Comunicado a la opinión pública

Bogotá D. C., 28 de julio de 2020. Ante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a los abogados Diego Javier Cadena y Juan José Salazar, realizada por el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías, hacemos las siguientes consideraciones en nuestra condición de víctima y representantes de la víctima:

Si bien celebramos que luego de sucesivos aplazamientos por fin se haya realizado ayer esta audiencia, esperamos que la investigación avance sin nuevas dilaciones y que se inicie pronto la etapa de juicio, pues el caso lleva dos años y medio de haber sido denunciado.
La Fiscalía pasó revista ayer a un abundante material probatorio, que revela que los abogados Cadena y Salazar fueron sin duda artífices de un concurso de delitos en el que los sobornos y las ofertas de prebendas judiciales conformaban el medio material para garantizar el fraude procesal. Pero también quedó evidenciado que ese concurso criminal benefició directamente al senador Álvaro Uribe Vélez, cuya responsabilidad es innegable y no le corresponde dilucidarla a la Fiscalía sino a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Algo similar puede decirse del frustrado ofrecimiento de asesoría jurídica que hizo Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve, y del reiterado pedido de que elaborara a cambio de esa oferta un escrito con una falsa retractación de sus declaraciones contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
Ayer quedó demostrado en forma contundente que los abogados Cadena y Salazar no iban a las cárceles para entregar “ayudas humanitarias” o que eran víctimas de acciones extorsivas, sino que en forma coordinada le habrían ofrecido al exparamilitar Carlos Enrique Vélez la suma de 200 millones de pesos, cuyos pagos iniciales por un valor de 48 millones de pesos les habrían sido entregados a familiares del paramilitar sin dejar ninguna clase de comprobantes, y a cambio de remitir a la Corte Suprema de Justicia escritos elaborados previamente por los abogados.
Tal y como lo hemos afirmado en otros momentos, los abogados Cadena y Salazar han tenido una conducta reiterada de obstruir y defraudar la justicia. Por lo tanto, advertimos que existe el peligro real de que esa conducta obstaculice la investigación, implique nuevas obstrucciones en la etapa de juicio, e incluso de que se produzca una fuga de los imputados.

La Fiscalía solicitó que la medida de aseguramiento que se imponga sea la de privación de libertad en centro de reclusión, pero que en consideración a la situación que ha creado la pandemia, se restrinja a la reclusión domiciliaria. Si el juez en función de control de garantías toma esa decisión, solicitaremos que la misma tenga carácter estrictamente temporal, y que una vez termine la fase crítica de la emergencia sanitaria, los abogados Cadena y Salazar sean conducidos de inmediato a un centro carcelario.

Iván Cepeda Castro