Comunicados caso Álvaro Uribe

COMUNICADO No. 001

Corte Suprema de Justicia ordena que se investigue a Álvaro Uribe por manipulación de testigos

• Con una sentencia sin precedentes en el sistema judicial colombiano, la Sala Penal adopta una decisión valiente e histórica al revelar material probatorio en el que aparece actuando directamente el expresidente.
• De la ardua investigación que incluyó seguimientos, interceptaciones e inspecciones, emerge la existencia de un aparato con fines de manipulación de testigos y fraude procesal cuyo núcleo es Uribe Vélez.

• El mismo fallo absuelve de toda responsabilidad el senador Iván Cepeda por tres cargos de los que había sido denunciado. Por el contrario demuestra que el senador ha sido víctima de una confabulación de varias personas cercanas al Centro Democrático.

Bogotá, 17 de febrero de 2018.- El día de ayer, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el fallo de 219 páginas en el que el magistrado ponente, José Luís Barceló Camacho, junto con dos magistrados determinaron absolver al parlamentario del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, por la acusación de falsos testigos tras la denuncia hecha por el senador Álvaro Uribe Vélez en el año 2012.

En dicha denuncia, el expresidente Uribe señaló que Cepeda Castro utilizó una misión humanitaria para buscar a ex paramilitares en las cárceles y convencerlos de que declaran en su contra.

La Corte Suprema de Justicia al examinar el contenido de las interceptaciones hechas en desarrollo de su indagación, encontró pruebas suficientes que ameritan abrir investigación formal contra el expresidente Uribe por su posible participación en la manipulación de testigos y fraude procesal.

De otra parte, con relación a las conductas de abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal, y falso testimonio en calidad de determinador, la sentencia SP245-2018 de la Sala de Instrucción II, establece que “no encontró fundada la denuncia ni motivos para abrirle proceso penal al senador Cepeda”.

Al examinar los cargos que formuló el denunciante, el alto tribunal señala, en primer lugar que, con relación al supuesto abuso de la función pública, la actuación de Cepeda Castro se desarrolló en el marco legal de sus funciones como representante a la Cámara y senador de la República; vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos; copresidente de la Comisión de Paz del Congreso y también como miembro de la Comisión Segunda del Senado.

“La Corte reconoce que en vez de haberme extralimitado en mis funciones o cometido cualquier tipo de prevaricato lo que hice fue cumplir de manera transparente y rigurosa con las funciones y obligaciones que tiene todo servidor público en la defensa de los derechos humanos” aseguró Cepeda.

Asimismo, el segundo cargo de fraude procesal y de manipulación de testigos en calidad de determinador fue descartado por la Sala al hacer un análisis riguroso de cada uno de los siete testimonios vinculados a este proceso.

En el caso de los testimonios de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, la Corte dictaminó que son declaraciones consistentes, que se han sostenido en el tiempo y a las cuales la justicia les ha dado credibilidad; y en lo que respecta con Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, Pedro Manuel Benavides, Alexander Amaya y Carlos Enrique Areiza, el examen probatorio desvirtuó totalmente que fueran ciertas la afirmaciones de que Cepeda Castro había sido el creador de una estrategia que implicaría falsos testigos.

Al contrario se encontraron elementos probatorios que demuestran que estos testigos fueron manipulados o amenazados para favorecer a otras personas.

Como resultado de la ardua investigación que incluyó seguimientos, interceptaciones e inspecciones, emerge la existencia de un aparato con fines de un montaje en contra del senador Iván Cepeda cuyo núcleo es el expresidente Uribe. Este caso se trata de la primera sentencia judicial que además de incluir testimonios de terceros, incluye pruebas materiales en las que aparece actuando en flagrancia el líder del Centro Democrático.

La sentencia incluye decisiones que seguramente tendrán impacto en otros casos relevantes que vinculan al senador Uribe Vélez, como lo es la conformación de un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, la actuación del grupo paramilitar los Doce Apóstoles, el caso de las masacres de la Granja y el Aro y la acusación en contra del exgobernador Luís Alfredo Ramos. La decisión indica además que hay una serie de situaciones graves en las que Álvaro Uribe aparecería interfiriendo en la labor investigativa de la sala de interceptaciones Esperanza de la Fiscalía.

Este fallo convoca a entender que Colombia se encuentra en un momento histórico en el que es necesario que el país conozca la verdad del conflicto armado y sus determinadores. “Hago un llamado al senador Uribe a que asuma su responsabilidad y le cuente la verdad al país acerca de los hechos que de la sentencia de la Corte se desprenden con pruebas fehacientes” aseguró Iván Cepeda.

Finalmente, Cepeda agradeció y reconoció la labor de sus abogados Reynaldo Villalba del Colectivo José Alvear Restrepo y Ramiro Bejarano.

“Las llamadas mencionadas dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, y otros, han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot (…) para desprestigiar su labor legislativa y de paso las entrevistas lícitamente recogidas en ejercicio de sus funciones”, se lee en la Página 128 de la sentencia.

“Las llamadas (…) que el sistema Esperanza grabó con la voz del doctor Álvaro Uribe fueron las originadas por él desde su número privado para tratar el tema de los testigos que le hacen señalamientos y la urgencia de buscar mecanismos para neutralizarlos”, se lee en la página 179 de la sentencia.

LEA AQUÍ LA SENTENCIA COMPLETA

COMUNICADO No. 002 

Preocupación tras el asesinato de persona clave en investigación contra Álvaro Uribe, otros testigos han recibido presiones y amenazas

• La Corte Suprema de Justicia había ordenado redoblar la seguridad de Carlos Enrique Areiza.

Bogotá, 16 de abril de 2018.- El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, se pronunció ante los hechos ocurridos este fin de semana en Bello Antioquia: “Lamento este crimen y expreso mi mayor preocupación puesto que el asesinato del Sr. Areiza se produce en el contexto de unas advertencias y órdenes que había dado la Corte Suprema de Justicia-CSJ” dijo el congresista.

Carlos Enrique Areiza fue testigo importante en el proceso por manipulación de testigos iniciado por el senador Álvaro Uribe, en el cual la Corte Suprema de Justicia absolvió al senador Iván Cepeda de los cargos que se le acusaban,  y en el que  compulsó copias contra el expresidente porque presuntamente sería él quien estaría manipulando testimonios. En el mismo fallo, se reconoce el riesgo de los testigos implicados en el proceso, así la CSJ ordenó “oficiar al INPEC y a la Oficina de Protección de Testigos de la Fiscalía intensificar las medidas de seguridad de Carlos Enrique Areiza y solicitar la evaluación de la familia del interno quien se encuentra en prisión domiciliaria”.(SP245-2018, p 218).

El senador Cepeda recordó que Areiza perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC y declaró en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos en varias instancias judiciales.

“En algún momento de ese proceso me inculpó de haber intentando sobornarlo por medio de una carta, pero en la investigación que hace la Corte por la acusación que me hizo Uribe, la Corte logró establecer y eso fue ratificado por el propio reconocimiento de Areiza que, el abogado Jaime Restrepo, le habría pedido que firmara unas páginas en blanco que después fueron llenadas con el contenido de la acusación en mi contra por supuesto soborno” dijo Cepeda.

Esta declaración que hizo Areiza estuvo acompañada de una serie de temores que él expresó por su vida y de algunas evasivas con relación a preguntas que le hizo la corte alegando que tenía temor por su seguridad. (SP245-2018, p 207).

A este hecho se suma el del señor Juan Guillermo Monsalve, otros de los testigos que ha declarado en contra de Álvaro Uribe. Monsalve es hijo del administrador de la Hacienda Guacharacas y cuyo testimonio también valoró la Corte en su auto inhibitorio. En las últimas semanas Monsalve denunció que ha venido siendo objeto de presiones y amenazas, lo que motivó su traslado del lugar de reclusión.

“Esto demuestra que también hay una presión con relación a los otros testigos que la Corte ha advertido corren riesgo. Hago un llamado a que se refuercen las medidas de seguridad y que por supuesto, cuanto antes, se dilucide cuáles fueron los hechos y responsabilidades que llevaron al asesinato de Areiza” expresó el senador Cepeda.

Lea aquí la sentencia de la CSJ SP-245-2018 que ordena reforzar medidas para Carlos Enrique Areiza

COMUNICADO No. 003

Iván Cepeda denunció penalmente ante la Fiscalía a Fernando Londoño y Gustavo Rugeles

• Los delitos en los que presuntamente incurrieron son hostigamiento y calumnia agravada.

Bogotá, 03 de agosto de 2018.- El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunció este viernes ante la Fiscalía General de la Nación al exministro Fernando Londoño, director del programa radial ‘La hora de la verdad’ y a Gustavo Rugeles.

Los delitos en los que presuntamente incurrieron los denunciados son hostigamiento y calumnia agravada.

La acción legal había sido anunciada por Cepeda el pasado martes y se da por divulgar y reproducir información relacionada con un supuesto informe de contrainteligencia “que revela detalles específicos de un supuesto complot criminal dirigido a poner tras las rejas al jefe de la oposición antes del siete de agosto” (Recuperado de la página en internet: https://elexpediente.co/el-expediente-revela-informe-de-contrainteligencia-sobre-supuesto-complot-criminal-contra-alvaro-uribe/.

“Esta denuncia está relacionada con un supuesto informe de inteligencia militar en el que se diría que supuestamente el presidente Santos, el vicepresidente Naranjo y magistrados de la Corte Suprema, habrían participado en una reunión en la que yo llegué a ofrecerles 5 millones de dólares como soborno” afirmó el senador Cepeda.

El documento de 16 páginas radicado ante la Fiscalía, cita afirmaciones hechas por Londoño y mensajes de Twitter de Rugeles desde 2012. Los hechos señalados permiten evidenciar que, “Gustavo Rugeles y Fernando Londoño de manera libre, consciente y voluntaria, y haciendo uso de espacios de amplia difusión, (…) han dirigido afirmaciones calumniosas (…) y de manera reiterada” señala el documento.

Más adelante agrega, “Difundir el citado supuesto informe sin corroborar su veracidad previamente con la autoridad competente ha atentado contra la honra y el buen nombre de las personas que infamemente somos señaladas en el mismo como de haber cometido conductas que podrían ser calificadas como punibles y que han sido replicadas ampliamente en los medios de comunicación y en redes sociales, incluso por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez”.

Al respecto, sobre el supuesto informe de contrainteligencia el ministro de Defensa Luís Carlos Villegas, confirmó al senador Cepeda “que no existe”.

A propósito, el 27 de julio de 2018, Fernando Londoño hizo las siguientes afirmaciones que fueron replicadas en la página de La Hora de La Verdad:

@Horadelaverdad: 27 de julio de 2018: “#ElEditorial @FlondonoHoyos: ‘Hicimos un trabajo para demostrar cómo no valía una higa el famoso testimonio del bandido Monsalve, que le recibió como si fuera juez de la República el señor @IvanCepedaCast, que actuó como un bandido’».

El 30 de julio de 2018 en el portal Las 2 Orillas, Londoño publicó la columna “Canallada conjurada” en la que señala “Se habla de un tal Cepeda, comunista y guerrillero, de un paramilitar Monsalve, de las supuestas conversaciones de personas cercanas a Uribe con otras cercanas a Monsalve, y pare de contar. Pues con tan frágiles y detestables personajes y hechos, se monta, se sostiene y se pretende consumar una conjura.”

Afirmaciones que según lo declarado por el senador Cepeda “han sido constantes, permanentes y públicas, (…) con lo que me endilgan el delito de rebelión.”

Hasta la fecha Londoño y Rugeles no se han retractado de sus afirmaciones, por el contrario, públicamente se han reafirmado en ellas.

“La gravedad de estas acusaciones merecen esta denuncia penal que está bien documentada y que aspiro muy pronto sea decidida por el Fiscal” señaló Iván Cepeda.

COMUNICADO No. 004

Procuraduría absuelve a Iván Cepeda por denuncia que presentó Álvaro Uribe

• El Ministerio Público declaró no probado el cargo endilgado por presunta compra y presión a testigos denunciados por el expresidente Uribe.

• Con esta decisión se cierran las investigaciones promovidas por el expresidente Uribe en contra del senador Iván Cepeda.

• Este fallo del Ministerio Público ratifica la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de este año en la que profirió resolución inhibitoria a favor del senador Iván Cepeda.

Bogotá, 17 de octubre de 2018.- Sin piso quedó en la Procuraduría general de la Nación (PGN) la denuncia del expresidente Álvaro Uribe en contra el senador del Polo, Iván Cepeda, por supuestamente, visitar cárceles del país con el fin de buscar falsos testigos.

La Procuraduría absolvió de toda responsabilidad disciplinaria al senador Cepeda y declaró no probado el cargo endilgado “por investigar y recepcionar testimonios que no estarían entre sus funciones de Representante a la Cámara”.

Con este fallo el Ministerio Público ratifica la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de este año en la que profirió resolución inhibitoria a favor del senador Iván Cepeda.

Además, la sentencia de la Procuraduría confirma que todas las actuaciones adelantadas por el senador Cepeda se hicieron dentro del marco legal en cumplimiento de sus funciones como congresista.

Con lo anterior, se demuestra que la denuncia radicada en 2013 por el expresidente Uribe, a través de su abogado Jaime Granados, ni penal ni disciplinariamente tenía ningún tipo de fundamento.

Según el expresidente, Cepeda realizó visitas a la cárcel de Itagüi con el fin de comprar y presionar testigos para que declararán contra él y su hermano Santiago Uribe, quien actualmente enfrenta un juicio por el presunto delito de homicidio agravado y por la presunta participación en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apostoles”.

 

En concreto, el expresidente solicitó que se escucharan los testimonios de dos paramilitares condenados, Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, a quienes supuestamente el senador del Polo habría ofrecido algunos beneficios.

Además, a través de Granados el expresidente Uribe aportó unas declaraciones obtenidas por el polémico Wilser Dario Molina, hoy alcalde de Amagá por el Centro Democrático. https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-del-abogado-de-paramilitares-que-se-estrena-como-alcalde/455447-3

De acuerdo con el ente de control, en declaración rendida por los testigos Henao Aguilar y Muñoz Ramírez, sus argumentos “resultaron contradictorios entre lo dicho y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos (Pág 13).

Henao desmiente las declaraciones de Muñoz (…) acorde con el análisis de los testigos este Despacho infiere que ninguno de los dos asienta en grado de certeza lo ocurrido con el Representante a la Cámara; a esta misma conclusión llegó la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el auto de febrero 16 de 2018 (Pág. 15)”.

El fallo concluye que, con respecto a lo referido y las pruebas analizadas, Iván Cepeda, en su condición de Representante a la Cámara, no ofreció beneficios a cambio de entrevistas contrarias a la verdad, “si bien es cierto (…) asistió a la cárcel de los internos, esto correspondió a la labor de control político (…), así como, con la labor humanitaria que la Cámara de Representantes realizó (pág.16)”.

Con esta decisión se cierran las investigaciones promovidas por Álvaro Uribe en contra del senador Iván Cepeda por estos hechos.

Lea aquí la sentencia completa de la Procuraduría General de la Nación, con fallo a favor de Iván Cepeda en caso de falsos testigos.

COMUNICADO No. 005

Senador Iván Cepeda y su abogado Reynaldo Villalba visitan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con caso Uribe

Bogotá-Washington, 6 de diciembre de 2018.- Entre el 6 y el 11 de diciembre, el senador Iván Cepeda  junto con su representante legal Reynaldo Villalba Vargas, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, sostendrán reuniones en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que este organismo internacional haga seguimiento y observación, al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) por el caso de los llamados falsos testigos que implica al senador Álvaro Uribe Vélez.

“Solicitamos a la CIDH todas las garantías, tanto para la independencia de los jueces como para que se garantice la seguridad de los testigos y de las víctimas”, dijo el senador Cepeda al finalizar la primera reunión con la Comisión.

Por su parte, el abogado Reynaldo Villalba aseguró que, “dada las presiones hacia testigos y los ataques a los magistrados que vienen adelantando las investigaciones, se hace necesario exigir garantías de protección para los testigos y de condiciones favorables, para asegurar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales”

El senador y su apoderado sostendrán otras reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, con congresistas estadounidenses y asistirán a la Audiencia Pública sobre la situación de Defensores que se realiza en el marco del 170 periodo de sesiones de la Comisión.

La solicitud de garantías a la CIDH se origina en la situación de riesgo que atraviesa el senador Iván Cepeda a raíz del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra el senador Álvaro Uribe.

En febrero de 2018, la CSJ archivó la investigación en contra del Senador Cepeda acusado de buscar testimonios en las cárceles contra el senador Uribe. A la vez el alto tribunal decidió abrir investigación en contra de Uribe, al concluir que quien había manipulado testigos era el expresidente.

Posteriormente, en julio de este año, los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada fueron citados a rendir indagatoria en el alto tribunal por los delitos de soborno y fraude procesal.

A raíz de estas decisiones, el senador Uribe y su partido político Centro Democrático emprendieron una campaña de desprestigio y persecución en contra de la Corte Suprema de Justicia y del senador Cepeda -que incluyó acusaciones de soborno- que fueron desmentidas por el entonces Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Por otra parte, testigos del caso han sido objeto de hostigamientos, presiones y hechos de violencia. En su decisión del 16 de febrero, la Corte había ordenado medidas de protección a dos de los testigos clave del proceso, Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Areiza. Monsalve y su familia han sido objeto de amenazas que obligaron a su esposa a salir del país, y de dos intentos de homicidio en su contra, el último de ellos por envenenamiento.

Carlos Enrique Areiza, quien había sido obligado a firmar hojas en blanco y quien había declarado ante la Corte Suprema que, “jamás recibió ofrecimientos o presiones del senador Cepeda, fue asesinado en en abril de 2018.

Cabe recordar que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, libraron de toda responsabilidad al senador Cepeda en relación con la compra o manipulación de testigos.

La gira que realiza el Senador también tiene el propósito de solicitar a la comunidad internacional reafirmar su respaldo para la plena implementación del Acuerdo Final de Paz y su apoyo para la reanudación de la mesa de diálogos con el ELN.

COMUNICADO No. 006

Juez falla a favor de Iván Cepeda en caso de “falsos testigos”

Bogotá, 22 de enero de 2019 .- El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, resolvió negar la tutela interpuesta por el abogado del representante del uribismo, Álvaro Hernán Prada.

De acuerdo con el fallo del despacho judicial “en desarrollo del principio de igualdad, si amparará el derecho de petición invocado por el abogado de Prada, se vería vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso del senador Iván Cepeda”.

Asimismo, la sentencia reconoce que procede la reserva de información -con respecto a lo solicitado- por cuanto tiene relación con los derechos fundamentales a la dignidad, la intimidad y la libertad que no corresponden únicamente a las funciones como congresista del senador Cepeda.

El recurso fue presentado en diciembre de 2018, por el abogado Víctor Mosquera Marín. Según Mosquera, el senador Cepeda habría violado el derecho fundamental de petición, al no resolver de fondo la solicitud de informar acerca de las visitas realizadas a Centros de Reclusión, así como, de los viajes fuera del país durante su ejercicio parlamentario.

Tales visitas a Centros de Reclusión, según afirmaciones de Prada, hacen parte del “Carrusel de testigos contra el senador Álvaro Uribe”: https://www.diariodelhuila.com/el-carrusel-de-testigos-contra-uribe.

Por dichas afirmaciones, el senador Iván Cepeda presentó denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Hernán Prada, por los presuntos delitos de calumnia e injuria agravadas, hostigamiento y apología al genocidio. En esta investigación, el abogado Víctor Mosquera funge como defensor de Prada, hecho que ocultó al despacho judicial, pero que fue informado por el senador Cepeda con pruebas y, por lo tanto, reconocido en la sentencia de tutela.

“Resulta inexplicable que el accionante haya ocultado al juez de tutela su calidad de abogado defensor del congresista que denuncié y dentro del proceso del que yo soy sujeto procesal como parte civil” afirmó Cepeda al pronunciarse sobre la sentencia de tutela.

Agregó que a una parte procesal no se le puede exigir que entregue información que es objeto de un debate en un proceso penal y que, “seguramente, pretende ser utilizada en contra de la persona a la que se dirige el derecho de petición”.

Al respecto se lee en el fallo, “debido al entorno político en que se mueve el tutelante y las profundas diferencias políticas y judiciales entre el accionado y los poderdantes del actor, no le es posible brindar ningún tipo de información relacionada con sus viajes al exterior y visitas a reclusos en los centros carcelarios sin ser vulnerados sus propios intereses y derechos constitucionales de defensa y debido proceso”.

Igualmente el fallo le da la razón a Cepeda al decir que, “no es cierto, como lo afirma el abogado Víctor Mosquera, que no haya habido respuesta conforme lo dispone la ley, pues, en todo caso, en la comunicación remitida, aporté la información requerida, conforme podía informarle, y al mismo tiempo, le señalé que dí traslado al INPEC para que le respondiera, lo que a esa entidad compete. Como consecuencia de lo anterior, el INPEC, también le contestó al abogado”.

Lo anterior, fue constatado por el despacho judicial, al señalar que el senador Cepeda, dio respuesta en los términos legales a la solicitud del abogado de Prada de manera “clara, precisa y congruente”.

Finalmente el senador Cepeda dijo que, “con esta decisión de tutela se evidencia una vez más, los ataques y persecución del que he sido objeto por parte de algunos sectores del uribismo, y cómo temerariamente, acuden a las vías legales para afectar mis derechos fundamentales”.

COMUNICADO No. 007

Recusan a magistrada que investiga a Álvaro Uribe en casos de falsos testigos

●       Se tomó la decisión luego de conocer que la magistrada ocultó tener vínculos con el abogado Jaime Granados defensor del expresidente.

Bogotá, 2 de abril de 2019.- La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velázquez, fue recusada para actuar en el caso contra el senador Álvaro Uribe Vélez por el caso de falsos testigos.

El pasado mes de noviembre, Lombana fue elegida para integrar la nueva Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la que se investiga el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta fabricación de testigos en contra del senador Iván Cepeda.

En la recusación, la solicitud inicial para que la magistrada se separe de todo lo relacionado con este caso, tiene que ver con que Lombana Velásquez, en calidad de oficial de las Fuerzas Armadas tuvo relación de dependencia y subordinación frente al entonces presidente Álvaro Uribe.

Actualmente como magistrada, Cristina Lombana dirige la investigación contra su exjefe Álvaro Uribe entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Militares.

Lo anterior -según el recurso radicado- representaría una carga de desconfianza sobre la independencia e imparcialidad judicial, pues desvanece la posibilidad de considerar que la magistrada está revestida de la denominada “apariencia de imparcialidad”.

Asimismo el periodista Daniel Coronell en su columna “La Calladita”, publicada en días pasados en la Revista Semana, dio a conocer que Cristina Lombana laboró como abogada en la oficina que dirige Jaime Granados, actual defensor de Álvaro Uribe en este caso.

El recurso presentado dice que Lombana Velásquez omitió informar este antecedente a la Corte Suprema de Justicia, cuando se postuló al cargo de magistrada de la Sala -que tendría a su cargo- varias investigaciones contra Uribe Vélez.

“En lugar de haber procedido a declararse impedida de inmediato, lo hizo tardíamente cuando ya había sido nombrada”, se lee en el documento.

Por su parte Daniel Coronell  calificó el hecho como “inexcusable omisión”, pues “era de público conocimiento que el mayor reto de los nuevos magistrados sería asumir la investigación del poderoso exmandatario, senador y jefe del partido de gobierno”.

Según el penalista Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, “no podría pregonarse apariencia de imparcialidad de una jueza que fue subalterna de quien actualmente investiga. Tampoco puede predicarse apariencia de imparcialidad de quien evitó poner en su hoja de vida la relación laboral con quien funge como abogado defensor de una persona con mucho poder, como lo es el expresidente Uribe”.

En los últimos días se ha dado un fuerte debate jurídico, en torno a, si el ocultamiento de dicha información es suficiente razón para que la magistrada Lombana se declare impedida.

De acuerdo con el senador Iván Cepeda, el hecho de que la magistrada Cristina Lombana haya ocultado información, pone en tela de juicio la imparcialidad y objetividad que debe tener el caso: “desde todo punto de vista es una situación que suscita desconfianza que quien conduce e instruye un proceso de esta magnitud tenga una relación tan cercana a una de las partes del proceso”.

La recusación fue presentada este lunes por el apoderado del senador Iván Cepeda.

COMUNICADO No. 008

En audiencia de Iván Cepeda ante la CIDH, Estado colombiano se compromete a entregar información del caso que enfrenta con Uribe

• El senador colombiano acudió acompañado de su equipo jurídico a una audiencia en la CIDH, en la que hizo varias solicitudes a la Comisión.

 

Kingston, Jamaica, 07 de mayo de 2019.- El senador Iván Cepeda presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias peticiones por el caso que enfrenta contra el senador Álvaro Uribe. La solicitud la hizo durante una audiencia que hace parte de las sesiones convocadas por este organismo en la ciudad de Kingston.

En su intervención, Cepeda explicó cómo desde hace años, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen seguimiento a su caso.

El tema central de la audiencia fue el proceso que lleva a cabo en Colombia la Corte Suprema de Justicia por el delito de falsos testigos, obstrucción a la justicia y fraude procesal, por el que se investiga al expresidente y senador Álvaro Uribe, y al Representante Álvaro Hernán Prada.

Cepeda solicitó un seguimiento detallado y riguroso en este caso, que es el primero por el que un expresidente colombiano es llamado a un tribunal.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en audiencia nos escuchó al abogado Reinaldo Villalba y a mí, con relación a mi situación de riesgo, mi seguridad y las garantías para mi actividad política. Bajo la observación de las medidas cautelares de protección que ha otorgado la CIDH y el Sistema Interamericano en mi caso” aseguró Cepeda.

Según Cepeda, el llamado para que se haga una observación rigurosa sobre este tema, se da porque se han incrementado las amenazas y presiones en contra suya y de su familia.

“Luego de escuchar la información recibida sobre mi situación de riesgo y sobre todo lo que atañe a cómo ese riesgo se ha incrementado a partir del proceso que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, con relación al caso de falsos testigos y a la acusación que se le hace al senador Álvaro Uribe, la Comisión accedió a dar seguimiento a este caso e igualmente el Estado colombiano se comprometió ante la CIDH a entregar periódicamente información sobre el particular” concluyó Cepeda.

La audiencia se llevó a cabo en la tarde de hoy. El senador regresará a Colombia este miércoles.

COMUNICADO No. 009

“Comunicado de la Cancillería no corresponde a la verdad”: Senador Iván Cepeda pide rectificación oficial

• Medidas cautelares en favor del derecho a la vida del senador Iván Cepeda están vigentes.

El senador Iván Cepeda Castro y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar se permiten informar a la opinión pública que:

1. En el año 2013 por petición de abogadas y abogados del senador Iván Cepeda Castro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, abrió un expediente de solicitud de medidas cautelares para proteger sus derechos políticos con el radicado MC 437-2013, a raíz del proceso que adelantó la Procuraduría General de la Nación y que culminó con la absolución del senador Cepeda de las falsas acusaciones de manipular testigos contra el senador Álvaro Uribe.

 

2. Con fecha 20 de mayo de 2019, la CIDH emitió un comunicado sobre el cierre de la solicitud de medidas cautelares MC 437-2013. Esta decisión se produce por solicitud de los representantes del senador Cepeda, y ante la mencionada decisión de la Procuraduría que hacía innecesario mantener dicha petición.

 

3. Desde 2006, el hoy senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro es beneficiario de medidas cautelares decretadas por la CIDH, en protección a su derecho a la vida bajo el radicado MC 125-06. Estas medidas siguen vigentes, y fueron objeto de seguimiento en la reciente reunión de trabajo sostenida entre el Estado y el peticionario en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, el pasado 7 de mayo de 2019, en Kingston, Jamaica.

 

4. Lo anterior permite concluir que no son ciertas las afirmaciones de la Cancillería en el sentido de que “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le notificó al Gobierno de Colombia que, en relación con el seguimiento a las medidas cautelares otorgadas al senador Iván Cepeda Castro, tema que fue tratado en su reciente período de sesiones en Kingston el pasado 7 de mayo, la Comisión tomó la decisión de cerrar el expediente correspondiente”. Por el contrario, en la mencionada reunión quedó manifiesto que persiste la situación de riesgo para la vida del senador Iván Cepeda, y no existe ninguna comunicación de la CIDH sobre el archivo de las medidas cautelares MC 125-06.

 

5. Conforme a lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Cancillería la rectificación de su comunicado, así como a los medios de comunicación que lo difundieron, con el ánimo de aclarar ante la opinión pública la información emitida por este Ministerio que no corresponde a la verdad y que podría dar lugar al debilitamiento de la protección reforzada a la que se encuentra obligado el Estado colombiano en virtud de esta decisión.

Bogotá, 30 de mayo de 2019.-

COMUNICADO No. 010

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

En el día de ayer, la Revista Semana publicó una extensa entrevista a los abogados del senador Álvaro Uribe Vélez, doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, con el título: «El expresidente Uribe es víctima de un montaje». En dicha publicación, abusando de la prerrogativa de responder en ausencia de su contraparte, los mencionados abogados hicieron afirmaciones falsas, lanzaron acusaciones temerarias, guardaron silencios cómplices sobre varios hechos y tergiversaron a su antojo la realidad procesal. Por estas razones, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:

1. La debilidad de la defensa del senador Uribe Vélez es de tal naturaleza que su principal argumento es calificar de “montaje” las actuaciones que durante los últimos siete años ha efectuado la Corte Suprema de Justicia en este caso. Estas actuaciones incluyen, entre otras, la práctica de numerosas pruebas, la realización de inspecciones judiciales, la recolección de decenas de testimonios, y de miles de interceptaciones legales de personas del entorno del senador Uribe. Lamentamos que, como suele ocurrir cuando se trata de investigaciones que comprometen al senador Uribe, a sus familiares o aliados políticos, la ausencia de argumentos jurídicos de los abogados Granados y Lombana sea reemplazada por sus acusaciones falaces contra la magistratura, y por la intención de engañar a la opinión pública.

 

2. Los abogados señalan al testigo Juan Guillermo Monsalve de haber tendido “una trampa” al senador Uribe y a su abogado Diego Cadena, pero omiten decir que fueron ellos los que, por diversas vías, buscaron al testigo para hacerle ofertas que perseguían su retractación. Omiten decir, por ejemplo, que en el recinto de la carcel La Picota donde tuvo lugar la reunión del abogado Cadena con el testigo Monsalve coincidencialmente apareció el abogado Jaime Lombana visitando al secuestrador Enrque Pardo Hasche, quien también había realizado gestiones ante Monsalve para lograr su retractación. Omiten aclarar que la grabación de la reunión se dio porque el abogado Cadena contactó a Monsalve para aportar su pretendida retractación al recurso que el senador Uribe interpuso ante la Corte, y que el mismo abogado contactó con idéntico fin a la esposa de Juan Monsalve. Como se recordará, a la rueda de prensa convocada en el Palacio de Justicia para anunciar la presentación de ese recurso, el abogado Granados llegó una hora tarde y sin la retractación esperada. En efecto, tal recurso debió presentarse sin esa retractación, y luego la providencia que exoneró al senador Iván Cepeda Castro de las acusaciones formuladas en su contra por el senador Álvaro Uribe, en la que además se compulsaron copias contra este último para investigarlo por supuesta manipulación de testigos, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Curioso que las visitas en la cárcel al interno Monsalve pidiéndole que se retractara hubieran acaecido con ocasión de esta providencia y del empeño de aportar tal retractación en un recurso ante la Corte. Curioso que tales intentos se hubieren extendido también a la compañera de Monsalve. Entonces ¿de cuál “montaje” hablan los abogados? Es increible queel doctor Jaime Granados en su entrevista haya omitido referir este detalle del cual fue protagonista principal y que desmiente todas sus afirmaciones sobre una supuesta trampa urdida en contra de su cliente. Y es también extraño que el abogado Lombana hubiese omitido recordar su presencia fortuita en esa misma ocasión cuando Monsalve atendía la visita del abogado Cadena, mientras él visitaba al secuestrador Pardo Hasche.

 

3. Llama la atención que mientras que en la entrevista se insiste en tildar de ilegal una prueba que en repetidas oportunidades la Corte ha reconocido como legal, los abogados omiten cualquier explicación y referencia sustancial al grave hecho de que seis interceptaciones que contenían valiosa información del caso fueron manipuladas y borradas en la Fiscalía General de la Nación; circunstancia que intenta disimular la responsabilidad del senador Uribe y, por lo tanto, producir un beneficio directo para él.

 

4. Igualmente, llama la atención el énfasis de los señores abogados Granados y Lombanapor desconocer o minimizar las relaciones personales, comerciales y políticas de vieja data entre la familia Uribe Vélez y los hermanos Villegas Uribe. Y en particular, el intento de relativizar las relaciones de Juan Guillermo Villegas con la familia Monsalve, y sus constantes informes al senador Álvaro Uribe sobre esos contactos. Mientras los abogados pasan con velocidad sobre estos hechos, otra cosa muestran las evidencias, pues no es cierto que la única relación entre Uribe y Villegas haya sido la compra de la finca Guacharacas, como lo sostiene el abogado Granados, quien de paso exonera a Uribe de la multitud de llamadas que Villegas hizo a Monsalve precisamente el mismo día en el que iba a comparecer a declarar. Entonces ¿de cuál montaje hablan estos profesionales del derecho?.

 

5. No es cierta la acusación de que el senador Iván Cepeda le hiciera ofrecimiento alguno a la familia del testigo Monsalve para obtener testimonios en contra del senador Uribe, ni que le haya entregado dineros a través de una ONG, como afirma el abogado Granados, quien a sabiendas hace esta afirmación calumniosa porque conoce de primera mano el expediente, el cual da cuenta de que ninguna de esas dos cosas sucedieron de la manera como las presenta. Así quedó nítidamente establecido por la decisión que tomó la Corte Suprema en febrero de 2018; providencia que ahora los abogados Granados y Lombana quieren desconocer, irrespetando la justicia y sus instituciones, así como valiéndose de su acceso a los medios de comunicación para tergiversar la verdad y crear un ambiente hostil a los magistrados que han de surtir la dilatada diligencia de indagatoria en la que su cliente debe responderle a la justicia.

Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, y lo reiteramos hoy, consideramos que en este proceso debe primar siempre el respeto irrestricto a la Corte Suprema de Justicia, a sus magistrados, a sus decisiones, y dejar que la justicia actúe sin presiones generadas con tácticas como la de desinformar a la opinión pública.

Bogotá, agosto 12 de 2019.-

COMUNICADO No. 011

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Con relación a la diligencia de indagatoria a los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, programada por la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia en la instrucción No. 52240 para los días 8 y 9 de octubre de 2019, en condición de víctima y de representantes legales en este caso, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones y anuncios:

1. La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema corresponde a un denso caudal probatorio compuesto por decenas de testimonios, miles de interceptaciones de comunicaciones ordenadas y practicadas legalmente, numerosas inspecciones y diligencias de distinta índole. Esta decisión se presenta, además, luego de que la Sala de Instrucción ha estudiado detenidamente y resuelto numerosos recursos interpuestos por la defensa de los dos congresistas. De tal forma, registramos esta decisión como muestra de que las actuaciones judiciales en este caso no se están tomando en modo tendencioso o arbitrario.

 

2. Dejamos expresa constancia de que los magistrados han realizado su trabajo en tiempos razonables, y que si alguna dilación hubiere en este asunto ha corrido a cargo de la defensa de los congresistas Uribe y Prada, de los cambios en la estructura de la Corte acontecidos a raíz de la entrada en vigor del sistema de doble instancia, y al hecho de que una vez se conformó la nueva sala de instrucción penal, la magistrada Cristina Lombana designada para el caso debió ser reemplazada por encontrarse objetivamente impedida para adelantar el proceso.

 

3. Anunciamos que con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, a pesar de tener derecho a hacerlo, no concurriremos a las diligencias de indagatoria programadas para los días 8 y 9 de octubre de 2019. Así lo haremos saber formalmente a la Sala de Instrucción Penal.

 

4. Es el momento de reafirmar nuestro absoluto respeto a la Corte Suprema de Justicia, a sus magistrados y a sus decisiones; y a que se permita sin ninguna clase de presiones mediáticas o políticas, la actuación independiente y libre de la Sala de Instrucción Penal.

Iván Cepeda Castro

Senador de la República

Reynaldo Villalba

Representante legal

Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’

 

Bogotá D. C., 17 de agosto de 2019.-

COMUNICADO No. 012

Comunicado de prensa

Iván Cepeda Castro

Luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citara a indagatoria para el próximo 8 de octubre en la Instrucción No. 52240, el senador de la República Álvaro Uribe Vélez ha desplegado una vehemente operación publicitaria en los medios de comunicación que persigue desorientar a la opinión con toda clase de mentiras. Por esta razón, se debe permitir a la ciudadanía contrastar esa visión con las circunstancias concretas, y con decisiones como el Auto Inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia del 16 de febrero de 2018, y el fallo de única instancia que la Procuraduría General de la Nación profirió el 30 de julio de 2018.

1. El senador Uribe Vélez ha dicho en diversas declaraciones públicas: “No busco testigos, corroboro testimonios”. Tal afirmación no corresponde a su verdadera conducta. Durante los últimos siete años, personalmente o a través de sus abogados, colaboradores y copartidarios, él ha liderado una permanente campaña de búsqueda de testigos que luego coincidencialmente se convierten en testigos falsos. Cabe recordar, que el 18 de febrero de 2018, en un video difundido por Twitter, llamó a la recolección de dichos testimonios en las cárceles del país: “Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar”.
2. Por lo tanto no es cierto que esos “testimonios” hayan ido apareciendo en forma espontánea, y que de manera casual su existencia haya sido puesta en conocimiento del senador Uribe o de personas de su entorno. Por el contrario, esa campaña se ha ido intensificando a medida que los testimonios infundados han sido refutados y controvertidos de manera plena, o que los avances de la investigación han dado lugar a actuaciones que comprometen cada vez más al líder del Centro Democrático, o a su colega en el Congreso, Álvaro Hernán Prada.
3. Así aconteció al comienzo del proceso. Los abogados del senador Uribe Vélez no pudieron demostrar ni ante la Corte ni ante la Procuraduría, que las declaraciones de dos integrantes del llamado bloque Metro, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, fueran obtenidas a cambio de ofrecimientos. Lo que quedó demostrado es que ambos habían sido escuchados por fiscales de Justicia y Paz antes de ser visitados por mí, y que a pesar de inmensas presiones mantuvieron su versión inalterada durante los últimos siete años. A raíz de esta situación demostrada en el proceso, personas cercanas a Uribe recogieron en las cárceles las acusaciones en mi contra de tres paramilitares: Gabriel Muñoz Ramírez (alias ‘Castañeda’), Ramiro de Jesús Henao Aguilar, (alias ‘Simón’), y Carlos Enrique Areiza Arango. Los dos primeros curiosamente rindieron testimonios ante un investigador privado contratado por Wilser Molina, copartidario de Uribe Vélez y miembro del Centro Democrático, por cuyo movimiento fue candidato a la alcadía municipal de Amaga, cargo que en la actualidad desempeña. Las incongruencias, mentiras y contradicciones de los supuestos testigos fueron demostradas en la investigación, y por ese motivo rechazadas. Como señaló el fallo de única instancia de la Procuraduría: “Los argumentos de los testigos, aunque resulta ser un libreto único, resultan contradictorios”, lo que llevó a concluir al Ministerio Público que “el señor Iván Cepeda Castro, en su condición de Representante a la Cámara no ofreció a los señores Henao Aguilar y Muñoz beneficios a cambio de que ellos rindieran entrevistas contrarias a la verdad” (pp. 14 y 16).
4. Ante la decisión de la Corte de proferir auto inhibitorio para mi, y en cambio iniciar una investigación contra Uribe, se emprendió el intento de conseguir que el señor Monsalve se retractara, y para ello aparecieron nuevos personajes cuyas declaraciones han sido solicitadas por la defensa del senador Uribe. Tal es el caso del condenado por secuestro, Enrique Pardo Hasche, quien estuvo promovimiendo activamente la retractación mencionada al ser contactado por el abogado Diego Javier Cadena, o como Carlos Eduardo López Callejas (alias ‘Caliche’) contactado, según le dijo a Monsalve, por el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.
5. Dado que este nuevo intento fue también infructuoso pues no se obtuvo la retractación, el senador Uribe y su abogado Cadena han promovido y supervisado personalmente las acusaciones de un nuevo grupo de falsos testigos: la exfiscal Hilda Niño Farfán, condenada por sus vículos con los hermanos Mejía Munera, también conocidos como ‘Los Mellizos’; los paramilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez (alias ‘Víctor’), Eurídice Cortés (alias ‘Diana’), Darley Guzmán Pérez (alias ‘Jopra’), Fauner José Barahona Rodríguez (alias ‘Racumín’), Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias ‘Fosforito’, entre otros. Y como si esto fuera poco, la campaña de búsqueda de este tipo de falsas acusaciones se ha extendido a las cárceles de Estados Unidos, en donde el abogado Cadena ha realizado gestiones para persuadir al paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez (alias ‘El Tuso’), entre otros prisioneros en cárceles norteamericanas.
6. Todas estas actividades se han emprendido con premeditación y por etapas que están relacionadas con los fracasos que se han venido presentando en el propósito de urdir una trama convincente en la que se pueda lograr mi condena judicial y mi descredito político. Están debidamente documentadas y registradas en interceptaciones legales de comunicaciones que han intentado ser descalificadas ante los medios sin ningún fundamento. El senador Uribe Vélez ha buscado que se descarte una parte de ellas alegando que fueron practicadas ilegalmente, cuando en realidad son grabaciones hechas por error en otra investigación, pero que aún bajo esa óptica tienen carácter legal, y que además son apenas un elemento que hace parte de un voluminoso cuerpo probatorio. Por ello, tampoco es cierto que el expresidente Uribe tenga total certeza de que en todo lo que contienen esas conversaciones no haya como asevera “una sola palabra que viole la ley”.
7. Esta investigación sin precedentes en la historia reciente del país requiere que la opinión pública sea informada con objetividad, y no exclusivamente con las sesgadas versiones del expresidente Uribe y de las alegaciones de sus abogados, que buscan generar la sensación de que se debe salvar al Expresidente de una supuesta persecución judicial, que en realidad no ha padecido por cuenta de este asunto. A diferencia de esta posición, la mia es de total respeto a la independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia. Estoy dispuesto a prestar la colaboración que de mi parte se requiera, sin violar la reserva sumarial, para que la opinión pública reciba en este caso información veraz y confrontada, como lo manda el artículo 20 de la Carta Política.

Bogotá D. C., 3 de septiembre de 2019.-

COMUNICADO No. 013

Ante la Fiscalía, uribista se retracta por llamar a Iván Cepeda “capo de falsos testigos”

• Cepeda anunció que seguirá avanzando en los tribunales para que se respete su dignidad, ante la campaña intensa y malintencionada por parte del senador Álvaro Uribe y sus seguidores, relacionada con lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Bogotá, septiembre 24 de 2.019.- En medio del proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, la Fiscalía, le ordenó a José Miguel Santamaría retractarse por llamar a Iván Cepeda “capo de falsos testigos”.

 

Santamaría, ferviente seguidor de Uribe, candidato al Senado en las pasadas elecciones por el Centro Democrático, y aspirante a integrar la terna para la gobernación de Cundinamarca, se excusó publicamente este martes a través de su cuenta de twitter, por comentarios falsos e injuriosos contra Iván Cepeda.

 

@SANTAMARIAURIBE:

https://twitter.com/santamariauribe/status/1176466269102645254?s=12 “Con este mensaje me retracto por las ofensas hechas por este medio contra la honra y buen nombre del senador Iván Cepeda, por esto le pido excusas”.

Por su parte, Cepeda dijo que la justicia le ha dado nuevamente la razón, con relación a una de las tantas expresiones usadas en la campaña que lleva a cabo el senador Uribe y sus seguidores en las redes sociales para desprestigiarlo, y advirtió que seguirá avanzando en los tribunales para que se respete su dignidad.

“En una conciliación el señor Santamaría Uribe ha tenido que reconocer que esas expresiones son falsas, son agraviantes, y por tanto ha tenido que retractarse de ellas en su cuenta de twitter y ofrecerme las respectivas excusas publicamente. Así que sigo avanzando en la justicia, en los tribunales, para que se respete mi dignidad a pesar de esta campaña que es intensa y malentencionada por parte del senador Uribe y sus seguidores, y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia” señaló Cepeda.

En el trino que originó la denuncia por injuria y calumnia, Santamaría señaló que existía de parte de Iván Cepeda un interés ilegal en el resultado de la investigación penal que se seguía en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, argumentando que bajo las ordenes del congresista, testigos rindieron falso testimonio.

COMUNICADO No. 014

 COMUNICADO DE PRENSA

Iván Cepeda Castro

Desde que en agosto de este año, la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia programó las indagatorias de los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, mis abogados y yo anunciamos que no concurriríamos a esas diligencias en el ánimo de evitar toda acción que pudiera ser interpretada como un intento por perturbar o interferir con el normal desarrollo de la instrucción. También llamamos a nuestra contraparte a evitar las presiones mediáticas o políticas que atentaran contra la independencia y la dignidad de la Corte y de sus magistrados.

En contravía a ese llamado, una agresiva y desleal campaña se ha desplegado en los medios de comunicación, las redes sociales y las plazas públicas de algunas ciudades del país, en la que se han empleado toda clase de mentiras para descalificar la labor investigativa del Alto Tribunal, poner en duda la probidad de los magistrados, tergiversar las pruebas, invertir el lugar entre la víctima y quien encomendó a intermediarios la consecución de decenas de falsos testigos. Todo con el fin de diluir la responsabilidad y sembrar la confusión en la opinión pública, haciendo aparecer como perseguido a quien no lo ha sido ni lo es.

En la víspera de las indagatorias de los congresistas Uribe y Prada, renovamos nuestro llamado a que se guarde absoluto respeto por la independencia de los magistrados que deben tomar decisiones en este trascendental proceso.

Bogotá D. C., 7 de octubre de 2019.-

 

COMUNICADO No. 015

COMUNICADO DE PRENSA

Iván Cepeda Castro

Luego de que intentó dilatar al máximo que se llevara a cabo, el pasado 8 de octubre el senador Álvaro Uribe Vélez rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia en la instrucción No. 52240. A partir de ese momento se han presentado hechos que ameritan que desde la Parte Civil del proceso en curso hagamos precisiones necesarias y algunos anuncios:

1. En la noche del pasado 8 de octubre, el senador Uribe Vélez en compañía de sus abogados en una concentración pública de sus seguidores políticos hizo una detallada exposición en la que, desde su visión, habló de múltiples elementos del expediente, de la sesión de indagatoria, y del acervo probatorio. En dicho evento político, quien es investigado por la Corte, volvió a presentarse como víctima de una persecución, calumnió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mintió sobre los hechos que me atañen en este proceso, y mezcló esas acusaciones con llamados electorales a respaldar a candidatos de su partido, el Centro Democrático, en las próximas elecciones. En vista de que el contenido de ese discurso constituye una abierta violación de la reserva sumarial y una desafiante contravención del auto del pasado 20 de septiembre en el que el Magistrado Instructor advertía expresamente a los sujetos procesales sobre esta clase de declaraciones públicas, junto con mis apoderados hemos entregado a la Sala Especial de Instrucción la grabación de la intervención mencionada.

 

1. Al día siguiente de la diligencia de indagatoria del senador Uribe Vélez, el abogado Diego Javier Cadena en una extensa entrevista concedida a la W Radio comentó de manera pormenorizada numerosos aspectos del expediente, su declaración rendida en el proceso los días 23 y 24 de septiembre de 2019, y las intervenciones de otros declarantes. Por esa circunstancia, hemos enviado a la Corte, y enviaremos a la Fiscalía, la grabación de dicha entrevista pues también viola la reserva sumarial y el auto del Magistrado Instructor.

 

1. Ante el anuncio dado a conocer a través de los medios de comunicación por el fiscal general (e) Fabio Espitia de que en los próximos días se procederá a resolver la situación jurídica del abogado Cadena, anunciamos que entregaremos a la Fiscalía un escrito en el que solicitaremos que antes de adoptar cualquier determinación sobre este abogado, proceda a tomar copias del Radicado No. 52240 que cursa en la Corte Suprema en lo que tiene que ver con sus actuaciones y la relación con su cliente, el senador Uribe Vélez. Igualmente, solicitaremos a la Fiscalía que, una vez tenga toda la información, proceda a imputar los delitos de soborno y fraude procesal, y pida ante el juez medida de aseguramiento consistente en detención preventiva para evitar más obstáculos a la justicia y una posible fuga del implicado, si es que ésta ya no ha ocurrido como lo vienen sugiriendo algunos medios de comunicación.

 

1. El día de la diligencia de indagatoria, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, a través de su cuenta de Twitter afirmó que el senador Uribe Vélez comparecía ante “una Corte Suprema de Justicia con cartel de la toga a bordo y con congresistas de las Farc como peces en el agua (sic)”. Por estas acusaciones calumniosas provenientes de un funcionario diplomático de alto nivel, hemos elevado queja disciplinaria ante el procurador general Fernando Carrillo. Asimismo, hacemos un llamado al presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que de insistir en su empeño de referirse al proceso judicial que está en trámite, en el futuro se abstenga de emitir mensajes explícitos o soterrados que en la opinión pública puedan ser interpretados como una toma de partido en favor del senador Uribe Vélez, y lo exhortamos a que asuma la posición de Jefe de Estado, que implica la garantía de respeto al principio de separación de poderes y, por ende, a la independencia y autonomía judicial.

 

1. Dada la estrategia ostensible del senador Uribe Vélez, de sus abogados y de sus seguidores políticos de hacerme aparecer en los medios de comunicación como quien ha ofrecido a testigos dineros a través de una organización de derechos humanos, debo subrayar que no es a mi a quien la Corte Suprema de Justicia investiga por presunto soborno; que ese tribunal ya señaló que mi conducta está a salvo de cualquier sindicación, y que no he ofrecido ni tramitado ninguna clase de beneficios a cambio de testimonios. Por estas acusaciones ya fui expresa y suficientemente exonerado, en una decisión en la que se determinó que mi interés por proteger la vida de quienes hicieron declaraciones en contra del senador Uribe y de su hermano Santiago “[n]o fue caprichoso, sino obligatorio, pues como servidor público y representante de la sociedad en materia de derechos humanos, no podía ser indiferente y, obviamente, adoptar las medidas de cautela necesarias ante las autoridades competentes”. Así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia en el Auto Inhibitorio de la radicación No. 38451, del 16 de febrero de 2018, p. 96; providencia que hoy ya no está sujeta a reserva sumarial. La estrategia de la defensa desesperada del líder del Centro Democrático consiste entonces en ocultar que no existe ni el más leve indicio de que yo, o alguien en mi nombre, haya ofrecido remuneración o prebendas para alterar versiones, mientras que sí está establecido que varios testigos comprometen en esa clase de tratos inescrupulosos a mi contraparte y a sus abogados.

 

1. Es preciso que la opinión pública y los medios de comunicación no pierdan de vista que el senador Uribe debe explicar cuál es su posición definitiva frente a los servicios del abogado Diego Cadena, al cual unas veces envía al pabellón de sospechosos y otras defiende, justificando las instrucciones que de manera directa y personal le dio en medio de su atropellada búsqueda de falsos testigos. De esta manera lo hizo, por ejemplo, en un reciente mensaje emitido en su cuenta de Twitter: “El drDiego Cadena ha hecho un gran esfuerzo para confirmar informaciones de testigos manipulados por extremistas que sintieron que mi Gbno les cerró el camino.Las nuevas pruebas le ayudarán y me ayudarán (sic)”.

 

1. Anunciamos que presentaremos las consideraciones probatorias y jurídicas que en nuestro criterio debe tener en cuenta la Corte en el momento de resolver las situaciones jurídicas de los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, que a nuestro juicio y con base en las evidencias recaudadas no puede ser, de ninguna forma, la preclusión de esta investigación.

 

Estamos seguros de que el intento que realiza el senador Uribe por manipular a la opinión pública con engaños a la postre se estrellará contra el muro de la verdad. Por nuestra parte, continuaremos respetando la reserva sumarial, así como la independencia, autonomía y dignidad de la Corte Suprema de Justicia.

 

Bogotá, 15 de octubre de 2019.-

 

Iván Cepeda Castro

Parte Civil de la Instrucción No. 52240 

COMUNICADO No. 016

 COMUNICADO DE PRENSA

Iván Cepeda Castro

El pasado 9 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que pidió realizar audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento contra Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, para el 18 de febrero de 2020. Ante esta decisión, en condición de víctima de las actuaciones ilegales de este abogado y de su cliente, me permito dar a conocer las siguientes consideraciones:

 

1. Sorprende que pese al voluminoso caudal de pruebas que comprometen al abogado Cadena en delitos graves como soborno, fraude procesal y suplantación de autoridad judicial, no se haya solicitado antes la privación de la libertad con fines de imputación.

 

1. Esa actitud benévola contrasta con otras decisiones de la Fiscalía cuando ha capturado e imputado con pasmosa velocidad a implicados en investigaciones de interés del exfiscal Néstor Humberto Martínez,  como el caso Hyundai. Junto a mis apoderados, expreso preocupación por la circunstancia de que la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento haya sido convocada para dentro de dos meses y medio; tiempo en el cual podría presentarse la evasión de la justicia de la persona que será imputada. Espero que dicha decisión no traiga nuevas dilaciones o consecuencias que impidan el normal funcionamiento de la justicia en este caso vital para el esclarecimiento de la responsabilidad del senador Uribe en los presuntos delitos de soborno en concurso homogéneo y fraude procesal por los que se le investiga.

 

1. Igualmente, manifiesto mi preocupación por el hecho de que luego de conocerse la mencionada decisión de imputar solo hasta febrero de 2020 al abogado del senador Uribe Vélez, tanto en Colombia como en Estados Unidos autorizadas voces denunciaron que el Fiscal General de la Nación (e), Fabio Espitia, estaría siendo objeto de presiones tendientes a impedir que se produzcan la imputación de cargos y la medida de aseguramiento contra el abogado Cadena precisamente en el momento en que se produce la elección del Fiscal General en la Corte Suprema de Justicia.

 

1. La terna para elegir el nuevo Fiscal General de la Nación que ha sido presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, está compuesta por tres personas que han desempeñado funciones en el actual gobierno y que tienen clara cercanía y afinidad con el partido de Gobierno. Espero que una vez elegido el sucesor o sucesora del fiscal (e) Fabio Espitia, conduzca con la debida autonomía e independencia este proceso que involucra al abogado del jefe político del Centro Democrático.

 

Bogotá, 16 de diciembre de 2019.-

COMUNICADO No. 017

COMUNICADO DE PRENSA

Iván Cepeda Castro

Al amparo de un operativo realizado por el INPEC en las casas fiscales de la cárcel La Picota, en los días iniciales de este año se ha desarrollado un nuevo capítulo de la campaña de desinformación con la que se pretende minimizar la responsabilidad del senador Álvaro Uribe y del representante Álvaro Hernán Prada en hechos que podrían configurar soborno y fraude procesal, así como distraer a la opinión sobre el impacto de la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento contra Diego Cadena, abogado del senador Uribe. Ante esta situación hago las siguientes aclaraciones:

1. Juan Guillermo Monsalve ha testificado en ocho oportunidades ante autoridades judiciales acusando a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe de haber conformado y dirigido grupos paramilitares, y de haber sido presionado para retractarse. Algunas de dichas declaraciones se hicieron incluso antes de que, en septiembre de 2011, me solicitara hacer llegar a la Fiscalía sus denuncias. Luego de acusar a los Uribe, Monsalve fue víctima de dos atentados contra su vida, el primero en Cómbita, en marzo de 2012, y el segundo a comienzos de 2014. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia ordenó medidas de protección para este testigo, lo que demuestra en forma concluyente que no intervine en la definición del actual sitio de reclusión del interno.
2. Es deber del INPEC realizar los controles necesarios sobre los sitios de reclusión y velar por el régimen disciplinario en las cárceles y penitenciarías del país. No obstante, las medidas que se tomen con ocasión del operativo realizado en el lugar en el que se encuentra el testigo Monsalve deben mantener las condiciones de protección del interno ante una posible conjura encaminada a atentar contra su vida, o a intimidarlo con el fin de que cambie su testimonio en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Uribe y el representante Prada.
3. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y la dirección del INPEC deben aclarar por qué a pesar de haber sido realizado el operativo en sitios de reclusión en los que se encuentran otros internos, sus resultados se han filtrado selectivamente a los medios de comunicación, y no se ha informado las medidas para garantizar la cadena de custodia sobre los elementos incautados que deben ser entregados a las autoridades competentes sin alteración o manipulación de ninguna especie.
4. El Ministerio de Justicia está en la obligación de aclararle a la opinión pública su actuación especialmente sesgada con relación a la situación del testigo Monsalve como también despejar la creciente inquietud sobre si el Gobierno Nacional está interviniendo con la intención de incidir en el curso de la investigación que lleva a cabo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Dicha preocupación proviene también de las constantes declaraciones que el Presidente de la República ha realizado expresando su valoración sobre la supuesta inocencia del senador Uribe; o la de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien calificó de “doloroso” el proceso de investigación; o la del embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se refirió a la Corte Suprema de Justicia como un tribunal con “cartel de la toga a bordo”. Es evidente que todas esas manifestaciones del alto gobierno, y la actitud de la dirección del INPEC y de la Ministra de Justicia son lesivas de la autonomía e independencia judiciales.
5. A todo lo anterior se agrega que, como ha ocurrido en todos los estadios de este proceso, coincidencialmente la defensa del senador Uribe anuncia la producción de tres nuevos “testimonios” que habrían sido aportados a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad la lista de “testigos” la encabeza Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, exguerrillero y “gestor de paz” en el gobierno de Álvaro Uribe, quien entre otras turbias actuaciones se hizo tristemente célebre por haber sido “el cerebro” de la falsa desmovilización del frente Cacique La Gaitana de las extintas Farc[1]. Este conocido embustero y las otras dos personas de similar condición que declaran a favor del senador Uribe también serán desenmascarados ante la justicia.

Bogotá, 09 de enero de 2020.-

 

COMUNICADO No. 018

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Iván Cepeda Castro

Anuncio a la opinión pública que en el día de hoy enviaré al magistrado César Augusto Reyes Medina un escrito solicitando que haga parte de la instrucción No. 52240 para los efectos pertinentes, el informe “En las entrañas de una ‘bodeguita` uribista” que en días anteriores dio a conocer la alianza Liga Contra el Silencio y que da cuenta de la existencia de un grupo de propaganda sucia en redes sociales[1].

Según este informe, del grupo que funcionaba a través de un chat en WhatsApp y de reuniones que se realizaban en Bogotá, hacían parte personas lideradas por funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno (como Claudia Bustamente, consejera de Relaciones Exteriores con funciones de Cónsul y jefe de la oficina del Consulado de Colombia en Orlando, Florida; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, quien fue consejero presidencial para la Innovación y Transformación Digital, hoy, alto consejero presidencial para Asuntos Económicos y la Transformación Digital de la Presidencia de la República, y Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC). Asimismo, estaba integrado, entre otros, por dos funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador de la República, Álvaro Uribe Vélez (Hernán Darío Cadavid Márquez, asesor principal, y Stephanie Carrillo Rhenal, jefe de prensa) así como por Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Camilo Alejandro Martínez Navarrete, asesor del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan David Vélez; además de excandidatos de ese mismo partido a la Cámara de Representantes y al Senado.

Vale destacar que con ocasión del llamado a indagatoria que hizo la Corte Suprema al senador Uribe Vélez y su posterior vinculación formal al proceso por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo, según revela el mencionado informe, este grupo de propaganda sucia en redes sociales coordinó la difusión de 30 tendencias que fueron promovidas entre septiembre de 2019 y enero de 2020. Esa labor propagandística en redes sociales buscaba divulgar información falaz sobre la investigación adelantada, y además propiciar en la opinión pública un ambiente hostil hacia la Corte Suprema de Justicia y hacia el suscrito. De esa labor en la que participaron además congresistas del partido Centro Democrático, hizo parte la promoción en Twitter de tendencias como #TestigosFalsosDeCepeda, #MontajeContraUribe, #EstamosConUribe, #UribistaSigueUribista, #AlaCallePorUribe, #UribeInocente.

Los mensajes falsos y calumniosos que se han difundido en esta labor propagandística demuestran la existencia de un plan orquestado por funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno y por el senador Álvaro Uribe Vélez, dirigido a desinformar a la opinión pública recurriendo a la mentira con el fin de afectar la independencia y autonomía de la justicia y de hacer aparecer como víctima a quien hoy es investigado por el Alto Tribunal.

Bogotá, 11 de febrero de 2020.-

COMUNICADO No. 019

Solicitamos la captura preventiva del abogado Diego Cadena 

Dada la noticia aparecida en medios de comunicación sobre el hecho de que la defensa del señor Diego Javier Cadena Ramírez, en cabeza del abogado Iván Cancino, formularía petición de aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento, que está prevista para el próximo 18 de febrero, me permito informar que en el día de hoy junto a mi apoderado hemos solicitado al fiscal Daniel Hernández, quien adelanta la respectiva investigación:

1. Se verifique si efectivamente el abogado Iván Cancino tenía una diligencia judicial prevista para el 18 de febrero de 2020, programada con antelación a asumir la defensa del abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Se verifique el tiempo transcurrido entre el momento del otorgamiento del poder y la fecha en que el abogado presentó la solicitud de aplazamiento.
2. De hallarse alguna falsedad en el motivo de la solicitud o alguna mora o maniobra dilatoria por parte del abogado defensor, se solicita respetuosamente a la Fiscalía que compulse copias con destino al Consejo Superior de la Judicatura para que sea investigado disciplinariamente el apoderado, por haber incurrido presuntamente en maniobras temerarias y de mala fe, con el propósito de dilatar el proceso.
3. De acuerdo al conocimiento que tenemos de las conductas del señor Diego Javier Cadena Ramírez que originaron el llamamiento a imputación, se solicita que en términos de lo dispuesto en los artículos 250 numeral 1 de la Constitución Política y 297 y 298 de la ley 906 de 2004, la Fiscalía le pida a los jueces de Control de Garantías la orden inmediata de captura con fines de imputación y detención preventiva en centro carcelario. Esto para evitar maniobras dilatorias destinadas a evadir la imputación; prevenir el inminente riesgo de fuga que puede materializarse con la huída del país; que las pruebas sean manipuladas, los testigos presionados y se obstaculice la administración de justicia. Tal riesgo es real puesto que son el tipo de actuaciones que precisamente han dado lugar para que el abogado Cadena fuera convocado a audiencia de imputación.
4. Solicitamos a la Fiscalía que tome las medidas necesarias para evitar dilaciones procesales, entre ellas, que inste al abogado a designar un defensor suplente.

Bogotá, 14 de febrero de 2020.-

COMUNICADO No. 020

 COMUNICADO DE PRENSA

Iván Cepeda Castro 

Con relación al nuevo aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos a Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, hago las siguientes consideraciones:

1. El 9 de diciembre de 2019, el despacho del fiscal Daniel Hernández dispuso realizar audiencia de imputación en contra de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal; audiencia que debía llevarse a cabo el 18 de febrero de este año. No obstante, fue aplazada porque ese día el abogado Cadena, aunque se hizo presente en la audiencia, según lo divulgaron los medios de comunicación habría entregado una constancia médica según la cual tenía “diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” . De igual forma,  su abogado Iván Cancino no acudió a esta diligencia aduciendo que tenía previsto un tratamiento odontológico. No obstante, días antes de la audiencia declaró ante medios de comunicación que para la fecha tenía programada otra diligencia que no podía aplazar.

 

2. Posteriormente, se programó para el día de hoy a las dos de la tarde. A pesar de ello, esta mañana mi abogado fue informado por parte del despacho  del fiscal Hernández que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao no hizo reparto a los juzgados de Control de Garantías para llevar a cabo la diligencia.

 

3. Pese al significado que para la sociedad tiene esta audiencia ligada al proceso que se lleva ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe Vélez, no solo por la gravedad de los delitos que se investigan, sino también por las personas que estarían involucradas en los mismos, se evidencia una actitud evasiva de la justicia para  garantizar que el proceso avance.

 

4. A pesar de la situación que vive el país como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid -19, el Estado tiene la obligación de evitar la parálisis de la administración de justicia y, en consecuencia, debe asegurar el oportuno cumplimiento de las diligencias judiciales y garantizar los recursos necesarios para que la justicia funcione. Si como lo solicitamos oportunamente el pasado 14 de febrero, se hubiera proferido la orden de captura preventiva del abogado Cadena se hubiera llevado a cabo la audiencia de imputación que se ha aplazado por varios meses.

 

5. Por lo tanto, nos permitimos hacer las siguientes peticiones: a la Fiscalía General de la Nación que de manera inmediata solicite nueva audiencia de imputación con medida de aseguramiento y detención preventiva; al Consejo Superior de la Judicatura que exija que todos los despachos cumplan la orden impartida de realizar las audiencias virtuales, tal y como lo está haciendo la Honorable Corte Suprema de Justicia, por cuanto la pandemia no puede paralizar el funcionamiento de la justicia. Solicitamos que el Consejo Superior de la Judicatura ordene que los despachos judiciales acudan a los medios tecnológicos para llevar a cabo las diligencias, de forma tal que se garantice el principio de justicia pronta y cumplida.

 

Bogotá, 28 de abril de 2020.-

COMUNICADO No. 021

 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

A pesar de que la señora Cristina Lombana Velásquez, magistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia fue objeto de recusación por parte mía en el proceso de investigación que lleva adelante el Alto Tribunal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, he podido constatar que en forma reiterada y obsesiva busca interferir ilegalmente en el normal desarrollo de esta investigación, y en otras de las que hago parte. 

Ante estas frecuentes tentativas, con mis abogados hemos tomado la decisión de interponer las acciones correspondientes en contra de la mencionada magistrada. Ella no es quien conduce la instrucción Nº 52240 ante la Corte, pero con peticiones y actitudes ilegales confirma su animadversión en mi contra y su empeño de influir indebidamente en dichas investigaciones, o torpedearlas como lo ha venido haciendo recientemente con una solicitud en otro expediente del que hago parte, en el que hizo una solicitud que no podía formular. Por estos motivos, informo a la opinión pública que la denunciaré penal y disciplinariamente.

De igual forma, informo que solicitaré a la Sala Especial de Instrucción de la Corte que sea separada del conocimiento de la totalidad de procesos en los que yo tenga calidad de sujeto procesal, bien sea como denunciado, querellado o como víctima.

 

Bogotá, 30 de abril de 2020.-

COMUNICADO No. 022

 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Iván Cepeda Castro

 Ante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a los abogados Diego Javier Cadena y Juan José Salazar, realizada por el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías, hacemos las siguientes consideraciones en nuestra condición de víctima y representantes de la víctima:

1. Si bien celebramos que luego de sucesivos aplazamientos por fin se haya realizado ayer esta audiencia, esperamos que la investigación avance sin nuevas dilaciones y que se inicie pronto la etapa de juicio, pues el caso lleva dos años y medio de haber sido denunciado.
2. La Fiscalía pasó revista ayer a un abundante material probatorio, que revela que los abogados Cadena y Salazar fueron sin duda artífices de un concurso de delitos en el que los sobornos y las ofertas de prebendas judiciales conformaban el medio material para garantizar el fraude procesal. Pero también quedó evidenciado que ese concurso criminal benefició directamente al senador Álvaro Uribe Vélez, cuya responsabilidad es innegable y no le corresponde dilucidarla a la Fiscalía sino a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
3. Algo similar puede decirse del frustrado ofrecimiento de asesoría jurídica que hizo Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve, y del reiterado pedido de que elaborara a cambio de esa oferta un escrito con una falsa retractación de sus declaraciones contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
4. Ayer quedó demostrado en forma contundente que los abogados Cadena y Salazar no iban a las cárceles para entregar “ayudas humanitarias” o que eran víctimas de acciones extorsivas, sino que en forma coordinada le habrían ofrecido al exparamilitar Carlos Enrique Vélez la suma de 200 millones de pesos, cuyos pagos iniciales por un valor de 48 millones de pesos les habrían sido entregados a familiares del paramilitar sin dejar ninguna clase de comprobantes, y a cambio de remitir a la Corte Suprema de Justicia escritos elaborados previamente por los abogados.
5. Tal y como lo hemos afirmado en otros momentos, los abogados Cadena y Salazar han tenido una conducta reiterada de obstruir y defraudar la justicia. Por lo tanto, advertimos que existe el peligro real de que esa conducta obstaculice la investigación, implique nuevas obstrucciones en la etapa de juicio, e incluso de que se produzca una fuga de los imputados.

La Fiscalía solicitó que la medida de aseguramiento que se imponga sea la de privación de libertad en centro de reclusión, pero que en consideración a la situación que ha creado la pandemia, se restrinja a la reclusión domiciliaria. Si el juez en función de control de garantías toma esa decisión, solicitaremos que la misma tenga carácter estrictamente temporal, y que una vez termine la fase crítica de la emergencia sanitaria, los abogados Cadena y Salazar sean conducidos de inmediato a un centro carcelario.

 

Bogotá, 28 de julio de 2020.-

COMUNICADO No. 023

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Iván Cepeda Castro

En momentos en que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia se apresta a resolver la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez, y en que el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías va a decidir sobre la solicitud de medida de aseguramiento de los abogados Diego Javier Cadena y Juan José Salazar, desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas.

No es la primera vez que esto ocurre. En octubre de 2018, ante la citación a indagatoria al senador Uribe se hizo una campaña con el mismo libreto y propósito. En ese entonces se intentaba convencer a la ciudadanía que Uribe está por encima de la justicia y que de darse esa diligencia judicial, sobrevendría un estado de conmoción nacional de consecuencias impredecibles.

Llamamos al partido Centro Democrático a cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se puede afirmar que se respetan las instituciones, y al mismo tiempo arrojar un manto de duda sobre la independencia y la probidad de este tribunal supremo ante una decisión adversa. El respeto de la justicia desde una concepción democrática implica la aceptación de las providencias de los tribunales.

La afirmación de que sería una “inédita paradoja” que el senador Uribe pueda ser privado de la libertad, mientras exguerrilleros tienen representación en el Congreso, lo único que demuestra es la cínica convicción de que el ciudadano Uribe Vélez debe gozar de inmunidad frente a decisiones que pueda tomar en su contra la justicia, y que su condición de expresidente incluye la impunidad.

Con relación al malintencionado vaticinio de que una medida privativa de la libertad en este caso conduciría a una situación incontrolable, vale recordar que la incitación a la violencia es un delito sancionado penalmente.

Demandamos del presidente Iván Duque Márquez que se conduzca como Jefe de Estado y no como defensor de oficio de su mentor político, y que cese definitivamente sus reiterados intentos de intromisión en las deliberaciones del poder judicial.

Una vez más, señalamos que un principio fundamental del Estado de derecho consiste en que ningún ciudadano está, ni puede estar, por encima de la Constitución, las leyes o las actuaciones de la justicia.

 

Bogotá, 03 de agosto de 2020.-

COMUNICADO No. 024 

“Actuaciones del presidente Iván Duque amenazan la independencia judicial”: Iván Cepeda, en comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU

• Las comunicaciones fueron dirigidas a Diego García-Sayán, relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, y Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Bogotá, 12 de agosto de 2020.-  Iván Cepeda informó de manera detallada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU sobre las constantes declaraciones del presidente Iván Duque que demuestran una presión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con relación a la decisión adoptada por ese Alto Tribunal, de privar de su libertad mediante detención domiciliaria al expresidente y senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, caso en el cual Cepeda es parte civil en calidad de víctima. 

“Con estas comunicaciones pongo en evidencia que en Colombia se está llevando a cabo una campaña para interferir con la independencia del poder judicial y presionar a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Cepeda.

Según las comunicaciones, el presidente Iván Duque ha incurrido en graves actuaciones al hacer alocuciones oficiales y desplegar una agenda mediática para hacer declaraciones públicas a través de medios de comunicación privados y usando canales oficiales de la Presidencia de la República, en las que ha abogado por garantías judiciales para el expresidente Uribe. Son actuaciones contrarias a los estándares internacionales sobre independencia y autonomía de la rama judicial.

En dichas alocuciones, el presidente Iván Duque no solo ha expresado su simpatía con relación a su mentor político, sino que  ha hecho explícito su rechazo frente a la medida de aseguramiento ordenada por la Corte. Al ser cuestionado por esas afirmaciones, el mandatario ha dicho que las ha realizado en condición de ciudadano, generando con ello confusión en la opinión pública y presionando con sus declaraciones a los magistrados que han tomado las decisiones.

Por ello, Cepeda solicitó a la CIDH y a la ONU que realicen un pronunciamiento público instando al presidente Duque para que cese cualquier acto de interferencia o presión contra las decisiones adoptadas en el proceso. Además, para que brinde como jefe de Estado las garantías necesarias para que la justicia pueda actuar de manera independiente sin ninguna clase de intromisión y en forma  autónoma, en cumplimiento de la Constitución Política y de los principios del Estado de Derecho en Colombia.

Las comunicaciones también se refieren a la propuesta del presidente Duque de adelantar en Colombia una reforma a la justicia, retomando así la vieja propuesta de Uribe de acabar con las Cortes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reducirlas a una  sola instancia, iniciativa que él mismo respaldó durante su campaña de elección presidencial.

Frente a la iniciativa, Duque ha dicho que “habría consenso para que se realice”. En realidad, quienes mayormente la proponen  son simpatizantes y militantes del partido de Gobierno, quienes no solamente han planteado que se presente una iniciativa legislativa para reformar la justicia, sino que incluso han propuesto una asamblea constituyente.

Dichas propuestas, en momentos en los que se ha tomado una  decisión transcendental en el proceso que se adelanta contra el expresidente y senador Uribe, han sido catalogadas como revancha y amenaza al poder judicial.

Como parte de esta campaña, Cepeda también documentó las  múltiples intervenciones de ministros del Despacho y de otros funcionarios de alto nivel, en las cuales hay evidentes presiones contra la Corte Suprema de Justicia y su Sala de Instrucción.  Recordó el episodio en el cual el embajador de Colombia en  Washington, Francisco Santos,  a través  de su cuenta de Twitter, arremetío contra la Corte Suprema de Justicia por el llamado a indagatoria a Uribe. @PachoSantos: “amanezco con dolor de patria. @AlvaroUribe en indagatoria frente a una @CorteSupremaJ con cartel de la toga a bordo y con congresistas de las Farc como peces en el agua. El mundo al revés”.

Finalmente, Cepeda informó que el ambiente que han creado las declaraciones del presidente Iván Duque tienden a alterar a la opinión pública. Dio a conocer que en los últimos días ha recibido nuevas amenazas por redes sociales.  

“Me preocupa mi seguridad y la de mi familia, así como la mi equipo de abogados y colaboradores en mi Unidad de Trabajo Legislativo”, concluye Cepeda.

  

Comunicado 25

Iván Cepeda denuncia amenazas de muerte

• El senador del Polo ha denunciado además una campaña de insultos, acoso y hostigamiento en sus redes sociales y correos personales.

Bogotá, 14 de agosto de 2020.- El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas de muerte contra él, su familia y sus colaboradores.

Según Cepeda las evidencias demuestran que dichas amenazas y hostigamientos se han incrementado a partir del momento en que se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en cuanto a la medida de aseguramiento para el expresidente y senador Álvaro Uribe, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, caso en el cual Cepeda es parte civil en calidad de víctima.

Asimismo, este tipo de amenazas coinciden con las presiones hechas a la Corte Suprema de Justicia por el sector político que dirige Uribe Vélez.

“Pido a la Fiscalía General de la Nación que se investigue quiénes son los autores de estos mensajes y cuáles son sus alcances”, señaló Cepeda.

Los autores de estas amenazas incurrirían en los delitos de incitación al odio y a la violencia; hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural; apología del genocidio; injuria; calumnia; amenazas e instigación a delinquir, entre otros.

El miércoles, Cepeda había alertado sobre la situación a Diego García-Sayán, relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, y Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Me preocupa mi seguridad y la de mi familia, así como la de mi equipo de abogados y colaboradores en mi Unidad de Trabajo Legislativo”, dijo Iván Cepeda a los organismos internacionales.

Comunicado No 25

Iván Cepeda: “la entrevista del senador Uribe ayer en la Revista Semana es un compendio de mentiras”

• “Uribe intenta rehuir a la Corte Suprema de Justicia y buscar impunidad en la Fiscalía General de la Nación. No tiene cómo controvertir pruebas en su contra. Ese intento de eludir a la justicia fracasará. Parte de los hechos ocurrieron en función de congresista. Utilizó integrantes de su UTL para buscar testigos con Cadena”.

• “Denunciaré a Uribe por injuria y calumnia: afirmó que he actuado «en complicidad» con magistrados de la Corte y por «haber comprado (sic)» 10 testigos en su contra. Él no supera haber perdido en todas las instancias (CSJ, Procuraduría y Consejo de Estado)”.  

1. La extensa entrevista del senador Uribe ayer en la @RevistaSemana es un compendio de mentiras. También es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la CSJ. Anuncio que en los próximos días denunciaré penalmente a @AlvaroUribeVel por injuria y calumnia. https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295346988477816835?s=20

 

2. He actuado siempre con transparencia y respeto por la reserva del expediente. A diferencia de Uribe, no violaré esa reserva. Mi posición se puede consultar en la Cronología de la Verdad que compendia 25 comunicados sobre el caso: http://ivancepedacastro.com/comunicados-caso-alvaro-uribe/

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295348648042287105?s=20

 

3. Denunciaré a Uribe por injuria y calumnia: afirmó que he actuado «en complicidad» con magistrados de la Corte y por «haber comprado (sic)» 10 testigos en su contra. Él no supera haber perdido en todas las instancias (CSJ, Procuraduría y Consejo de Estado) acciones en mi contra.

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295350419552641025?s=20

 

4. Soy senador del Polo Democrático. Curioso que Uribe, quien desde hace años me acusa de pertenecer a FARC, nunca me haya denunciado ante la justicia por esos supuestos vínculos. No tiene una sola prueba de ello. Ojalá lo haga para derrotarlo de nuevo. ¿O teme hacerlo, Senador?

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295352030500925442?s=20

 

5. El senador Uribe ha contado con plenas garantías tanto en su condición de acusador como de acusado. Extrañamente durante 6 años cuando presentó 20 testigos falsos en mi contra nunca se quejó de los magistrados. Solo ahora cuando es llamado a rendir cuentas agrede a la Corte.

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295356744865128450?s=20

 

6. Uribe dice que “he comprado” 10 testigos. Otro embuste. Ni he “comprado” ni he presentado ante la Corte un solo testigo. En cambio él ha presentado una veintena de falsos testigos y tramitadores de falsos testigos. https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295365589985308672?s=20

 

7. Como serían de graves los delitos presuntamente cometidos por Diego Cadena (por los que está también privado de libertad) que Uribe decidió negar su conocimiento. Sin embargo, en la entrevista de anoche dice que lo continúa apoyando. Teme que Cadena lo delate.

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295366071273304064?s=20

 

8. Falso que Juan Guillermo Monsalve -hijo del mayordomo de Gucharacas- haya cambiado su versión. Ha sostenido siempre que los Uribe crearon un grupo paramilitar en su hacienda. Esa declaración la hizo desde ANTES de haberme conocido como lo señala el Auto Inhibitorio de 2018: https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295372240721260544?s=20

9. Falso que yo «haya comprado» 10 testigos. A ese propósito, la Procuraduría dijo en octubre de 2018: “Los argumentos de los testigos, aunque resulta ser un libreto único, resultan contradictorios”, lo que llevó a concluir que no ofrecí beneficios a cambio de testimonios. https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295374080594542593?s=20

 

10. Otro embuste de Uribe: él sabe bien que lo primero que di a conocer a la Corte en febrero de 2018 fueron los chats de Monsalve. No he eliminado ninguna prueba y esas pruebas quienes piden que se declaren nulas son los defensores de la Uribe y Prada.

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295378911602384898?s=20

 

11. Senador Uribe, no pediré asilo. No lo hice cuando bajo sus gobiernos fui perseguido y víctima de “chuzadas”, no lo haré ahora a pesar de amenazas de muerte que recibo con mi familia desde que a usted le dictaron medida de aseguramiento. Se lo repito: no me dejaré intimidar. https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295379724471013377?s=20

 

12. Uribe intenta rehuir a la CSJ y buscar impunidad en la FGN. No tiene cómo controvertir pruebas en su contra. Ese intento de eludir a la justicia fracasará parte de los hechos ocurrieron en función de congresista. Utilizó integrantes de su UTL para buscar testigos con Cadena. https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295381148684738561?s=20

 

13. Uribe ataca cobardemente a los magistrados de la Corte y pisotea las instituciones. Anuncio enviaré nueva comunicación a la CIDH y la ONU agregando que anoche afirmó que los magistrados habían incurrido en un “procedimiento mafioso” para decidir su situación jurídica. https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295382239392473088?s=20

 

14. No es cierto que mi esposa Pilar Rueda y el magistrado Reyes hayan sido «compañeros de trabajo». Ambos estuvieron vinculados a una misma entidad, pero cada uno laboró en áreas diferentes.

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295384010068242434?s=20

 

15. Otra mentira de Uribe: dice que doné dineros al @CSPP_ . En realidad son donaciones al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por más de $350 millones de mi salario. El Comité solo ha administrado esos recursos que han ido en su totalidad al @Movicecol:

16. En 2016, el exparamilitar Vélez fue llevado por su abogado, amigo de Mario Uribe para testificar en contra mí. La persecución en mi contra ya estaba en marcha. Por eso, la Corte pide investigar a Mario Uribe, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alvaro-uribe-mario-uribe-y-el-fantasma-de-los-falsos-testigos/

17. En la entrevista de @VickyDavilaH al ‘Tuso’ Sierra, su abogado dice con toda claridad que no hubo ningún intento de soborno por parte mía o de @piedadcordoba. Dijo que si él lo hubiera percibido así, de inmediato lo habría cominicado a los fiscales de EEUU. Contundente: https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295394571787141121

18. Quien está rehuyendo a la Corte Suprema de Justicia es el señor alias el ‘Tuso’ Sierra: no concurrió a la citación para que declarara, y en la entrevista de la Revista Semana dijo que no estaba dispuesto a declarar ante la Corte. Otra mentira de Uribe.

19. No es cierto que no haya habido comunicaciones entre el ‘Tuso’ Sierra y Uribe. El senador lo hizo a través de Diego Cadena (hoy privado de la libertad) y terceros en procura de su testimonio:

20. Uribe propone un “Tribunal de Honor” para evaluar su indagatoria ante la Corte. ¿Quiénes deben integrarlo para que él se sienta tranquilo? ¿Cadena, Noguera, Santoyo y Mario Uribe? Se escuchan propuestas.

21. Con el propósito de intervenir en los procesos en los que tenga la calidad de víctima, enviaré sendas comunicaciones al FGN, mediante las que solicitaré me informe acerca de actuaciones que ha adelantado en relación con compulsas de copias enviadas por la CSJ en el Caso Uribe

22. Preguntaré actuaciones de FGN con relación a Cadena, Mario Uribe, Samuel Sánchez, Enrique Pardo Hasche, Carlos E. López, Juan José Salazar, Victoria Jaramillo, Eurídice Cortes, Máximo Cuesta, Elmo Mármol, Giovanny Cadavid. Esto por falso testimonio y soborno, entre otros.

23. Pediré a FGN investigue por presunto falso testimonio a Ramiro de Jesús Henao, Gabriel Muñoz, así como la presunta manipulación de testigos en que pudieron incurrir Juan Guillermo Villegas Uribe, Humberto Gómez Garro y Wilser Molina Molina. Todos relacionados con caso Uribe.

24. Uribe sostiene que el exrepresentante a la Cámara Juan Carlos Salazar me acusa de que no cumplía bien con mis deberes de vicepresidente de la Comisión de DDHH. Los invito a conocer la “hoja de vida” de este otro defensor de Uribe: https://lasillavacia.com/queridodiario/el-malabarista-del-valle-49759

25. Uribe dice que el debate que hice en 2014 sobre sus nexos con narcoparamilitares lo ordenó el expresidente Santos. Falso. Los congresistas del gobierno votaron en plenaria contra el debate y por eso se aprobarlo en Comisión II. Le refresco la memoria. https://www.youtube.com/watch?v=QjMREN0bnZI&feature=youtu.be

26. Se repite la historia. De nuevo Uribe agrede a los magistrados de la CSJ. No. La Justicia no es la mafia. A la Justicia hay que defenderla de la mafia. https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1295418222704054272

27. De los asuntos que deben esclarecerse en este proceso judicial, es fundamental que Uribe explique sus nexos con clanes familiares involucrados con el paramilitarismo y el narcotráfico: los Villegas Uribe y los Gallón. Ambos clanes figuran presionando testigos de este caso.

28. Uribe ha intentado, por todos los medios, ocultar y oscurecer la información del proceso, invalidar las numerosas pruebas y anular con trabas formales el proceso. Su petición de revelar el contenido del expediente, además de improcedente es una expresión acabada de hipocresía

29. La larga entrevista de anoche en @RevistaSemana prueba que la decisión de la CSJ de privar de libertad a Uribe para evitar que obstruya la justicia es totalmente apropiada, justa y proporcionada. Él no pretende defenderse (no tiene como hacerlo). Pretende liquidar a la Corte.

30. La construcción de la democracia en Colombia tiene una contribución enorme de magistrados, jueces y fiscales que han arriesgado todo para garantizar el imperio de la Constitución. Se han enfrentado a la arbitrariedad del poder político. Hoy es imperativo defender la Justicia

31. En 30 trinos he dado respuesta sustentada a las principales mentiras de Uribe. Los invito esta noche a profundizar estas respuestas con el auspicio de mi compañero @GustavoBolivar:

Comunicado No 27

Iván Cepeda interpone acciones ante Fiscalía y Procuraduría por caso Uribe 

Bogotá, 18 de agosto de 2020.- Iván Cepeda solicitará a la Procuraduría General de la Nación (PGN) investigar al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, y al gerente para la atención integral de la pandemia Covid-19, Luis Guillermo Plata.

Los funcionarios pudieron incurrir en las faltas y prohibiciones disciplinarias, contenidas en el numeral 1 del artículo 34 y numeral 28 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 del Código Disciplinario Único, que dice:

“Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero”.

A partir del momento en que se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación con la medida de aseguramiento para el expresidente y senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, caso en el cual Cepeda es parte civil en calidad de víctima, Rubén Darío Acevedo y Luis Guillermo Plata han tomado posición en defensa de Uribe.

 “Pese a la clara prohibición legal de interferir en una decisión judicial, Acevedo y Plata no solo han cuestionado la defensa que se hace de las instituciones judiciales y su independencia, sino que han promovido acciones para favorecer a Álvaro Uribe”, señaló Iván Cepeda.

Acevedo, entre otras acciones, hizo un llamado a izar la bandera a media asta y con cinta negra como símbolo de luto. Además, ha calificado la providencia emitida por la Corte como “perversa”, desconociendo con ello la prohibición de referirse en público a otros servidores públicos mediante expresiones injuriosas. Sumado a esto ha emprendido una campaña de desprestigio y estigmatización hacia las personas de izquierda, defensores(as) de derechos humanos y de la paz.

Por su parte, Luis Guillermo Plata, como lo reveló la periodista Cecilia Orozco en su columna “Uribismo: estrategía política vs. Justicia” habría convocado a sus “compañeros de gobierno” para que asistieran a una reunión virtual con el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, la que tenía por propósito “‘sobretodo (sic) ayudarnos a pensar en cómo podemos apoyar efectivamente al Presidente Uribe (sic) en estos momentos’”.

Con sus actuaciones, los altos funcionarios no solamente habrían incumplido el deber de todo servidor público de acatar las decisiones judiciales, sino que habrían atentado contra el buen funcionamiento del Estado y de sus instituciones y, por ende, contra sus fines esenciales.

De otra parte, Iván Cepeda solicitó a la Fiscalía General de la Nación que informe el estado de las investigaciones del proceso que vincula a Álvaro Uribe conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en providencia de 16 de febrero de 2018, mediante la cual la Sala de Instrucción se abstuvo de abrir investigación en contra de Cepeda y ordenó investigar al expresidente Uribe.

En la solicitud hecha a la Fiscalía Cepeda pide se le informe qué autoridad conoce de las investigaciones y qué actuaciones se han adelantado para impulsarlas, en lo referente a los presuntos delitos de: falso testimonio en que pudieron incurrir los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao Aguilar, Gabriel Muñoz Ramírez, Pedro Manuel Benavides Rivera, Wilser Darío Molina Molina, Mario Humberto Jimenez Salinas y John James Granja Lizalda.

Asimismo, al presunto delito de trashumancia cometido por Wilser Molina Molina, exalcalde de Amagá; la manipulación a testigos en que pudieron incurrir Juan Guillermo Villegas Uribe, Humberto Gómez Garro y Wilser Molina Molina; entre otros.

Las solicitudes de Cepeda a la Fiscalía y a la Procuraduría se suman a la denuncia por amenazas de las que ha sido objeto durante los últimos días.

Comunicado No 31

Proceso de investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez

Con relación a la acusación que debe formular la Fiscalía General de la Nación en el proceso de investigación que se sigue bajo el radicado CUI 110016000102202000276, en condición de víctima y de representación de la víctima nos permitimos informar lo siguiente:

1. El pasado 6 de noviembre, el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá determinó que la indagatoria rendida por el exsenador Álvaro Uribe Vélez ante la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia equivalía a la imputación de cargos bajo la ley 906 de 2004, que todo lo actuado por el Alto Tribunal conservaba plena validez y que, por lo tanto, el fiscal Gabriel Jaimes debería proceder, dentro de los términos previstos por la ley, a resolver la presentación de escrito de acusación del imputado.

 

2. Hemos solicitado al señor fiscal Jaimes que elabore y presente ante un juez de conocimiento competente el escrito de acusación contra el exsenador Uribe Vélez, quien actualmente se encuentra imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno en actuación judicial y fraude procesal.

 

3. La solicitud que enviamos al fiscal Jaimes contiene los argumentos, los documentos, la lista de testigos y los elementos probatorios que la Fiscalía debe tener en cuenta para establecer que el exsenador Uribe Vélez es autor de los delitos imputados. Como lo hemos sostenido a lo largo del tiempo, en el expediente de este proceso reposan suficientes y sólidos elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida con la que se puede respaldar de manera concluyente la acusación sobre las conductas delictivas atribuidas.

 

4. En nuestra solicitud ponemos de presente que la Fiscalía debe aceptar que el escrito de acusación contenga las peticiones que formulamos la víctima y la representación de la víctima para afrontar la etapa de juicio.

 

5. De igual forma, pedimos al fiscal Jaimes que brinde a la representación de la víctima información sobre los avances y las actuaciones judiciales de la Fiscalía dentro de la investigación, así como sobre la fecha aproximada en la que estaría presentando el escrito de acusación.

Bogotá D. C., 30 de noviembre 2020.

 

Comunicado No 32

Proceso de investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez

Bogotá D. C., 22 de diciembre de 2020. Con relación al llamado a versión libre de José Luis Barceló, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, formulado en días anteriores por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en mi condición de víctima en la investigación que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, hago las siguientes consideraciones:

1. Anuncio que en los próximos días radicaré acción de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado en contra del representante a la Cámara Edward Rodríguez, por haber incurrido presuntamente en la causal de violación de conflicto de interés contenida en el numeral 1º del artículo 183 de la Constitución Política.

 

2. Pese a que el representante Rodríguez tenía el deber de declararse impedido para conocer el expediente que la Comisión de Investigación y Acusación adelanta en contra del exmagistrado Barceló, no solo guardó silencio sobre la imposibilidad legal de participar en su trámite, sino que además impulsó las actuaciones.

 

3. El representante Rodríguez no podía actuar en esta investigación porque el denunciante es Ricardo Ferro, representante a la Cámara de su mismo partido, el Centro Democrático, y porque además se trata de hechos que tienen relación directa con las investigaciones que la justicia adelanta en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien es jefe de esa misma agrupación política. Es decir, Rodríguez adelanta una investigación que beneficia en forma directa al jefe del partido político en el que milita y por el cual ha sido elegido al Congreso de la República. Por ello, estaría incurso en la causal de impedimento de que trata el numeral 1º del artículo 99 de la ley 600 de 2000.

 

4. Es indudable que Rodríguez, quien se desempeña como representante instructor en el proceso que se sigue contra el exmagistrado Barceló, habría incurrido en evidente prejuzgamiento y abuso de autoridad. De esta forma, han sido difundidos sus reiterados pronunciamientos públicos sobre el asunto materia del proceso. Él se ha expresado enfáticamente a favor de la supuesta inocencia del exsenador Uribe, ha descalificado interceptaciones obtenidas legalmente por la Corte Suprema de Justicia, y ha cuestionado decisiones adoptadas por los magistrados de ese Alto Tribunal, en particular, las que tienen que ver precisamente con los hechos que se conocen en el proceso que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación. Por estas razones, el representante del Centro Democrático que instruye este proceso también estaría incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 4º del artículo 99 de la ley 600 de 2000.

 

5. Por lo demás, teniendo en cuenta que al realizar actuaciones dentro del trámite judicial el representante Rodríguez estaba impedido, instauraré en su contra denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia para que sea investigado por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción contenido en el artículo 413 del Código Penal.

 

6. Este nuevo episodio hace parte de una trama que se sigue urdiendo desde el mundo político para garantizar impunidad al exsenador Álvaro Uribe Vélez, logrando invalidar sólidas pruebas que demuestran su responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Iván Cepeda Castro

 

 

 

Comunicado No 33

Proceso de investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez

Bogotá D. C., 21 de enero de 2021. El día de ayer, diversos medios de comunicación dieron a conocer la intervención que el fiscal Gabriel Jaimes envío a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro la acción de tutela promovida por el exsenador Álvaro Uribe Vélez con la cual pretende que se deje sin efectos su vinculación, en calidad de imputado, en la investigación que en su contra adelanta la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con relación a esa intervención hago las siguientes consideraciones:

1. La acción de tutela interpuesta por el exsenador Uribe es abiertamente improcedente, pues busca que se declare una nulidad de lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia, corregir vacíos de su defensa como la no presentación oportuna de recursos previstos en el ordenamiento jurídico, así como sentar un  nefasto precedente para la investigación de aforados constitucionales al invalidar en el sistema penal de la ley 906/2004 las actuaciones que realice la Corte Suprema de Justicia. Esta acción es un intento desesperado por evitar la proximidad del momento en que se debe decidir sobre la acusación de Uribe por los delitos por los que se le investiga actualmente.

1. La intervención del fiscal Gabriel Jaimes en el examen de la mencionada acción de tutela reafirma lo que, junto a mis abogados, hemos venido sosteniendo. Por carecer de imparcialidad e independencia para tramitar esta investigación, el 4 de septiembre de 2020, recusé al fiscal Jaimes, y mediante comunicación el 5 de noviembre de ese mismo año, reiteré al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que el referido funcionario no nos brinda ninguna clase de garantías a quienes hemos sido reconocidos como víctimas en este proceso. Una vez más, el fiscal Jaimes decide apoyar abiertamente las pretensiones de la defensa del exsenador Uribe que busca arrasar con lo avanzado en el proceso y garantizar que haya impunidad.

1. De optarse por invalidar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal Jaimes podría ordenar el archivo de la investigación sin que tal determinación tuviera control por parte de un juez de la República. Así, quien causó, con su renuncia al Congreso, que la Corte dejara de investigarlo no solo resultaría impune y las víctimas sin justicia, sino que además propiciaría un escenario de inseguridad jurídica general frente a las actuaciones que adelanta ese alto tribunal contra aforados constitucionales, quienes renunciando a su cargo se verían premiados con la anulación de las investigaciones en su contra.

1. Finalmente, como lo he afirmado en otras oportunidades, reitero que en esta actuación debe primar el respecto irrestricto por la justicia, sus magistrados y sus decisiones. Por tanto, ninguna actuación parcializada en la Fiscalía impedirá que acuda a todos los recursos, procedimiento y mecanismos judiciales previstos en la ley. A la postre, en este caso prevalecerá la verdad y la justicia.

Iván Cepeda Castro

 

Comunicado de prensa Nº 36

Cuarenta preguntas al fiscal Gabriel Jaimes como constancia histórica en el proceso de investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez

Bogotá D. C., 16 de febrero de 2021. El apoderado del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe, remitió al fiscal Gabriel Ramón Jaimes, cuarenta preguntas sobre el mencionado proceso a manera de constancia histórica.

Tanto el senador Iván Cepeda como su apoderado el abogado Reinaldo Villalba, han advertido insistentemente que, desde que llegó el proceso a la Fiscalía, no ha habido ninguna clase de garantías para las víctimas y sus abogados. Cepeda ha señalado que el fiscal Jaimes, ha desviado el proceso y ha reorientado investigar a las víctimas, al testigo principal del caso Juan Guillermo Monsalve, y no al imputado: el exsenador Álvaro Uribe.

Estos y otros cuestionamientos surgen frente a la manera como el fiscal Gabriel Jaimes está orientando dicha investigación. “De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes” se lee en la comunicación.

Villalba dejó constancia del `empeño´ de la Fiscalía en eliminar o desacreditar las labores investigativas llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia durante más de 8 años, que culminó con la orden de detención contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

Además, llama la atención acerca de que el despacho de Jaimes ha desconocido decisiones de los jueces en las que se reconoce la validez de las pruebas obtenidas  por la Corte; que no ha contrastado las declaraciones de Diego Cadena y el exsenador Uribe, las cuales se contradicen. Al igual que, no ha hecho ningún esfuerzo en examinar el `modus operandi´que demuestra la práctica de acudir a testigos falsos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez, en las investigaciones que se adelantan en su contra.

En este sentido, Villalba alude que la Fiscalía prescindió de las declaraciones del exfiscal Eduardo Montealegre y de su exvicefiscal Jorge Perdomo, en las que se desvirtua el montaje contra Álvaro y Santiago Uribe denunciado por la exfiscal Hilda Niño -hoy condenada por hacer arreglos millonarios para favorecer a narcoparamilitares en su cargo como Fiscal de Justicia y Paz-.

Otro de los puntos de la constancia advierte cómo Jaimes pidió copias del proceso disciplinario contra el senador Cepeda relacionado con visitas a centros carcelarios, sobre las cuales, la Procuradurìa ya reconoció que fueron realizadas en el marco de la función de control político que tiene como congresista. Contrario a esto, el fiscal no estuvo alerta para buscar en qué estado se encuentran las investigaciones de los falsos testigos presentados contra Iván Cepeda.

¿Dichas investigaciones sólo se encuentran con el oficio de la compulsa sin ningún avance, o los necesitan para insistir en tenerlos como testigos fraudulentos? preguntó Reinaldo Villalba.

Asimismo, sostiene que la Fiscalía no ha hecho uso de las conversaciones interceptadas por la Corte Suprema de Justicia en las que se evidencia que el exsenador Uribe autorizó u ordenó a Diego Cadena presentar una acción de revisión de la condena que pesa contra el testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de su retractación.

De igual forma, no ha hecho uso de las pruebas donde se indica que el exsenador Uribe estuvo enterado de los beneficios que ofreció y brindó Cadena al testigo Carlos Enrique Vélez, quien confesó recibir dinero para declarar falsamente ante la Corte Suprema a favor de Uribe y en contra de Cepeda.

Con relación al testigo Monsalve, dice el representante de la víctima, la Fiscalía tampoco ha hecho uso de los elementos que dan cuenta de las fechas de las visitas de Cadena a Monsalve en la Picota para obtener su retractación; ni de las grabaciones que hizo Monsalve a Diego Cadena y a Enrique Pardo Hasche que demuestran las presiones y ofrecimientos para que se retractara a favor de Uribe.

Del mismo modo, el fiscal Jaimes no ha tenido en cuenta como elementos probatorios, los incontrovertibles chats y audios recolectados por la Corte, donde alias Caliche acepta que actuó por mandato de los congresistas Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe. En estas conversaciones alias Caliche dice haber escuchado a Uribe a través del celular de Prada pidiendo la retractación de Monsalve.

Por último, el abogado Villalba dejó constancia de que el fiscal Gabriel Jaimes trajo de nuevo a la investigación, falsos testigos usados en contra del senador Cepeda, los cuales ya han sido desvirtuados por la Corte después de interrogarlos:

¿Por qué la acuciosidad ha llevado a su despacho a ordenar las declaraciones de las personas que le colaboraron al exsenador Uribe a conseguir las declaraciones del narcotraficante el “Tuso Sierra”? y, a cambio, ¿Por qué no rescata las piezas procesales que indican que el ‘Tuso Sierra” fue objeto de un incesante acoso y presión durante largos meses para que dirigiera escritos a la Corte Suprema de Justicia en favor de Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda?

¿Por qué no se investiga sobre la entrevista que rindieron en conjunto el “Tuso Sierra” y su abogado Manuel Retureta a Vicky Dávila de la revista Semana en agosto del año pasado, en la cual, el abogado fue enfático en afirmar que en la visita de Cepeda y los demás parlamentarios “no hubo ningún ofrecimiento al “Tuso” para que declarara de tal o cual manera, que de haberlo escuchado, lo hubiera dado a conocer de inmediato a la Fiscalía de EEUU”?

¿Por qué la Fiscalía ha venido actuando abiertamente en defensa de los intereses del imputado Álvaro Uribe Vélez, apegada estrictamente a todas las peticiones de la defensa; mientras se desechan de plano las peticiones de las víctimas, con el claro objetivo de eliminar la validez de lo actuado en la Corte Suprema de Justicia? concluyó el apoderado del senador Iván Cepeda.