| En debate citado con el senador Jorge Enrique Robledo y con el representante Wilson Arias, el representante a la Cámara Iván Cepeda expuso algunos de los mecanismos ilegales utilizados por Víctor Carranza para apropiarse, concentrar y especular con la tierra en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), entre otros hechos fraudulentos.BOGOTÁ, 29/05/12. Durante el debate de control político, el representante Iván Cepeda exhortó al Gobierno Nacional para que responda por qué no existe un sistema de información que contenga los datos de los grandes terratenientes y de los conglomerados que han despojado y concentrado las tierras en Colombia. Denunció que uno de esos terratenientes que viene acumulando tierras a través de mecanismos ilegales es Víctor Carranza, quien posee alrededor de 24 mil hectáreas de baldíos indebidamente ocupados y cerca de 41 mil hectáreas que han sido objeto de procesos de apropiación, acumulación y especulación en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).Según el representante, y de acuerdo con la información facilitada por la Superintendencia de Notariado y Registro, se trata de una matriz que consiste en varias etapas que van desde el control territorial por parte del grupo paramilitar Los Carranceros, la adjudicación de baldíos de la nación a personas sin arraigo en la región y que no demuestran ocupación de las tierras, posterior englobe de los predios y traspaso a testaferros, y negocios especulativos con las tierras como en el caso de la empresa La Fazenda. Incluso, conforme a los documentos proporcionados por la Superintendencia, se pudo corroborar que algunos de los firmantes de los englobes corresponden a personas muertas. De acuerdo con la anterior información, el congresista solicitará la revocatoria directa de la resolución mediante la cual se les reconoce propiedad a los testaferros de Carranza y él mismo, sobre baldíos de la nación. ARGOS Y EFROMOVICH El congresista también les pidió a las autoridades resultados sobre las denuncias hechas en pasados debates en cuanto a casos de despojo y de irregularidades en compras masivas de tierras por parte de grupos empresariales. En este sentido, le exigió una respuesta al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre cómo va el proceso que adelanta el Incoder de recuperación de 1.500 hectáreas del empresario Germán Efromovich en la antigua hacienda Bellacruz, y que explique en qué consisten las alianzas público-privadas que se vienen desarrollando entre el ministerio y la empresa Argos en los Montes de María. Cepeda anunció que le dirigió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitando que ese organismo se abstenga de considerar como participante activo del Pacto Mundial al Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, por considerar que no cumple con los principios exigidos como el del respeto a los derechos humanos, ya que en este proyecto no solo participa Efromovich a través de la Dolce Vista, sino que dentro de sus socios se encuentra la familia Marulanda, reconocida por sus vínculos con los grupos paramilitares de la región. Lo mismo había hecho el congresista en octubre del 2011 con respecto a Cementos Argos y los beneficios de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), que le permiten participar en el mercado de venta de bonos por captura de CO2 en el escenario internacional. Igualmente, el congresista y defensor de derechos humanos puso en conocimiento de las autoridades las recientes denuncias de campesinos sobre la conformación de un ejército de aproximadamente 1.000 personas para impedir la restitución en Montes de María. |
