COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El día de ayer, 27 de junio de 2020, fue asesinado el joven campesino y líder comunitario del municipio de Teorama, Norte de Santander, SALVADOR JAIME DURÁN. De acuerdo con la versión de la comunidad, seis miembros del Ejército Nacional, pertenecientes al Comando Operativo Energético N. 1, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército, serían los presuntos responsables de este homicidio.
Este hecho se suma a otras situaciones de violencia ocurridas en el Catatumbo durante las últimas semanas: el asesinato de por lo menos 5 líderes sociales y de un firmante de la paz de las Farc. Dichas acciones criminales han sido cometidas en una de las regiones del país con mayor presencia de efectivos del Ejército Nacional, en donde pese a haber sido declarada una “Zona Futuro”, la prometida seguridad no llega y, por el contrario, se deteriora de forma creciente.
El asesinato de Salvador Durán ocurre nueve días después del arribo a Norte de Santander de por lo menos 10 militares estadounidenses adscritos a la SFAB, una brigada de élite del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que ha hecho presencia en otras partes del mundo, y en los que se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos.
El pasado 10 de junio, senadores de la oposición realizamos un debate de control político en el que advertimos que las zonas en las que debía implementarse el Acuerdo de Paz se transformaron en teatros de confrontaciones bélicas y continuas violaciones de derechos humanos. Por estas razones, en compañía de organizaciones sociales del Catatumbo y de otras zonas futuro del país en las que hacen presencia las tropas estadounidenses, hemos decidido presentar una acción de tutela para que se protejan los derechos fundamentales de las comunidades y con ello, se ordene la salida de esta brigada extranjera del territorio nacional.
En las últimas 48 horas se han registrado 8 asesinatos de líderes sociales en el país. Por ello, hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que adopte las medidas necesarias para detener este exterminio. La respuesta a estos asesinatos, en ningún caso, puede ser la militarización de los territorios, sino la atención a las demandas históricas de las comunidades, la inversión social y la atención a las economías ilegales como está establecido en el Punto 4 del Acuerdo de Paz.