- El líder de la oposición, Iván Cepeda Castro, en su primer debate de control político de la legislatura, anunció diversas acciones penales y disciplinarias.
- Denunciará en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara a Abelardo de la Espriella por concierto para delinquir por su actuación a favor de narcotraficantes y paramilitares.
- Denunciará al ministro Indalecio Dangond, entre otros delitos, por fraude en resolución judicial, falsedad ideológica en documento público y discriminación y hostigamiento contra el campesinado.
- La información del debate también será remitida a las autoridades de Estados Unidos debido a la nacionalidad estadounidense de De la Espriella.
Bogotá, D.C., 27 de octubre de 2026. El senador, líder de la oposición y excandidato presidencial, Iván Cepeda Castro, presentó una serie de pruebas documentales durante del debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Soportado en folios de matrícula, escrituras públicas, estados financieros y sentencias, Cepeda Castro sostuvo que las instituciones estatales enfrentan una cooptación por parte de una alianza entre el capital mafioso, la propiedad de la tierra y la violencia armada, modelo al que denominó «narcorrentismo».
Con lo anterior sostuvo que las entidades creadas «para quitarle la tierra al narcotráfico y al paramilitarismo y devolvérsela a las víctimas» están hoy dirigidas, «en buena parte, por quienes ayer defendieron, representaron o hicieron negocios con esos mismos sectores», y que en varios casos deciden también «en beneficio de su propio interés».
De acuerdo con las pruebas presentadas en el debate, Iván Cepeda puso en evidencia la existencia de un nexo de De la Espriella con narcotraficantes que trasciende la relación abogado-cliente, con transacciones comerciales y sociedades comunes; las cuales honra desde el gobierno como garante de los intereses de narcoparamilitares.
En ese sentido señaló que la administración de De la Espriella, a través de su ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ejecuta una «contrarreforma agraria» orientada a paralizar la restitución de tierras al campesinado y, en su lugar, agilizar la devolución de predios confiscados a redes del narcoparamilitarismo, modificando el mapa rural en favor de proyectos agroindustriales y de multinacionales minero-energéticas. Esta operación en curso cerraría el proceso de un gobierno al servicio del narcotráfico.
Cepeda, dio a conocer siete casos graves que documentan diez hechos de nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo, ubicando el engranaje operativo de esta captura institucional en el nombramiento de 14 funcionarios en puestos clave del sector agrario; servidores públicos cuya trayectoria registra relaciones profesionales, corporativas o de negocios previas con el bufete privado De La Espriella Lawyers y con el propio ministro Dangond Baquero.
Los documentos detallan que Abelardo de la Espriella —quien se naturalizó ciudadano estadounidense en febrero de 2023— fundó la firma Dominio De la Espriella (comercializadora del Ron Defensor), compañía que recibió cerca del 40 % de sus depósitos de capitalización por parte del entorno familiar y societario de Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”, un ganadero condenado por narcotráfico y por promover grupos paramilitares.
Asimismo, las evidencias constatan que Daniel Peñarredonda, socio de De La Espriella Lawyers hasta julio de 2025, aparece reseñado bajo la condición de «Coconspirador 1» en un expediente de una corte federal de Tampa (Florida, EE. UU.) dentro de un proceso por lavado de activos junto al capo alias ‘Boliche’.
Cepeda también cuestionó la decisión de la cartera de Agricultura de congelar $1.4 billones de pesos destinados a la compra de predios campesinos bajo el argumento oficial de que en el país «sobra tierra». Al mismo tiempo que frena la reforma rural, la gestión de Dangond recorta su presupuesto a la mitad, ordena borrar el término «campesino» y «campesinado» de la normatividad técnica y avanza en la derogación de un millón de hectáreas de protección alimentaria para abrir el suelo a la explotación minero-energética. “Este proyecto pretende eliminar al campesinado, bien sea borrando su identidad o inicialmente tolerando la agresión en contra de los campesinos y campesinas”, afirmó.
Al confrontar al ministro Dangond, el líder de la oposición sostuvo que el funcionario llegó al cargo con el único fin de “ejecutar la contrarreforma agraria al servicio de los despojadores narcotraficantes y paramilitares de la tierra, el capital extranjero, las empresas agroindustriales y mineras de sus amigos y socios de toda la vida. Usted viene a destruir el campo”, puntualizó el senador Cepeda.
El «Narcorrentismo» y la Fórmula de la Impunidad
Iniciando el debate, Cepeda presentó la radiografía de la propiedad rural en Colombia, cuyo índice de Gini se ubica en un crítico 0.89, reflejando que el 1 % de los propietarios concentra el 50 % de las mejores tierras del país. El saldo acumulado de esta violencia histórica registra, a 31 de diciembre de 2025, 14 millones de hectáreas despojadas o abandonadas forzosamente y más de 9 millones de víctimas de desplazamiento forzado.
Para explicar la dinámica, Cepeda Castro revivió el crudo testimonio del exjefe paramilitar Jairo Antonio Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’: «Uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de terceros, legalizando». Cepeda conectó este engranaje con el concepto de «narcoburguesía» acuñado por el investigador Nazih Richani, que identifica a los capos que inyectaron dineros ilícitos en el agro y crearon ejércitos privados para consolidar una acumulación primaria de capital narcorrentista.
De Ralito a la jefatura del Estado: Los antecedentes del mandatario
Durante el debate Cepeda sustentó cómo Abelardo De la Espriella construyó su trayectoria en el núcleo de este entramado. Mientras los comandantes de las AUC negociaban en Santa Fe de Ralito, el hoy mandatario fundó y representó legalmente a la Fundación Iniciativas para la Paz (FIPAZ), organización señalada de ser financiada por capitales del paramilitarismo y el narcotráfico. El senador Cepeda sacó a la luz registros judiciales históricos:
- En 2008, De la Espriella admitió públicamente que «manejaba» a ese grupo de procesados por la parapolítica, entre ellos a José de los Santos Negrete, y reconoció que prestaba sus oficinas privadas para las defensas de jefes criminales como Hebert Veloza, alias ‘Macaco’, y Salvatore Mancuso.
- En 2011, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía investigarlo luego de que el narcoparamilitar Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, lo acusara de exigir $4.000 millones de pesos para «arreglar» ante la Corte Constitucional una tutela con la que los jefes de las AUC buscaban ser juzgados por sedición. El abogado admitió haberle cobrado al ‘Tuso’ $200 millones por un concepto jurídico.
La compra de la Fiscalía de Mario Iguarán y la «Operación Candado»
En el punto más álgido el excandidato presidencial revivió la toma mafiosa de los organismos de control. Apoyado en cables diplomáticos filtrados por Wikileaks y confesiones judiciales, Cepeda expuso que alias ‘Macaco’ recolectó $5.000 millones de pesos entre los jefes de las AUC para comprar e inclinar la elección de Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación en 2005. El objetivo criminal era montar una «operación candado» en la Fiscalía para frenar de tajo la extinción de dominios y proteger las tierras confiscadas al paramilitarismo.
Cepeda Castro demostró que esa red sigue operando: durante su gestión, Iguarán nombró en cargos estratégicos a una socia y a un hombre de confianza de De la Espriella. Dos décadas después, esos mismos nombres asumen el control total del patrimonio público en el gobierno actual: Joaquín Gutiérrez Caballero (exasesor de Iguarán y exjefe de campaña presidencial) ejerce como presidente de Ecopetrol, y Diana Patricia Bravo preside la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El organigrama de la «Puerta Giratoria» Institucional
Continuando el control político, Cepeda develó la configuración de lo que denominó un blindaje estatal absoluto, soportado en el nombramiento de exintegrantes de la firma De la Espriella Lawyers en las agencias públicas con competencia directa sobre los bienes incautados a sus antiguos clientes narcoparamilitares.
- Diana Patricia Bravo (Presidenta de la SAE): Exsocia del bufete presidencial y antigua defensora del procesado Alex Saab. Desde la SAE, lidera la devolución masiva de 138 bienes a la estructura familiar de Hugues Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, jefe de finanzas de las AUC en el Cesar y creador de la Convivir Salguero Ltda. Asimismo, Bravo administra el emporio confiscado al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández (socio financiero de “Marquitos” Figueroa y defendido públicamente por el presidente), cuyos bienes por $480.000 millones un juez ordenó devolver en un fallo apelado por el Estado bajo el radicado único 2019-00151.
- Jensy Johana Osorio Porras (Directora de la Unidad para las Víctimas): Exsocia de la firma presidencial. Controla el Fondo de Reparación que custodia los predios rurales restituidos. Su cónyuge ejerce simultáneamente como director de la DIAN, centralizando la fiscalización de los grandes patrimonios privados.
- Yoly Beatriz Illidge Pimienta (Superintendente Delegada de Notariado): Exesposa del presidente De la Espriella. Tiene a su cargo directo la inspección y vigilancia de todas las anotaciones y registros de tierras que emiten los jueces de restitución en el país.
- Carlos Suárez (Presidente de la Junta de Ecopetrol): Histórico abogado defensor de Salvatore Mancuso y estratega de la campaña del actual mandatario.
- Juan Manuel Noguera Martínez (Director de Acceso a Tierras de la ANT): Funcionario encargado de definir a quién se le entregan los predios de la reforma agraria. Noguera fue secretario de Gobierno de Santa Marta durante la alcaldía de José Francisco ‘Chico’ Zúñiga, condenado por concierto para delinquir tras pactar contratos y recibir financiación del Frente Resistencia Tayrona de las AUC.
Los diez hechos
1. Finca Nueva Jerusalén: negocios, tierras y carbón
En 2013, De la Espriella (ciudadano estadounidense desde 2023) adquirió la finca Nueva Jerusalén (Becerril, Cesar) a la hermana de alias ‘Comandante Barbie’, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, por debajo del precio comercial. El predio Nueva Jerusalén colinda con terrenos despojados y se asienta sobre los títulos mineros de carbón de la multinacional Drummond, cuyos expresidentes fueron acusados por la Fiscalía de financiar al Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC.
2. Entramado comercial: lavado en el Ron Defensor
Cepeda reveló los estados financieros de la empresa Dominio De la Espriella (licorera del Ron Defensor, representada hoy por la cuñada del mandatario), demostrando que la familia del paramilitar condenado Rodríguez Fuentes y su firma Monte Horeb Group aportaron el 40.8 % (2022) y el 38.1 % (2023) de los depósitos monetarios de la compañía.
3. Predio La Alquería y el Circuito Judicial del Fondo de Reparación
Los predios La Alquería, Caja de Ahorros (Valledupar) y La América (Chimichagua) hacían parte de un globo de 138 bienes embargados a la red de Rodríguez Fuentes. Un juez especializado en extinción de dominio ordenó su devolución provisional, pero la ANT logró adquirir de forma definitiva La América y aprehender La Alquería para la reforma agraria debido a que un postulado de las AUC los había entregado formalmente en Justicia y Paz. Cepeda denunció que las familias campesinas adjudicatarias en La Alquería enfrentan hoy amenazas directas por parte de mandaderos de Rodríguez Fuentes, bajo la advertencia de que «el patrón va a recuperar esto sí o sí». El predio constituye un corredor geoestratégico carbonífero y de narcotráfico.
4. La Finca Polonia: El robo de las Ciénagas Nacionales
En marzo de 2008, De la Espriella y su padre compraron la hacienda Polonia (La Mojana, Sucre) por $115 millones de pesos. El título inicial del predio registraba solo 325 hectáreas bajo la modalidad de “falsa tradición”, pero mediante una escritura posterior fue “actualizada” a 392 hectáreas, anexando un excedente de 67 hectáreas sin soporte técnico, las cuales corresponderían a un baldío de la nación. La cartografía del IGAC demostró que el polígono privado encierra 60.9 hectáreas de las ciénagas La Hormiga, pantanos y playones públicos del Caño Rabón. Constitucionalmente, las ciénagas son de la Nación (Art. 63) y su deslinde está en manos de la ANT, manejada por el propio Ejecutivo.
5. La transacción inmobiliaria con Carlos Arturo Vega Pineda
El dossier documental expone una transacción directa realizada en 2020: la constructora de la familia presidencial, Cosenza S.A.S., adquirió un lote en la margen izquierdo del río Sinú (Montería) a nombre de Carlos Arturo Vega Pineda. Vega Pineda es un ganadero de Córdoba investigado formalmente por la Fiscalía por lavado de activos tras registrar un incremento patrimonial injustificado. El senador Iván Cepeda reveló que este vendedor figuró como propietario inscrito, entre los años 2000 y 2007, de cuatro predios rurales en Unguía (Chocó) que pertenecían al excomandante del Bloque Elmer Cárdenas, Freddy Rendón, alias ‘el Alemán’, terrenos vinculados a los macroprocesos de despojo de la Casa Castaño.
6. Mina Walter: Despojo de oro en el sur de Bolívar
En Alto Caribona (Bolívar), una comunidad afrodescendiente explotaba artesanalmente la mina de oro Walter. En 2004, la población fue confinada y secuestrada por alias ‘Cabezón’, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC (bajo el mando de alias ‘Macaco’). La firma De la Espriella Lawyers asumió la representación legal del pleito minero. Posteriormente, la Agencia Nacional de Minería (ANM) desalojó a los mineros tradicionales y otorgó el título a Minecar Gold, empresa donde ingresó como socio Daniel Peñarredonda (socio de la firma del presidente hasta 2025 y hoy reseñado como “coconspirador 1” en la corte federal de Tampa contra el narcoparamilitar alias ‘Boliche’). El representante de Minecar, Olimpo Oliver (compañero universitario de De la Espriella), a solo dos meses de este gobierno ya recibió cuatro nuevos bloques de exploración minera tras aparecer junto al presidente en ceremonias de la Fuerza Pública. Además, las comunidades radicaron una denuncia en su contra por daño ambiental y lavado de activos.
7. El caso de la Hacienda Simba y las mentiras de Indalecio Dangond
El debate escaló al confrontar al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por decretar el congelamiento de $1.4 billones de pesos destinados a comprar tierras campesinas y recortar el presupuesto de la ANT a la mitad. Cepeda exhibió un poder notarial y grabaciones de audio reveladas por la Revista RAYA que demuestran que el ministro actuó en secreto como apoderado de la Comercializadora El Tamaral (propiedad de Wilfredo Anaya). Esta firma se opone a que la hacienda Simba (Sucre) —antiguo fortín de terror de alias ‘Cadena’— sea entregada a familias indígenas Zenú. Los audios develan que Dangond diseñó una propuesta para que la firma privada retuviera la tierra y le cobrara al Estado $43.000 millones de pesos por supuestos proyectos productivos y $800 millones por daño emergente. Dangond había negado tajantemente este vínculo y llamado “mentirosos” a los congresistas en la Comisión Quinta.
8. Baldío de la familia Dangond y el aporte a la campaña
En junio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras estudió tres polígonos de Palmas Oleaginosas de Casacará, empresa de la familia de Silvestre Dangond Lacouture (medio hermano del ministro). Dos de ellos, Centenario 1 (422 hectáreas) y Llerasca (8 hectáreas), no tienen folio y se presumen baldíos, y la ANT recomendó abrir el procedimiento para recuperarlos. Asimismo, el 6 de agosto de 2026, la ANT declaró seis predios de la finca Malágano, propiedad de la familia Dangond hasta 1997, nunca salieron del patrimonio del Estado. Estos se encuentran administrados por la SAE en proceso de extinción contra el ‘Ñeñe’ Hernández y Armando ‘Mandarino’ Gnecco. En 2025 y 2026 la SAE autorizó venderlos anticipadamente, aunque la ANT ya estudiaba si eran baldíos.
9.La Hacienda La Corona y el freno de predios en Urabá
Cepeda documentó del propio Ministerio de Agricultura, cuyo Secretario General es Manuel Alejandro Pretelt Patrón. Pretelt es hijo del exmagistrado Jorge Pretelt Chaljub, condenado por corrupción y defendido históricamente por De la Espriella. El 9 de marzo de 2020, el Tribunal Superior de Antioquia ordenó restituir a los campesinos los predios que la familia Pretelt agrupó ilícitamente en la Hacienda La Corona (Turbo), un territorio despojado contiguo a la base paramilitar La 35. Con ese englobe ilegal, Pretelt obtuvo millonarios créditos de Finagro por $512 y $850 millones de pesos en 2005, periodo en el que el hoy ministro Dangond era secretario técnico de Crédito Agropecuario. El despojo en la región coincidió con el financiamiento estatal del 80 % del proyecto de Urapalma, firma que contó con Abelardo de la Espriella como su abogado defensor. Esta estructura explica por qué el ministerio ha paralizado la adquisición de 123 predios en el Urabá antioqueño (8.742 hectáreas) y 6 predios en el Urabá chocoano (1.384 hectáreas) tramitados ante el Fondo de Reparación.
10. El origen del conflicto de intereses del ministro Dangond
La empresa Palmas Oleaginosas de Casacará, de la familia del ministro Dangond, fue financiadora de su campaña al Congreso en 2022. Según el anexo 6.2B del Consejo Nacional Electoral, registrado en el sistema Cuentas Claras, la empresa realizó siete aportes, donaciones y créditos a la campaña electoral del hoy ministro de Agricultura por un total de $108.879.741.
Acciones legales y consecuencias políticas
Al cierre de la sesión, el senador Iván Cepeda anunció formalmente un paquete de acciones judiciales e institucionales:
- Denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación en contra de Abelardo de la Espriella por presunto concierto para delinquir con el narcotraficante Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’; ; por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión, como consecuencia los eventuales conflictos de intereses derivados de la situación de los predios Nueva Jerusalén, Polonia, Dominio De la Espriella y los nombramientos de exintegrantes de su firma en la SAE, la Unidad para las Víctimas, Supersociedades y la Superintendencia de Notariado; por presunta falsedad ideológica en documento público, por su primera declaración de bienes; por el presunto delito de financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, por apropiación ilegal de baldíos y de ciénegas en el caso de la Polonia; y, como línea de investigación, presunto lavado de activos por el origen de los aportes a Dominio.
- Remisión de toda la información, pruebas y soportes documentales a las autoridades de los Estados Unidos y a congresistas Demócratas, instando a que soliciten a sus autoridades la investigación de los hechos de su competencia, en relación la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella.
- Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Indalecio Dangond, por los presuntos delitos de: fraude a resolución judicial, por incumplimiento del fallo de tutela sobre el campesinado y sustracción a las órdenes de restitución; interés indebido en la celebración de contratos, en las compras de tierras de sus antiguos clientes; prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento privado, frente a los baldíos de la empresa de la familia de su medio hermano y por no declararse impedido; actos de discriminación y hostigamiento (art. 134B) contra el campesinado colombiano.
- Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue por presunto lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, a Soraya Obando Daes, representante de Monte Horeb Group, a Olimpo Oliver Peñaranda y a Carlos Arturo Vega Pineda, así como a los representantes y accionistas de Minecar Gold.
- Queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro Indalecio Dangond por no declararse impedido en los asuntos mencionados en este debate y por incumplimiento de sus deberes frente al campesinado y los pueblos étnicos.
- Queja disciplinaria contra Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE; Jensy Johana Osorio Porras, directora de la Unidad para las Víctimas; Manuel Alejandro Pretelt Patrón, secretario general del Ministerio de Agricultura; Yoly Beatriz Illidge Pimienta, superintendente delegada de Notariado y Registro, y Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, por no declararse impedidas frente a los bienes y procesos en que tienen interés, y contra esta última, además, por omisión de sus funciones frente a los baldíos y los predios de ‘Barbie’.
- Solicitud a la Contraloría General abrir proceso de responsabilidad fiscal contra Eduardo de Praga Benavides Guerrero, Jairo Elías Cruz Pino, y los funcionarios de la SAE por el daño patrimonial causado en la administración de los bienes de Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda. e Inversiones Guatapurí, sociedades de alias ‘Comandante Barbie’.
- Apertura de un proceso de deslinde judicial urgente ante la ANT para recuperar las 60.9 hectáreas de ciénagas de uso público cercadas en la finca presidencial Polonia.
- Requerimiento para la recuperación de las 430 hectáreas de baldíos del Estado ocupadas por la empresa palmera Palmacará, de la familia del ministro de Agricultura en Casacará (Cesar), recomendada por la ANT en junio de 2026.
- Solicitud de protección para las comunidades de la hacienda La Alquería y La América.