera”, en vista de la vulneración de derechos colectivos, como “el goce de un ambiente sano, la existencia de equilibrio ecológico, y la seguridad y salubridad pública”.
El pasado 4 de agosto, en la referida sentencia, el Consejo de Estado concluyó que las políticas estatales le han dado mayor importancia a la explotación minera que a la conservación ambiental. En el fallo, el Alto Tribunal señala que deben ser abordados integralmente los impactos ambientales derivados o relacionados con la minería. Además, que debe haber una coordinación eficiente entre las autoridades involucradas en el proceso de otorgamiento de contratos de concesión minera.
Por otra parte, se insiste en que el Estado tiene un rol principal en la protección de la diversidad e integridad del ambiente y tiene la obligación de conservar las áreas de especial importancia ecosistémica.
Asimismo, dice Cepeda en la carta al Procurador Delegado, que la sentencia del Consejo de Estado “reconoce que las empresas mineras tienen el derecho de realizar su actividad económica y ejercer su iniciativa privada de manera libre, no obstante, establece que deben ejercerlo dentro de los límites del bien común” y “protegiendo el ambiente”.
Manifiesta el senador que lo expuesto por el Alto Tribunal “permite concluir que los intereses particulares no pueden estar por encima del ejercicio de los derechos colectivos y de los mandatos constitucionales”.