Erradicación forzada es una matriz de violación e DDHH
Compra regulada de la producción de coca es menos costosa
El debate de control político de Ángela María Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda hoy en el Congreso
En Tumaco se refleja el fracaso de una política antidroga impuesta desde Estados Unidos, que incita a la corrupción, no resuelve el problema del narcotráfico y convierte a campesinos pobres y segregados en objetivo penal y militar.
Así lo expresaron hoy los congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda durante un debate de control político sobre la política de lucha contra las drogas a propósito de los hechos recientes ocurridos en el municipio de Tumaco.
Ante los altos mandos de la Policía Nacional y delegados de los ministerios del Interior y de defensa, los congresistas reclamaron una revisión a fondo de la política antidrogas, advirtieron que no se puede llevar a la cárcel a 500 mil cultivadores y propusieron que el Estado asuma la compra regulada de la producción de coca que resulta menos costoso que la erradicación obligada.
El representante Alirio Uribe dijo que “es evidente que la estrategia militar de erradicación responde más a la presión de Washington que exige resultados a corto plazo, incluso con la amenaza de descertificación, que a una opción de fondo que dé respuesta a los problemas que permiten la vinculación de centenares de miles de familias campesinas en la producción de coca como insumo para los laboratorios de cocaína y el tráfico nacional e internacional de esa sustancia”. Agregó que sólo en Tumaco y Llorente, en donde los cultivos de coca superan 20.000 has, hay más de 30.000 familias que dependen de esa economía ilegal y no cuentan con alternativas de ingreso.
Por su parte, la representante Ángela María Robledo denunció que la gente en Tumaco vive en condiciones de extrema pobreza y sobrevive con los cultivos de coca . “Es un pueblo que está atrapado en el corazón de la selva, donde el olvido es histórico, no tienen vías terciarias, para sacar productos del campo, ni para sacar a los enfermos, ni para transportar combustible, ni mucho menos, para que cinco mil niños, a pesar de que caminan cuatro horas diarias –dos de ida y dos de vuelta- puedan acceder a la educación pública”.
En una documentada intervención, la representante Robledo recordó que 13 líderes indígenas de la región han sido asesinados en los últimos dos años y que “a pesar del Acuerdo de persiste el riesgo para la vida de las comunidades debido a la reagrupación de nuevas fuerzas ilegales que siguen reclutando niñas para explotación sexual y niños como informantes”.
El senador Iván Cepeda propuso que el Estado asuma la compra regulada de cultivos, le reclamó al congreso la aprobación del proyecto de Ley que permite el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y pidió al país una revisión a fondo de una política fracasada. Cepeda señaló que todo es un asunto de derechos para poblaciones en las que la pobreza multidimensional alcanza el 80% y recordó que “erradicar una hectárea de coca cuesta 200 millones de pesos, mientras que la sustitución voluntaria de una hectárea vale 36 millones”.
Oficinas de prensa
Ángela María Robledo
Alirio Uribe
Iván Cepeda
Bogotá, 14 de noviembre de 2017