Senadores Cepeda y Sanguino se retiran de la votación de ascensos militares por casos de oficiales investigados por corrupción y violación de DD. HH
- “Tales ascensos envían a la sociedad civil un mensaje contradictorio sobre cómo el Estado cumple los deberes nacionales e internacionales en materia de lucha contra la impunidad y pone en tela de juicio el compromiso del Gobierno con las investigaciones, la legitimidad y la transparencia de la Fuerza Pública”, dijo Iván Cepeda.
- La votación se lleva a cabo a esta hora en Comisión Segunda de Senado
Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2020. Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino se retiraron de la votación de ascensos militares y dejaron constancia ante la Comisión Segunda del Senado en la que señalan que el Ministerio de Defensa insiste en promocionar a miembros de la Fuerza Pública denunciados e investigados por presuntos hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción.
“Hoy se va a repetir en el Congreso ese acto consuetudinario en el que son ascendidos oficiales de la Fuerza Pública que están acusados o investigados por graves hechos de violación de derechos humanos y de corrupción. A pesar de que hemos advertido claramente que hay tres oficiales cuyo ascenso debiera ser suspendido, la Comisión Segunda desatiende nuestros llamados a estas advertencias, que también provienen de la organización Human Rights Watch”, señaló Iván Cepeda.
Los tres oficiales cuestionados son los brigadieres generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Mauricio Moreno.
En la constancia, los congresistas advirtieron cómo la Comisión Segunda del Senado no solo está discutiendo dichos ascensos, sino que además optó por negar la posibilidad a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos de presentar sus observaciones sobre estas postulaciones en audiencia pública.
“Habíamos solicitado una audiencia para que la Comisión escuchara la voz de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, pero esa proposición ha sido rechazada. Por lo tanto, el Congreso seguirá siendo el escenario de la impunidad y también de negar acciones que pudieran honrar a la Fuerza Pública”, señaló Cepeda.
Los generales Pinto y Rodríguez podrían tener responsabilidad en la muerte de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, es decir, en los llamados ‘falsos positivos’. El general Pinto es investigado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en 41 ‘falsos positivos’ ocurridos cuando comandó batallones en Antioquia y Huila. El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto sobre su presunta participación en estos hechos. En enero de este año llegó a comandar la Segunda División del Ejército. Desde entonces, cuatro civiles -tres campesinos y un indígena– han muerto a manos de tropas bajo su mando en Norte de Santander. Por su parte, el general Marcos Evangelista no solo no ha tomado las acciones debidas para evitar que estos hechos se repitan, sino que ha promovido la estigmatización de las organizaciones campesinas del Catatumbo.
Asimismo, entre julio de 2006 y diciembre de 2007, el brigadier general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez estuvo al mando del Batallón Magdalena de la Novena Brigada y está vinculado a investigaciones en por lo menos 22 casos de ejecuciones extrajudiciales que integrantes de ese Batallón cometieron bajo su comandancia.
De otro lado, el general Mauricio Moreno está vinculado con los escándalos de interceptaciones ilegales del Ejército y tiene varias denuncias que lo relacionan con supuestos casos de corrupción, desde el presunto desvío de recursos hasta la complicidad con organizaciones criminales. Siendo comandante de la Segunda División del Ejército aceptó que miembros de contrainteligencia fueran a Bucaramanga, en donde varios oficiales fueron sometidos a procedimientos irregulares y pruebas de polígrafo no autorizadas para identificar las fuentes que entregaban información a medios de comunicación, según confirmó la Procuraduría.
Ver aquí las constancias:
