Entre 2007 y 2009, el organismo registró 126 casos de violencia sexual contra mujeres atribuidos a miembros de las fuerzas militares, 32 a la guerrilla y 10 a bandas criminales.BOGOTÁ, 8 Jun/11. Así lo señaló el representante a la Cámara Iván Cepeda, durante el debate de control político sobre Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. El congresista calificó de grave el hecho de que sea la fuerza pública la entidad que mayor número de agresiones comete en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, y expresó que es necesaria una política urgente en el interior de las tropas para acabar con este delito.

“Estamos ante un crimen de lesa humanidad, uno de los más invisibles, el que más se niega. Debemos dar un paso adelante y desterrar la violencia contra quienes dan la vida, y debemos empezar por las fuerzas militares, con una verdadera política de cero tolerancia frente a cualquier agresión”, recalcó el congresista.

Cepeda llamó la atención del gobierno por la falta de un registro serio y detallado sobre la realidad de las denuncias de agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares, ya que las cifras presentadas por el Ministerio de la Defensa no concuerdan con las registradas por organismos no gubernamentales.

Según la Encuesta de prevalencia realizada por la organización internacional Oxfam, durante los últimos 10 años en Colombia se presentaron más de 389 mil casos de agresiones sexuales contra mujeres por parte de todos los actores armados del conflicto.

Frente a estos casos, el representante Iván Cepeda advirtió que campea la impunidad, ya que según la Fiscalía General, durante ese mismo periodo, sólo se han abierto 206 investigaciones, y se han proferido 6 condenas.

Finalmente, el congresista le pidió al gobierno nacional que cree un organismo especializado en atender los casos de agresión sexual contra mujeres, y que aplique cuanto antes el aparte del Plan Nacional de Desarrollo que obliga a la reglamentación inmediata la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia.